- El próximo martes 17 de mayo a las 3:00 p.m. está convocado el segundo de cuatro debates para la ratificación del Acuerdo en la plenaria del Senado.
- Colombia sigue avanzando para que Escazú sea una realidad, y con esto mejorar la protección de líderes en el país, aumentando la transparencia y el acceso a información.
Bogotá, 13 de mayo de 2022. Luego de su aprobación en la Comisión Segunda del Senado, el Acuerdo de Escazú será debatido de nuevo el próximo martes 17 de mayo. Esta vez será en la Plenaria del Senado, donde deben asistir al menos 55 de los 105 senadores para que se pueda dar la votación. La Alianza por el Acuerdo de Escazú hace un llamado a todos los senadores para demostrar que la justicia ambiental no tiene partido político y su compromiso con la protección de las personas defensoras del ambiente.
Así mismo, frente a las preocupaciones que han manifestado diferentes gremios en los últimos días en relación con el impacto que la ratificación del Acuerdo podría tener en la reactivación y el crecimiento económico del país, insistimos en que el Acuerdo de Escazú no frena las inversiones ni detiene el desarrollo económico. Por el contrario, representa seguridad jurídica para los inversionistas, al apoyar que los sectores fortalezcan la implementación de las políticas ambientales y facilita que puedan acceder a nuevos créditos de la Banca Multilateral para el desarrollo de proyectos.
Hasta el momento se ha logrado el primer debate de los cuatro que el Acuerdo de Escazú debe cursar dentro del trámite legislativo en el Congreso de la República, para pasar posteriormente a revisión de parte de la Corte Constitucional y lograr su efectiva ratificación. Para avanzar, la Plenaria del Senado, la Comisión Segunda y la Plenaria de la Cámara de Representantes tendrán que votar positivo.
Sobre el Acuerdo de Escazú
El Acuerdo de Escazú busca disminuir y prevenir los conflictos ambientales garantizando a la ciudadanía tres derechos fundamentales: el acceso a la información oportuna, comprensible y culturalmente apropiada, en igualdad de condiciones para los grupos más vulnerables; la participación ciudadana, que debe ser abierta, inclusiva desde etapas iniciales en procesos de toma de decisiones que puedan afectar el ambiente o la salud, y el acceso a la justicia frente a hechos que afecten los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos naturales y los derechos humanos. Adicionalmente, el Acuerdo incluye por primera vez medidas concretas para la protección de las personas defensoras ambientales.