Mucha plata, poca Zonificación Ambiental Participativa en el Caquetá

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    Un proyecto de cooperación técnica del BID y un contrato del OCAD-PAZ buscan financiar la implementación de la ZAP en el municipio de Puerto Rico, Caquetá. Pese a que hay muchos recursos, su implementación aún no arranca

    Por: Ambiente y Sociedad

    El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo de Colombia Sostenible adelantan un proyecto de cooperación  técnica no reembolsable con el Gobierno Nacional por USD $2´500.000, para la implementación de la Zonificación Ambiental Participativa (ZAP) en 10 municipios del país, entre los cuales se encuentra Puerto Rico, Caquetá. Paradójicamente, ese mismo municipio es parte de los beneficiarios para la formulación de ZAP por parte del OCAD-PAZ, por un monto de COP $7.296´890.509.

    Según el Acuerdo de Paz, la ZAP es una herramienta de planeación que busca el cierre de la frontera agrícola, la protección de las zonas de reserva y la generación de alternativas equilibradas entre medio ambiente, bienestar y buen vivir de la población que colinda con ella o las ocupa. Es decir, este instrumento permitiría resolver la situación de comunidades campesinas que habitan en áreas de vital importancia ambiental y que, por estar en estas, no tienen títulos de propiedad.

    El Caquetá, sin duda, es un departamento que padece de un gran conflicto de uso por la presencia de economías campesinas, en donde se supone que sólo se debería conservar; conflicto que aumenta con la aplicación de la política de control a la deforestación. Por esta razón, campesin@s del Caquetá y Sur del Meta llevaron el tema al Paro Nacional del 2021 a un espacio que se denominó los “Acuerdo de Altamira”. El resultado fue la firma de un acuerdo para la implementación de la ZAP a través de unos pilotos en los municipios de Puerto Rico, Cartagena del Chairá, La Montañita y Solano con el Ministerio de Ambiente.

    Este acuerdo pone acento en el carácter participativo de la Zonificación Ambiental, alineado con lo planteado por el Acuerdo de Paz, sobre la inclusión de los propios emprendimientos de convivencia, desarrollo y la participación de las comunidades y organizaciones rurales —hombres y mujeres— como garantía del cumplimiento de los propósitos de este punto.

    En cumplimiento de lo acordado en Altamira, en 2021 se realizaron 4 asambleas en cada uno de los municipios señalados, en donde se concertó una metodología de participación aterrizada a las características organizativas y territoriales de cada municipio. Conjuntamente se logró definir la zona priorizada para la implementación de la ZAP y los resultados esperados.

    Ahora bien, en medio de este proceso surge un contrato, aprobado con recursos del SGR en el OCAD PAZ, para la actualización de planes de ordenamiento territorial y el diseño de Estudios Básicos de Amenaza y Riesgo y la implementación de la ZAP en San Vicente del Caguán, Puerto Rico y Doncello con la firma INGECAG (Ingeniería Civil Agrícola y Geográfica S.A.S.), con el Contrato de Consultoría CCT-001-2022.

    Este contrato incluye una partida para realizar la ZAP en Puerto Rico de COP $524.491.916; sin embargo, las comunidades han sido enfáticas en plantear que deciden continuar con la implementación de este proyecto con el MADS, bajo la metodología acordada. Surge entonces la pregunta, ¿qué pasará con los más de 500 millones del contrato firmado entre INGECAG y la Alcaldía de Doncello, con recursos del OCAD-PAZ?

    De acuerdo con carta del MADS, a través de la Defensoría del Pueblo, hasta tanto no se firme el contrato con el BID, no se adelantarán conversaciones con las comunidades para resolver la concurrencia en el objeto de estos dos contratos. Esta respuesta surge luego de que las organizaciones de Puerto Rico propusieran la convocatoria a una mesa técnica con Ministerios relacionados con la implementación de la ZAP, para dirimir el problema.

    Es importante anotar que, según la página oficial del BID, el proyecto actualmente se encuentra en ejecución por parte del Instituto Alexander Von Humboltd desde el 17 de julio. Además, independiente de los recursos, ¿por qué el Ministerio de Ambiente, siendo jefe de la cartera, no está dispuesto a dirimir un conflicto que podría generar detrimento patrimonial?

    A la preocupación por los más de 500 millones que van dirigidos a un mismo objeto, se suma la preocupación por el modelo de participación que propone la firma INGECAG para la ZAP y la formulación del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) en Doncello.

    La Asociación Ambiente y Sociedad remitió derecho de petición a la Alcaldía del Municipio del Doncello para conocer los avances y el detalle de la ejecución presupuestal, pues este municipio es quien recibe el dinero del OCAD-PAZ y contrata a INGECAG. Sin embargo, pese a que ya se cumplieron los términos y se envió reiteración, la secretaría de planeación no ha remitido siquiera el radicado de la solicitud. Lo mismo ha sucedido con el derecho de petición enviado por la Secretaría Técnica del Paro de Altamira preguntando sobre la dinámica de participación en la formulación del EOT y la ZAP en el Municipio del Doncello.

    Particularmente, en este contrato genera incertidumbre rubros como el pago de arriendo de la firma contratista INGECAG en el municipio del Doncello por 8.100.000 mensuales, más cuando la oficina está ubicada en la Casa de la Justicia. Así como los costos de viáticos, viajes y alquiler de vehículo y chofer por alrededor de 120 millones por municipio, cuando la mayoría de las reuniones se hacen en la cabecera municipal y solo después de mucha insistencia, se empezó, a mitad de camino, a reconocer el transporte de los participantes a los talleres. Aún estamos a la espera de aclarar estas y otras inquietudes.

    Esta falta de transparencia genera dudas sobre el uso de los recursos en el Municipio del Doncello y las garantías para la participación comunitaria, especialmente en la formulación del EOT de este municipio. De igual forma, no hay claridad aún sobre la destinación de los más de 500 millones de pesos del contrato con INGECAG para la ZAP en Puerto Rico, pues las comunidades insisten en acogerse al proceso acordado en el marco del Paro Nacional 2021 con el Ministerio de Ambiente.