Pronunciamiento: Sociedad civil, pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas demandan el respeto de derechos humanos ante proceso de revisión de salvaguardas del BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es un actor clave en América Latina y el Caribe, pues apoya proyectos y reformas estructurales en sectores estratégicos de la economía. Además, impulsa procesos de reforma y modernización de los Estados, las cuales vienen generando normas y políticas que han debilitado los avances jurídicos y las garantías de protección de los derechos sociales, territoriales, ambientales, los derechos laborales y los derechos de los afrodescendientes, de los pueblos indígenas, comunidades campesinas, y de las personas con discapacidad.
En diciembre de 2019, el BID presentó el documento de borrador de la nueva política de salvaguardas socioambientales para evitar y mitigar los impactos negativos de los proyectos que financia. A la par se inició un proceso de consultas públicas sobre dicha propuesta, el cual no ha contado con condiciones adecuadas para la participación efectiva de las organizaciones de sociedad civil, pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres y personas con discapacidad en las distintas regiones donde se están realizando estas consultas, como Panamá, Perú, Argentina y Jamaica. Cabe destacar que dado el número de proyectos que financia el Banco en la región y el alto impacto a nivel marcroregional de los mismos, consideramos que la cantidad de consultas programadas es limitada.
Nos preocupa que las normas de carácter ambiental presentan propuestas para la conservación, recursos naturales y efectos sobre la salud humana, pero estas disposiciones podrían resultar inútiles debido a las permisibilidades y falta de seguimiento por parte del BID en caso de que el prestatario, es decir el Estado, no cumpla con lo exigido. Las disposiciones en cuanto a los derechos laborales, personas afrodescendientes, mujeres, pueblos indígenas, comunidades campesinas, y personas con discapacidad son insuficientes para garantizar que los Estados de la región mejoren sus políticas en dichos aspectos, se fundamenta en el recorte de sus derechos fundamentales.
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