Por: Karla Díaz Parra
La crisis causada por el COVID-19 ha evidenciado la presencia de otras crisis en el país, entre ellas los problemas de muchas familias para acceder a los alimentos, el costoso papel que juegan los intermediarios, el encarecimiento de productos importados debido al aumento del precio del dólar y las dificultades de las familias campesinas para poner sus productos en el mercado.
Sin lugar a dudas, en tiempos de crisis las prioridades cambian. Ahora nuestra prioridad es tener en la mesa algo para compartir con nuestras familias. En estas circunstancias es que queremos invitar a reflexionar en torno a los conceptos de seguridad, soberanía y autonomía alimentaria, y conocer de qué forma las comunidades de la Amazonía afrontan esta situación.
Las crisis sociales y ambientales han evidenciado continuamente el papel indispensable de la producción agropecuaria. Ha sido en la crisis de la década de 1970 que surgen las primeras reflexiones sobre seguridad alimentaria, la preocupación principal era la de garantizar la disponibilidad de alimentos.
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Esta preocupación por la disponibilidad de alimentos, dejaba por fuera las discusiones en torno a quiénes lo producen, quienes tienen acceso a estos alimentos y cómo se produce. De ahí deviene en la década de 1990 el concepto de soberanía alimentaria, entendido como “el Derecho de los Pueblos, de sus países o Uniones de Estados a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping frente a países terceros. El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y, cómo y quién lo produce” (Vía Campesina, 13 de febrero del 2004).
Este concepto, si bien es ampliamente aceptado por organizaciones sociales, sigue estando inscrita en una perspectiva estatal. El concepto de autonomía alimentaria busca salir de este marco y añade un elemento a la discusión: el papel de las comunidades y sus prácticas autogestivas en la producción de alimentos. De esta forma, la discusión trasciende la figura de Estado y se arraiga en las prácticas ancestrales y tradicionales bajo modelos de autogestión y autocuidado de las semillas, los saberes y las comunidades.
Lastimosamente las políticas rurales del país han ido en contravía de estos conceptos. En Colombia se ha vivido un continuo desestimulo a la economía campesina, privilegiando los monocultivos como se hizo con la figura de ZIDRES y los subsidios y estímulos tributarios a cultivos como la caña, la palma africana y el maíz para la producción de agrocombustibles; así como los incentivos a la ganadería extensiva. A esto se suma, el despojo violento a comunidades rurales, la ausencia de una reforma rural integral que brinde garantías de seguridad jurídica para la permanencia en los territorios, la oferta de bienes rurales como vías, acceso a agua potable, sistemas de riego, crédito y mercados.
De igual forma, se han privilegiados intereses económicos que buscan tener el monopolio de las semillas, por encima de las formas tradicionales de intercambio y cultivo. Así mismo, se ha sacrificado la producción agrícola nacional en los diferentes TLC al poner a competir los productos nacionales con productos importados a menores costos.
Reconocer la importancia de los alimentos en una crisis como la actual, nos debe llevarnos a considerar lo indispensable de la economía campesina y de la necesidad de cambios estructurales en el País. En este contexto, consideramos fundamental pensar en:
1. Priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los/as campesinos/as y de los sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito
2. El derecho de los países a protegerse de las importaciones agrícolas y alimentarias demasiado baratas; mantener unos precios agrícolas ligados a los costes de producción
3. El reconocimiento de los derechos de las campesinas que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación.
4. La consolidación de redes de comercio justo entre los espacios rural y urbano, buscando una relación directa entre productores y consumidores, respetando los hábitos culturales alimenticios de los pueblos, privilegiando la agricultura sostenible en la que primen los insumos naturales u orgánicos, una agricultura ecológica que propenda por la conservación del agua, la fertilidad del suelo y que aboga por la distribución igualitaria de la tierra, autogestionada por los campesinos.
Este artículo retoma las reflexiones desarrolladas por Dory Lucy Arias (mayo 21 de 2009) publicado por el Grupo Semillas: http://www.semillas.org.co/es/soberana-alimentaria-y-resistencia-popular-en-colombia
En este podcast hablamos con las comunidades:
