Ratificar Escazú, última oportunidad para impulsar la democracia ambiental

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    Primera publicación: El Espectador

    Mañana 17 de junio deberá votarse el proyecto de ley que busca ratificar el Acuerdo de Escazú, de otra manera la iniciativa se hundirá. A esta urgencia se suma que el tratado entró en vigor el pasado 22 de abril, por lo que, si Colombia no lo ratifica, podrá perder acceso a ciertos recursos.

    Se va a cumplir casi un año desde que, el 20 de julio de 2020, fue el mismo Gobierno el que radicó ante el Congreso el proyecto de ley que buscaba ratificar el Acuerdo de Escazú con mensaje de urgencia. Eran varias las razones para que este hecho fuera celebrado. Escazú, quizá uno de los tratados más importantes para Latinoamérica y el Caribe, busca que los países garanticen el acceso a la información ambiental, la participación ambiental y a la justicia ambiental, además de plantear la protección de defensoras y defensores del medio ambiente, un punto bastante relevante para Colombia teniendo en cuenta su historial.

    Pero la radicación de Escazú también significaba buenas noticias en el aspecto político, pues fue el mismo Gobierno el que lo propuso con mensaje de urgencia, dando la idea de que sería un trámite ágil, y porque así se cumplía por lo menos una de las promesas que hizo Duque tras el Paro Nacional de noviembre de 2019.

    La experiencia, sin embargo, ha dejado un toque amargo. La votación para ratificar Escazú ha sido aplazada varias veces, con gran oposición por parte de la misma bancada del Gobierno, y este es el momento en que no se ha tomado una decisión. Sin embargo, mañana 17 de junio, habrá una última oportunidad. “Ya hemos sido convocados a sesiones conjuntas de Senado y Cámara, Comisión Segunda, y ha sido anunciado Escazú en el programa”, señala el senador Antonio Sanguino, quien ha impulsado el Acuerdo.

    Se trata, una vez más, de un momento decisivo: si Escazú no se vota mañana el proyecto de ley se hundirá, pues la legislatura termina el 20 de junio. “La única manera de revivirlo sería presentándolo de nuevo, desde el mismo Gobierno, ya que por ser un tratado internacional este es el único con esta capacidad”, agrega Sanguino.

    A la urgencia de ratificar Escazú por las fechas límite que tiene el Congreso, también se suma una preocupación más: el Acuerdo, a diferencia de las otras veces en las que se planteó el debate, entró en vigor el 22 de abril de 2021, tras ser ratificado por México y Argentina, sumando 12 países de los 11 que debían ratificarlo para que entrara en vigor. Un nuevo factor que, según Lina Muñoz, directora de la Especialización y de la Maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario, genera dos cambios. Primero, destruye el mito de que solo eran los pequeños países del Caribe los que apoyaban el Acuerdo. Y, segundo, genera más presión para que Colombia, que ya firmó el Acuerdo, lo ratifique. “Si el país no se sube al bus prontamente, se podría perder de apoyos en cooperación, recursos económicos y humanos, así como de transferencia de tecnología”.

    ¿Por qué ratificar Escazú?

    Del Acuerdo de Escazú se sabe que está construido sobre tres pilares: el acceso a la información ambiental, la participación ambiental y a la justicia ambiental. ¿Pero por qué Colombia necesita ser parte del Acuerdo en términos prácticos? Para Mauricio Madrigal, director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, la cual hace parte de la Alianza por el Acuerdo de Escazú en Colombia, explica que es urgente que Colombia ratifique el tratado por un tema político. “Es esencial que los gobernantes reconozcan la relación entre los derechos humanos y la protección del ambiente y desde allí, los derechos de las personas defensoras del ambiente. Sin esa base o punto de partida, así se apruebe Escazú, su reglamentación e implementación no sería tan efectiva”, comenta. A esto se suma que, en el país, la falta de garantías en temas de participación y justicia ha llevado a que se desencadenen conflictos ambientales y, con esto, vulneraciones de derechos de personas que defienden el ambiente.

    Solo vale recordar que, en el 2019, en Colombia fueron asesinados 24 defensoras y defensoras del medio ambiente, según la ONG británica Global Witness, convirtiendo al país en el más riesgoso para la defensa de los recursos naturales.

    La excusa de que no se conoce a fondo de qué se trata Escazú, ya quedó fuera del camino. Cuenta Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad, organización que también hace parte de la Alianza, que en los últimos meses se hicieron cuatro audiencias, incluso una en Cúcuta, para que interesados y congresistas se informaran más sobre los beneficios de Escazú. “ Como organizaciones de la sociedad civil, desde el principio, hemos compartido los beneficios y relevancia que tiene Escazú, sobre todo entendiendo la crisis que está viviendo Colombia desde el año pasado en materia de asesinatos y amenazas a defensores y defensoras del ambiente”, comenta.

    Y es que si Escazú sigue adelante mientras Colombia tambalea sobre ratificarlo, es bastante lo que se pierde. Madrigal menciona tres puntos. En el jurídico, por ejemplo, explica que Colombia no “tiene un sistema integrado e interdependiente de estándares jurídicos que brinden esos pisos mínimos de actuación. Nuestro gran problema es de cumplimiento de la normatividad ambiental, de ineficacia. Y de conflictividad”. Un aspecto al que se suma el senador Sanguino, al señalar que “Colombia perdería una capacitación a operadores de justicia para que la ejerzan con un enfoque de desarrollo sostenible”.

    Pierde también en lo político, al no reconocer explícitamente los derechos de defensores y defensoras del ambiente. “Esto sumado a las iniciativas fallidas o no implementadas, como la Mesa Intersectorial de Democracia Ambiental y los Centros de Diálogo Ambientales creados en el 2018”. Y tanto Muñoz, del Rosario, como Madrigal, de los Andes, concuerdan en que Colombia pierde desde un punto de vista económico, ya que no podría acceder a estrategias de cooperación que tiene Escazú, entre las que está el BID.

    Lo bueno, y toca mencionarlo, es que así Colombia no ratifique, la sociedad civil colombiana seguirá vigilando y construyendo lo que busca el Acuerdo. “Nosotros le estamos dando seguimiento a este proceso, así que Colombia no podrá omitir la construcción jurídica y en defensa de los derechos humanos que se va a construir en el marco de la implementación del Acuerdo, pues como sociedad civil permaneceremos muy activos”, es lo que concluye Torres.