Gobierno propone permitir minería en Zonas de Reserva Forestal

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Mediante Ley 2ª de 1959 y el Decreto 111 de 1959 se establecieron siete zonas de reserva a saber: Zona de Reserva Forestal Central, Pacífico, Río Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía de los Motilones, Cocuy y Amazonía, comprendidas en los límites de los bosques nacionales que se fijaron en la ley en comento. Estableciendo estas áreas con carácter de “zonas forestales protectoras” y “bosques de interés general”.

Los objetivos por los cuales se declararon las zonas de reserva forestal fueron el desarrollo de la economía forestal y la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre, los cuales se enmarcan en dos de las acciones que hacen parte del concepto de conservación de la biodiversidad: desarrollo sostenible y protección.

El artículo 210 del Decreto Ley 2811 del 18 de diciembre de 1974 estableció que: “Si en área de reserva forestal, por razones de utilidad pública o interés social, es necesario realizar actividades económicas que impliquen remoción de bosques o cambio en el uso de los suelos o cualquiera otra actividad distinta del aprovechamiento racional de los bosques, la zona afectada deberá, debidamente delimitada, ser previamente sustraída de la reserva.” En consideración a la normativa vigente, el desarrollo de las actividades de utilidad pública o interés social son requisito establecido por el legislador para la procedencia de las sustracciones por ser estas actividades de interés nacional, que tienen por objetivo lograr el desarrollo de la economía nacional y llevar progreso a la comunidad. Situación respecto de la cual la Corte Constitucional se pronunció en la Sentencia C-297- 2011 así: “En el régimen ordinario y desde la propia Constitución, artículo 58, los conceptos de utilidad pública e interés social son determinantes como criterio sustancial por el que se autoriza al legislador intervenir en la propiedad y en los derechos económicos individuales. En este sentido se plantea como causa expropiandi o de imposición de servidumbres y también como fundamento para aplicar el principio de prevalencia del interés social o público ante el cual debe ceder el interés particular”.

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