Primera publicación: El Tiempo
Si nos quedamos callados, nos matan; si hablamos, también”. Esta frase, tan cierta, dura y real, la pronunció Cristina Bautista, lideresa indígena del pueblo Nasa, asesinada en 2019. Es que el asesinato diario de personas defensoras de nuestros territorios se convirtió en una vivencia cruda a la que tuvimos que acostumbrarnos y blindarnos quienes trabajamos en favor de los derechos humanos y del ambiente en Colombia.
El Acuerdo de Escazú es un instrumento histórico en el ámbito internacional, pues, además de que admitió una participación activa durante su fase de negociación, entre 2014 y 2018, nos permite a la ciudadanía, desde su entrada en vigencia en 2021, intervenir en las decisiones en torno a su contenido e implementación. Quienes integramos “el público” somos el corazón del Acuerdo, hemos tenido y tendremos voz y voto durante en el desarrollo de las Conferencia de las Partes, escenario internacional en el que los Estados y, también, la ciudadanía definiremos el futuro de este importante instrumento.
Acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental son derechos contenidos en la Constitución Política de Colombia, pero, por años, se han vulnerado. La dificultad para acceder a información ambiental de calidad o la ausencia de participación ciudadana en etapas previas de toma de decisión son barreras de desigualdad generadoras de conflictos sociales y ambientales. No en vano, se nos reconoce como el segundo país con mayor conflictividad en el mundo. El Acuerdo de Escazú se convierte en una herramienta para fortalecer nuestro marco normativo y, de paso, para empezar a materializar la democracia ambiental en el país.
En Colombia, el Acuerdo terminó el trámite legislativo el pasado 10 de octubre; una culminación por lo alto, en la que, pese a los intentos fallidos y hasta acusaciones en contra de nuestro querido frailejón Ernesto Pérez, tuvo el respaldo legislativo en su cuarto debate, con 119 votos a favor y 1 en contra. Nos quedan dos pasos antes de que Colombia ratifique, formalmente, el Acuerdo: en primer lugar, deberá sancionarlo el presidente Gustavo Petro y, luego, necesitará pasar la revisión de la Corte Constitucional, en sus términos legales y constitucionales.
La aventura con el Acuerdo de Escazú empezó en 2013. En esos momentos, la democracia ambiental en Colombia empezaba una ruta de construcción colectiva de la que fueron artífices muchas personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza. Entre ellas, Margarita Flórez, Gloria Amparo Rodríguez y otros valientes que impulsaron este presente que hoy vivimos. A ellas y ellos, es importante dar las gracias.
El camino del Acuerdo de Escazú ha sido, sin lugar a duda, retador para quienes decidimos andar por él. El Acuerdo se convirtió en nuestro hijo rebelde, terco y con mucha dignidad. Se enfrentó a todo, a un gobierno desinteresado y desconectado de la realidad nacional, de un país que, en las calles y luego en las urnas, exigió respeto por la vida, incluso, dando la vida por lograrlo. A quienes les arrebataron la vida en esta lucha, les debemos el momento histórico que hoy celebramos y la responsabilidad de hacerlo realidad.
Durante este proceso, nos enfrentamos a un Congreso que, en su mayoría, estaba en contra; pero, aun con las mil y un teorías o, como las llamamos, los “mitos sobre el Acuerdo de Escazú”, este instrumento tuvo los mejores protectores y aliados: los ciudadanos y ciudadanas que dimos la pelea técnica y jurídica para desmentir cada afirmación equivocada y descontextualizada sobre su contenido. Reiteramos, una y otra vez, que el Acuerdo no atenta contra la soberanía, que nuestro marco normativo sí necesita fortalecerse en materia ambiental y que, por supuesto, defender la vida requiere de mucho más que buena voluntad y discursos en plaza pública.
Hoy, es diferente el escenario: el actual gobierno se planteó como apuesta política garantizar que Colombia sea una potencia mundial de la vida. De su mano, tenemos una gran responsabilidad de implementar este importante Acuerdo.
Seamos guardianes del Acuerdo de Escazú, la veeduría ciudadana es un derecho y también nuestra responsabilidad.
Hoy este gran logro pertenece a cada persona que, desde su casa, desde las calles, desde su esfera familiar y personal se comprometió con conseguirlo. Y es que, ¡Escazú es una victoria del pueblo! Que esta victoria nos motive a todos los sectores de la sociedad a articularnos en torno a su implementación. Ella nos beneficiará a quienes habitamos este país.
Por una Colombia en donde el respeto por la vida sea el eje central de cualquier lucha.
