Autor: Edwin Novoa

En el mundo, suele pensarse que la falta de acceso al agua se da en lugares con ecosistemas secos como desiertos, en pequeñas comunidades alejadas que no tienen acueducto, o en países pobres del continente africano. Sin embargo, varios casos nos hacen pensar que la crisis de acceso al agua es global:

  1. En Canadá (país de renta alta con la mayor cantidad de lagos en el mundo), más de 100 comunidades indígenas (First Nations) no tienen acceso al agua, 
  2. En grandes ciudades como Chennai, al sur de India, con 10 millones de habitantes, la ciudadanía no tiene acceso al agua; o Lagos, en Nigeria, donde 18 millones de habitantes, el 86 % de la población que allí vive, carecen de conexión a una red de acueducto.
  3. En Estados Unidos, la primera economía mundial, tampoco pueden acceder al agua potable más de 15 millones de personas.

Es, además, una situación día a día más grave: desde 1980, en el mundo, el uso del agua se incrementa a una tasa de 1 % anual en un escenario en el que el agua dulce es solo el 3 % del total del agua de la Tierra.

El acceso al agua potable y al saneamiento se estableció como un derecho humano desde 2010 y en estas circunstancias de pandemia con el Covid-19, al no estar garantizado plenamente, la humanidad se hace más vulnerable porque se eleva el riesgo a los contagios masivos y, con ello, al colapso en la salud y en la economía. Es decir, para una sociedad, lo más beneficioso es proteger el derecho al agua como medida de prevención de catástrofes como las pandemias.

 

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Se requiere agua para disminuir el impacto del coronavirus

Lo más difundido en términos de las necesidades del agua es que se requiere para lavarse las manos constantemente y así evitar el contagio. Sin embargo, los requerimientos van mucho más allá: para quienes no tienen acceso al agua potable es imposible protegerse del virus y, en caso de contagio, las posibilidades de supervivencia son muy reducidas. Las razones son:

  1. Necesariamente, salen a buscar el agua, es decir, no pueden aislarse o confinarse. 
  2. Buen parte de su tiempo diario deben invertirlo en esa búsqueda y son horas que no pueden utilizar en un trabajo que les genere ingresos económicos.
  3. Su alimentación es precaria pues se basa en agua de mala calidad. Una de las consecuencias de esta situación es la deficiencia en sus sistemas inmunológicos.
  4. En general, la falta de agua genera condiciones de pobreza que imposibilita el acceso a sistemas de salud de calidad y medicamentos, por lo que, ante un contagio las posibilidades de supervivencia disminuyen.

En estas condiciones se encuentra gran parte de la población mundial. Además de los ejemplos mencionados al comienzo, se sabe que de los 7 billones de personas en el mundo, al menos 4 billones sufren de escasez severa de agua durante al menos un mes del año y cerca de 2 viven en lugares con deficiencia de agua. 

 

El derecho al agua

El agua y los alimentos son los elementos más preciados en cualquier sociedad, pues, pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte durante épocas de emergencia, sea por una guerra, una epidemia o una crisis económica. Tanto es así, que el agua, como se mencionó, se reconoce internacionalmente como un derecho humano y es protegida por el Derecho Internacional Humanitario en caso de conflictos armados.

Básicamente, el derecho al agua implica que los Estados tienen la obligación de generar las condiciones para que este líquido vital esté disponible (eso significa, que haya abastecimiento continuo y fácil para cada persona), para que cada quien pueda contar con una cantidad adecuada (50 a 100 litros de agua diarios) y para que tenga una calidad mínima para el consumo humano.

Los Estados deben, entonces, planificar y gestionar el uso de las fuentes hídricas con el fin de garantizar el derecho al agua. En el caso colombiano, hay tres mecanismos principales para gestionar el recurso hídrico:

  1. Cada cuenca hidrográfica (el área de influencia del río) debe ordenarse mediante un Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca hidrográfica (Pomca), en el que hay varios instrumentos de protección y manejo.
  2. Las autoridades ambientales son las únicas que pueden permitir el uso del agua y, para ello, se usa la figura de “concesiones de agua”, que son permisos para que empresas o personas usen el agua bajo ciertas condiciones. Las empresas de acueducto, encargadas en las ciudades de llevar el agua para el consumo, operan bajo esta figura, igual que empresas que usan el agua para actividades económicas. En cualquier caso, se debe pagar una tasa por el uso del agua.
  3. Algunos ecosistemas estratégicos, como páramos o humedales, de los que proviene el agua, deben protegerse y gestionarse comunitariamente de modo que se garantice la protección del recurso hídrico.

Hay un cuarto mecanismo o medida transitoria: en el contexto del Estado de Emergencia por la pandemia, el gobierno nacional ha flexibilizado el trámite de las concesiones de agua para que las empresas de acueducto puedan tener suministro permanente. Además, permitió la reconexión del servicio a aquellas personas que lo tenían suspendido por falta de pago.

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Lo que falta para blindar el derecho al agua y ser resistentes a emergencias

Las estrategias mencionadas han permitido que en más del 90 % del territorio colombiano haya acceso al agua. Sin embargo, no se logra garantizar un pleno derecho, pues la Constitución Política no establece explícitamente que el agua sea un derecho humano (ese era uno de los objetivos del Referendo del agua que no se aprobó en el Congreso). Además, para aplicar una política integral de agua, se presentan varios problemas:

  1. Cerca de la mitad de los municipios del país no tienen agua potable.
  2. Existen muchas fuentes hídricas inutilizables por la contaminación provocada por actividades industriales y por acciones del conflicto armado (por ejemplo, los derrames de petróleo).
  3. Falta una gestión comunitaria de los acueductos que conduzca al acceso universal.
  4. No hay un mínimo vital de agua, lo que se ve en el hecho de que, a las personas que no pagan la factura, se les desconecta el servicio. 
  5. Algunas regiones del país, como el departamento de la Guajira, no tienen el más mínimo acceso al agua.
  6. La mayoría de los Pomca están desactualizados y no tienen coordinación con otras políticas.
  7. Los ecosistemas productores de agua, entre ellos, los páramos, no tienen planes de manejo.

Este complejo panorama hace que el derecho al agua esté desprotegido, lo que genera un alto nivel de vulnerabilidad en casos de emergencias, como la actual pandemia. Es imperativo, entonces, planificar la protección del derecho al agua desde una perspectiva que elimine toda vulnerabilidad y nos haga resistentes a todo tipo de emergencias. El pasado 6 de abril, la Asociación Ambiente y Sociedad propició un conversatorio en el que surgieron algunas ideas en el sentido de blindar el derecho al agua. Esas ideas fueron:

Los principales reservorios de agua en Colombia son los páramos (surten al 70% de la ciudadanía), si bien ya se consideran áreas protegidas, van muy lentas las políticas de gestión y protección. Es necesario acelerar la generación de Planes de Manejo Ambiental comunitarios, pues, los páramos, en general, han sido bien cuidados por las comunidades que los habitan. También, es necesario titular las tierras del campesinado que habita en estos ecosistemas, para garantizar que pueda seguir cuidándolos.

 

El acceso al mínimo vital de agua debe ser permanente y no solo durante la pandemia. La reconexión que se acaba de permitir hace evidente que cerca de un millón de personas queda sin agua por falta de pago. A pesar de que en algunas ciudades como Bogotá hay un mínimo vital de agua, este solo aplica si el usuario está al día con la factura, lo cual no tiene sentido ni utilidad práctica.

Según Mauricio Madrigal, director de la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, de Bogotá, los Pomca deben formularse desde el punto de vista de los derechos humanos e integrarse a otras políticas y herramientas, como los acueductos. Agrega el director que toda la información de estas herramientas debe ser pública y accesible con el fin de que la ciudadanía pueda hacer veeduría y seguimiento. También menciona que se debe dar cabida a iniciativas de democratización del suministro de agua, como son los acueductos comunitarios.

Finalmente, Enilce Bernal, de la Asociación Campesina del Suroriente del Putumayo (Acsomayo), señala que es preciso rescatar el valor cultural e histórico que tienen los ríos para las comunidades que los habitan (mediante ejercicios de memoria histórica, por ejemplo). Los procesos organizativos han girado en torno a los cuerpos de agua, pero, con su contaminación, han perdido esa conexión.  

En conclusión, una de las lecciones que nos debería dejar la pandemia, es la imperiosa necesidad de proteger el derecho al agua, pues es la garantía de supervivencia en momentos de crisis, al igual que otros aspectos fundamentales como la alimentación o la salud.