Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos estructurados por la Organización de las Naciones Unidas son el instrumento internacional, por excelencia, que plantea rutas para tramitar los conflictos entre Estado, empresas, ciudadanos y comunidades en materia de derechos humanos. Encontrar cómo usar estos Principios en nuestras estrategias de defensa territorial y su relación con las prácticas y Planes de Vida y resistencia de los pueblos indígenas nos da nuevas herramientas para proteger nuestros territorios.
Los Principios tienen una estructura de tres partes: el deber del Estado de proteger contra las violaciones a los derechos humanos, incluso aquellas cometidas por empresas; la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos; y por último, la necesidad de contar con los recursos para remediar los efectos negativos que puedan causar las actividades de las empresas.
Las empresas deben adoptar medidas que garanticen los derechos humanos en sus actividades y su cadena de suministro. Estas medidas se ven como la práctica de debida diligencia, las evaluaciones de impacto en los derechos humanos y procesos que determinen si sus medidas están funcionando, para cumplir con su deber de respetar. También deben tener procesos de reparación frente a las consecuencias negativas de sus actividades extractivas e industriales
En ningún caso debe interpretarse que los Principios Rectores disminuyen o reemplazan las obligaciones que tiene un Estado con las normas de derechos humanos.
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¿Qué son los Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas?