PreCOP1 de Escazú: Una oportunidad para recordar los retos que siguen presentes sobre nuestros derechos de acceso

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Por Santiago Aldana

A puertas de la primera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, el pasado 4 de marzo se celebró una reunión preparatoria para la misma, conocida como la PreCOP1. Este espacio contó con la participación de diversas partes y representantes del público que aprovecharon la ocasión para celebrar los 4 años de la adopción del Acuerdo y discutir sobre el borrador de decisiones respecto a (i) las reglas de procedimiento de la Conferencia de las Partes, incluyendo las modalidades para una participación significativa del público (artículo 15.4a); (ii) las disposiciones financieras necesarias para el funcionamiento e implementación del Acuerdo (artículo 15.4b); (iii) y las reglas de composición y funcionamiento del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento (artículo 18.1).

Durante la primera parte de la conmemoración de la adopción del Acuerdo, Natalia Gómez, representante del público, recordó que, para enfrentar las crisis ambientales, como la climática, se requiere de un enfoque en derechos humanos y por tal motivo el Acuerdo de Escazú es importante para estos tiempos de decisión. De igual forma, declaró que, en la primera COP, que se celebrará del 20 al 22 de abril en Chile, para el público es crucial que las reglas que se acojan aseguren una composición adecuada, que tengan en cuenta la diversidad regional, étnica y de género, y una participación significativa del público en el proceso de presentación de comunicaciones y en las audiencias de denuncias de incumplimiento, manteniendo así las buenas prácticas que se desarrollaron durante la negociación de dicho tratado. 

Por otro lado, Marcelo Cousillas, director del Área Jurídica del Ministerio de Ambiente de Uruguay, celebró que la región puede llegar a consensos. Así, en contra de los procesos adversos que tuvo el multilateralismo, Escazú iluminó el camino para avanzar en otras discusiones internacionales ambientales y no poder desvincular de estas los derechos de acceso. Cousillas, además, hizo un llamado a aplicar la letra jurídica para que sea una realidad en toda la región. 

Aunque la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) reconoció que la pandemia fue un factor que limitó el disfrute de los derechos de acceso y profundizó la crisis social de la región, se expuso que, por limitaciones de aforo en Santiago de Chile, gran parte de la COP se realizará de manera virtual, incluidos los eventos paralelos. Esta situación condujo a que las partes y algunos representantes del público exigieran claridad sobre el uso de esta herramienta para las negociaciones que vienen en camino, durante la discusión de las reglas del procedimiento de la Conferencia de las Partes. Para países como Argentina y Costa Rica es importante que la virtualidad sea usada con moderación, mientras que para México es una herramienta que permite solventar la ausencia de recursos de los equipos de negociación y de representantes de la sociedad civil que no pueden estar de manera presencial. 

Sobre el borrador de reglas de procedimiento, se discutió la necesidad de incluir, en el borrador de decisiones, mecanismos y procesos claros para definir agendas, intervenciones de los representantes del público, notificaciones y toma de decisiones en la COP. Dentro de los puntos especiales de la representación del público que se mencionaron, estuvieron la posibilidad de intervención de sociedad civil a la par que las partes sin voto y la ocupación de dos espacios en la mesa de negociación. Por otra parte, Antigua y Barbuda hizo un llamado para promover el intercambio de capacidades, a lo que la CEPAL respondió apoyando la idea y recordando la existencia del Observatorio del Principio 10 del mismo. 

Respecto a las reglas de composición y funcionamiento del apoyo a la aplicación y el cumplimiento, Costa Rica, Panamá, Santa Lucía y Uruguay presentaron el borrador de una propuesta para garantizar la flexibilidad del Acuerdo y no anular la capacidad de adaptación del mismo ante la inestabilidad de la región. Para esto, buscaron establecer que entre los miembros del comité estén diferentes nacionalidades para garantizar diversidad de representación. De igual forma, establecieron que el comité deberá adelantar consultas con representantes del público con el objetivo de definir prioridades que deben tratar las partes, y socializar los hallazgos o recomendaciones de dicho comité por temas de incumplimiento a todas las partes.

En la búsqueda por evitar la discriminación, durante la discusión también se propuso que el comité no se limite a consultar expertos técnicos o jurídicos “reconocidos internacionalmente”. Y quedó pendiente y por definirse si debería haber independencia de los miembros de los poderes judiciales y legislativos, aclaración sobre los criterios para establecer situaciones de riesgo frente a posibles ataques, amenazas o intimidaciones que reciba el comité y los mecanismos para garantizar el acceso a la información de parte de los representantes del público. 

Asimismo, se abordaron las disposiciones financieras necesarias para el funcionamiento del Acuerdo. En este espacio la CEPAL y la delegada de México, Camila Zepeda, expusieron el logro en la última reunión de El Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas, en la que se aprobó dotar recursos para el funcionamiento del Acuerdo de Escazú. A pesar de que hubo explicación de voto de la Unión Europea, Japón y Rusia, a la región le queda la responsabilidad de demostrar la efectividad de la aplicación de este instrumento para garantizar confianza de la comunidad internacional. No obstante, esos recursos no son suficientes para garantizar su implementación, así que la secretaría de la CEPAL llamó a las partes para que formularan proyectos con el espíritu de Escazú con el fin de atraer recursos de cooperación internacional, como la banca multilateral, países europeos e incluso del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Además, la CEPAL aprovechó para exponer sus gestiones, definiendo posibles fuentes de financiamiento mínimas y construyendo un borrador de reglas sobre las formas de uso de recursos del fondo de implementación, que se estipuló en los artículos 14 y 15 del mismo acuerdo. 

En ese sentido, representantes del público pidieron que las reglas del uso de los recursos de este fondo de implementación se consideren para brindar apoyo y garantizar una participación efectiva del público en las reuniones convocadas para el Acuerdo, hacer un estudio detallado de fuentes de financiación de parte de la secretaría y poner en marcha un fondo voluntario abierto para países y otras entidades. 

Finalmente, entre las solicitudes de las partes y representantes del público, se incluyeron iniciativas como avanzar en un plan de acción para la segunda edición de la COP; adelantar un informe de parte de la secretaría sobre el estado de los países que no han ratificado y hacer recomendaciones para lograrlo; exponer la propuesta de reglas de parte de la Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica-COICA sobre su participación en las negociaciones; aclarar la logística y agenda detrás de las negociaciones y eventos paralelos; y formular medidas para garantizar lo más pronto posible mecanismos de denuncias frente a la persecución de defensores de derechos humanos e incluir su discusión en la agenda de la COP.

En el caso de Colombia, aún no es clara la posición del Gobierno nacional sobre la participación en las negociaciones y sus gestiones para garantizar que en este último semestre de legislatura, que queda de este cuatrienio, se logre la ratificación del Acuerdo en el Congreso de la República, como lo hizo recientemente Chile con el cambio del Gobierno.