Paulina Garzón
Septiembre 10, 2014
El HKND Group, la compañía privada recientemente creada por el magnate chino Wang Jing para llevar adelante el proyecto del Gran Canal de Nicaragua, anunció éste pasado Julio la ruta definitiva del Canal.
La concesión entregada a HKND Group es una combinación de por lo menos 8 mega-proyectos. El Canal, el más importante, tendrá una longitud de 286 km (el Canal de Panamá tiene 80 km) y permitirá el tránsito de grandes buques que se estarían construyendo en China. Además, se construirían oleoductos, gaseoductos, zonas de libre comercio, un ferrocarril, puertos, aeropuertos, complejos turísticos, y cualquier otro proyecto que el inversionista (HKND Group) considere pertinente.
Según organizaciones nicaragüenses, la Ley No. 840 -que autoriza el Acuerdo Marco de Concesión e Implementación de las obras principales y proyectos asociados al Canal de Nicaragua- entrega derechos “excesivos” (sino ridículos) al inversionista. Unos pocos ejemplos: “se ha entregado potencialmente todo el territorio nacional” ya que no se definen las rutas de los proyectos asociados; se hará una reforma constitucional para adecuar la Constitución nicaragüense al Acuerdo Marco de la concesión, y si la Corte Suprema nicaragüense en algún momento “…llegará a encontrar que el Acuerdo Marco es inconstitucional, el estado Nicaragüense deberá compensar y resarcir a los empresarios privados o concesionarios por sus pérdidas y daños”; “…el Estado tendrá solamente el 1% de las acciones y tendrá que transcurrir medio siglo para que los Nicaragüenses aspiren al 50% de las acciones del Canal”; “…se ha otorgado al inversionista el derecho de dragar y alterar el Gran Lago”, la reserva de agua dulce más importante de Centro América; se ha “…obligado al Banco Central nicaragüense a renunciar a la inmunidad soberana a favor de HKND…”, entre otras perlas.
Los términos de la concesión, la falta de información sobre empresario privado chino (entre los pocos datos que se conoce de Wang Jing es que es amigo del hijo del Presidente Daniel Ortega y que es dueño de la compañía de telecomunicacionesXinwei), y el volumen de la inversión (entre 40 y 50 billones de dólares) han abierto muchas dudas en relación la credibilidad de Wang Jing y de su empresa para obtener el financiamiento. Sin embargo, Wang Jing ha asegurado que va captar los recursos de bancos internacionales y firmas inversionistas. Para algunos expertos, un proyecto de esta magnitud, no tendría futuro sin la participación de los grandes bancos estatales chinos.
Si el proyecto va adelante, y ante el fracaso del gobierno nicaragüense en usar su legislación y buenas prácticas de negocios para evaluar los términos de cooperación con el concesionario, quedará en manos de los financistas, probablemente de los bancos estatales chinos, el activar regulaciones y procedimientos para logar un buen análisis de riesgo sobre el financiamiento solicitado, por lo menos en los aspectos técnicos, ambientales y sociales del proyecto.
Lastimosamente, en cuanto a los beneficios económicos y a su soberanía, parece que Nicaragua ya perdió la partida frente a Wang Jing.
