Durante los días 11, 12, 22 y 23 de septiembre de 2023, en la ciudad de Bogotá, Colombia nos reunimos defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales ganadoras de la beca personas defensoras de la Asociación Ambiente y Sociedad con la finalidad de analizar el borrador del Plan de Acción Regional sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe.
Durante estos días de trabajo e intercambio de experiencias llegamos a un diagnóstico consensuado acerca de los elementos que deben incluirse, mejorarse y reformarse del Plan de Acción. Así también hemos podido conocer el Proceso Nacional de Garantías para la defensa de los Derechos Humanos en Colombia y los distintos programas, planes y normativa para su implementación, así como los espacios en los cuales podríamos participar para la consolidación de una política pública que responda realmente a las necesidades de nuestros procesos y territorios.
El modelo de gestión territorial en el continente, independientemente de los diferentes tipos de gobiernos, se caracteriza por ser profundamente extractivista. Este modelo de desarrollo, carente de una participación adecuada, ha desencadenado conflictos socioambientales que han creado, entre otras razones, un entorno inseguro para la defensa del ambiente con amenazas, intimidaciones, hostigamiento y estigmatización. Colombia debe tomar medidas urgentes para dejar de ostentar el alarmante título de ser el país más peligroso para la defensa del ambiente. Según el informe de Global Witness del 2023, se registraron al menos 60 asesinatos, casi el doble de lo reportado en el 2021. Lamentablemente, el panorama en América Latina no es mucho más alentador. De acuerdo con dicho informe, desde el 2012, a 1.335 defensores y defensoras en toda la región les ha sido arrebatada su vida, lo que representa el 70% de todas las muertes documentadas.
Es por ello, que dentro del Segundo Foro Anual de Defensoras y Defensores de DDHH en asuntos ambientales en el marco del Acuerdo de Escazú, hacemos un llamado para que el Plan de Acción tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
Frente al reconocimiento y conocimiento:
Reconocemos el papel fundamental que desempeñan las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe. Por esta razón, es necesario utilizar herramientas comunicativas para generar un mayor conocimiento, sensibilización y difusión sobre la situación, los derechos y las responsabilidades de los Estados en este ámbito. Además, se destaca la importancia de la coordinación interinstitucional eficiente para la prevención y protección de las defensoras y defensores.
Por otra lado, identificamos una oportunidad dentro del marco del Plan de Acción para reconocer la labor de las personas defensoras. No obstante, es importante señalar que en ciertos casos este reconocimiento individual puede aumentar el riesgo de la persona. Por este motivo, se sugiere que el reconocimiento sea colectivo y se ponga énfasis en el proceso organizativo, el cual debe implicar un apoyo técnico y económico con el fin de asegurar la continuidad del proceso.
Frente a las medidas de protección y prevención:
Colombia es uno de los pocos países de América Latina y el Caribe que cuenta con una política nacional de garantías que incluye medidas de protección a personas defensoras de derechos humanos. No obstante, es necesario fortalecer el reconocimiento de las personas defensoras en asuntos ambientales y considerar sus riesgos, estableciendo una hoja de ruta a nivel nacional que responda a sus particularidades.
Actualmente, cuando las personas defensoras enfrentan amenazas o ataques, tienen que acudir ante un sistema que, en ocasiones, revictimiza especialmente a las mujeres. Por tanto, es primordial priorizar la atención a mujeres por parte de mujeres, especialmente en casos de violencias basadas en género. Además, es esencial establecer rutas que contemplen distintas medidas adoptadas con enfoques de género, entendido como una protección a mujeres y a la comunidad LGTBIQ+, étnicos, campesinos y comunitarios.
Una vez que las personas cuentan con medidas de protección, es fundamental brindar un acompañamiento efectivo, considerando el desplazamiento como última opción, para evitar el desarraigo y fractura en los procesos organizativos de las personas y grupos defensores. Una medida de prevención para garantizar la vida y un entorno seguro y propicio solo es viable si se reconoce la responsabilidad de la contraparte que incrementa los riesgos para las y los defensores ambientales.
Al hablar de protección y reparación integral, se deben abordar aspectos como la salud física, la salud mental, protección familiar y de grupos vulnerables. Es necesario implementar medidas de protección amplias, coherentes, oportunas, inmediatas, adecuadas al contexto y a la diversidad de labores y territorios de los defensores y defensoras. Se debe reconocer los espacios colectivos y las formas propias o ancestrales de sanación como mecanismos de autoprotección.
Para abordar este desafío, es vital consolidar un plan de acción de género que contemple todos los ejes de trabajo y sus mecanismos de implementación a nivel local, regional y nacional. Fortalecer estrategias de prevención, protección y autoprotección enfocadas en el reconocimiento de liderazgos colectivos es fundamental, evitando señalizaciones y estigmatizaciones individuales en los procesos de defensa ambiental. El trato empático y humanizado a lo largo de las rutas de protección es imperativo, entendiendo esto como parte del deber de función pública de los servidores que intervienen en el proceso. Las capacitaciones correspondientes son una obligación del Estado, garantizando la protección de la defensora o defensor en los diversos roles que conforman su vida, como estrategia de fortalecimiento para su ejercicio en la defensa ambiental.
Comprendemos que el Segundo Foro Anual de Defensoras y Defensores representa un espacio de construcción colectiva. Esperamos que sea aprobado durante la COP del Acuerdo de Escazú en 2024, con el propósito de poner en marcha las acciones estratégicas del Plan de Acción para abordar los desafíos que enfrentan los territorios de América Latina y el Caribe. A nivel nacional, es crucial contar con la presencia de los distintos ministerios competentes, incluyendo el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación. Realizamos un llamado a Colombia para que atienda con urgencia a defender a quienes defienden y protegen el ambiente en los territorios. Asimismo, instamos a garantizar la plena y efectiva implementación de derecho de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, a través de la ratificación del Acuerdo de Escazú.
¡Por la defensa a la vida de las defensoras y los defensores!
