¿Por qué las mujeres colombianas necesitan el Acuerdo de Escazú?

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    Primera Publicación: Pacifista!

    Laura A. Torres Martínez

    La entrada en vigor del Acuerdo de Escazú coincide con la conmemoración del Día Internacional de la Tierra. Se trata de una serie de disposiciones regionales alrededor de los derechos a la información, participación pública y justicia en materia ambiental, que históricamente han sido de más difícil acceso para las mujeres. Por esta y otras razones, organizaciones y activistas piden que Colombia lo ratifique y lo implemente con un enfoque de género.

    Sandra Liliana Peña Chocué era gobernadora del resguardo indígena La Laguna Siberia, en el municipio de Caldono, Cauca, a 80 kilómetros de Popayán.

    Era lideresa ambiental y se oponía a la aspersión de glifosato, por lo que pedía al Gobierno Nacional sustituir los cultivos de uso ilícito a través de otros mecanismos. Además, rechazaba la presencia de actores armados en su territorio.

    También era autoridad indígena del pueblo Nasa y luchaba por el reconocimiento de los saberes de su comunidad. Entre otras cosas, defendía los derechos de las mujeres indígenas y su participación en escenarios políticos.

    Pero la falta de garantías para ejercer su liderazgo le costó la vida.

    Hace dos días, el 20 de marzo, fue asesinada en su municipio, en la vereda El Placer, mientras viajaba al corregimiento Pescador. Con este crimen, ya son 52 las lideresas y líderes asesinados en Colombia en lo que va del año, según Indepaz, y 904 de acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, entre 2016 y 2020.

    En el 2019, según el último informe anual de Global Witness, ‘Defendiendo el mañana’, 212 defensoras y defensores ambientales fueron asesinados en todo el mundo.

    De estos crímenes, 64 ocurrieron en Colombia, lo que lo convierte en el país más peligroso a nivel internacional para luchar por este tipo de causas.

    Por esa y otras razones es que el Acuerdo de Escazú es tan valioso. El 4 de marzo de 2018 fue adoptado con el propósito de garantizar a las personas los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales.

    También, es el primer tratado en el mundo que contiene disposiciones sobre defensores y defensoras de derechos humanos en materia ambiental.

    Este jueves 22 de abril, Día de la Tierra, el Acuerdo entrará en vigor. Colombia es uno de los países que pese a haberlo firmado, no lo ha ratificado, lo que quiere decir que no serán vinculantes ninguna de las obligaciones planteadas en él.

    Así, cada vez son más urgentes los llamados de activistas, académicas, investigadores y organizaciones de la sociedad civil para que el Gobierno Nacional continúe con el proceso de ratificación.

    De hacerlo, demostraría que sí es real su compromiso de garantizar el derecho a un medioambiente sano de toda la población. Y en concreto, el derecho que tienen las personas a ser parte de la toma de decisiones, informarse adecuadamente y obtener justicia en esta materia.

    El Acuerdo de Escazú también es importante para las mujeres colombianas, quienes tienen muchas más barreras para acceder a los derechos que se plantean allí. Por eso es indispensable ratificar e implementarlo con enfoque de género, según feministas, académicas e investigadoras sobre este tema.

    Hoy les compartimos algunas razones que sustentan esta necesidad:

    Estas condiciones han minado su derecho a acceder a información y a participar en espacios públicos en igualdad de condiciones con los hombres, pues no solo no se animan a hacerlo, sino que pocas veces se les reconoce como sujetas activas en la toma de decisiones e instancias de participación en asuntos ambientales, le dijo a PACIFISTA! Natalia Daza Niño, investigadora en temas ambientales y de género.

    “Las mujeres afrontan rechazo y discriminación por parte de la comunidad, pues se espera que primero respondan a los deberes del hogar y después sí participen en otras actividades, como las discusiones frente a industrias extractivas, proyectos de urbanización, hidroeléctricas o energías renovables, por ejemplo”, sostuvo la investigadora.

    En línea con esto, Lina Muñoz Ávila, doctora en derecho y actual directora de la Especialización y de la Maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario, le explicó a este medio que dado que “las mujeres suelen estar a cargo del cuidado de sus hijos, de sus padres o de otros miembros del hogar y además trabajan y cuidan la casa, se ve disminuida su capacidad de estar en todos lados y de participar en otros espacios”.

    De ahí que sea importante tomar medidas reales para que puedan hacer efectivos estos derechos y, en este sentido, el Acuerdo de Escazú es una oportunidad para que se planteen y ejecuten estas acciones. Una manera de lograrlo es, por ejemplo, que el Estado o la entidad responsable garantice servicios o personas que se encarguen del cuidado cuando tengan lugar espacios de participación, discusión y toma de decisiones frente a algún proyecto de impacto ambiental en una comunidad.

    En cualquier caso, es una discusión que también pasa por el reconocimiento, redistribución y reducción de estas labores.

    Otra barrera que deben afrontar es la falta de tenencia de la tierra, explicó Natalia Daza Niño. Esto afecta su derecho a la información, en tanto las empresas o entidades estatales suelen dialogar directamente con los titulares formales-que suelen ser hombres- de la tierra que se verá afectada por un proyecto.

    De esto se desprende que ellas tampoco están vinculadas a espacios de participación y toma de decisiones, por lo que ese es uno de los escenarios en los que es más evidente la brecha entre hombres y mujeres. Finalmente, estos factores hacen más difícil iniciar y ganar una disputa legal por las posibles vulneraciones que puedan tener las mujeres.

    A su vez, “se da por sentado que las mujeres pueden acceder de la misma forma a los datos y los sistema de información que los hombres. Y esto no es así”, sostuvo Muñoz Ávila.

    La pobreza, analfabetismo, la carga inequitativa de trabajo y funciones, son factores que tienen impacto directo en cómo las mujeres pueden recibir y entender la información sobre un proyecto que afectará su territorio.

    Al respecto, Natalia Daza Niño manifestó que “la brecha de escolarización también es otro factor, pues hay mujeres que deben dejar de estudiar para dedicarse al trabajo del hogar”. Por eso, el acceso que tienen a la información es distinto, de forma que hay que asegurar que esta les llegue en sus términos. “No se trata de solo capacitarlas, sino de que la información sea clara por sí misma”, concluyó.

    En suma, este tratado plantea un escenario positivo de cara a esta realidad: es un primer paso para que los Estados la reconozcan y hagan algo para cambiarla.

    2. El Acuerdo busca dar herramientas a los grupos vulnerables, entre estos, las mujeres

    Una de las obligaciones generales que contempla este tratado es facilitar a toda la sociedad y en especial, a las personas que están en una situación de vulnerabilidad, el ejercicio de sus derechos de acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales. Para Lina Muñoz Ávila, de la Universidad del Rosario, esta disposición demuestra que los objetivos del Acuerdo de Escazú sí considera las necesidades de las mujeres.

    Según la investigadora, quien además participó en el proceso de negociación del Acuerdo, las especiales dificultades que las mujeres enfrentan para poder ejercer estos derechos implican que ellas son personas en una situación de vulnerabilidad.

    “El enfoque de género es transversal al Acuerdo y estaría, además, impulsado por el enfoque especial que tiene sobre las personas y los grupos (en situación de vulnerabilidad). Y se refuerza por los principios (de igualdad y no discriminación) y otro tipo de compromisos que los Estados ya tienen en materia de derechos humanos”, afirmó Muñoz Ávila al hablar con PACIFISTA!.

    Sobre este punto, Maria Alejandra Aguilar explicó que los términos en los que está redactado el tratado son generales, y aunque sí hace referencia a poblaciones vulnerables, para ella pudo haber “ahondado más en cómo el rol de las mujeres es determinante para avanzar en el desarrollo sostenible y la democracia ambiental”.

    Por su parte, para Natalia Daza Niño es importante tener en cuenta que uno de los principios que amparan el Acuerdo de Escazú es el de igualdad y no discriminación.

    “Esto no quiere decir que el tratado por sí mismo trate un enfoque de género -aclara-. Pero decir que considera un principio de igualdad y no discriminación sí da espacio para entender que las personas y poblaciones acceden de forma diferencial a la participación y esa es una consideración clave”, le explicó a PACIFISTA!. El verdadero reto, según ella, es implementarlo teniendo en cuenta esta realidad.

    3. Escazú puede ser una oportunidad para entender qué es el enfoque de género, capacitar a quienes deben implementarlo y generar conocimiento al respecto

    Para Lina Muñoz Ávila, lo primero que hay que hacer es entender qué es el enfoque de género en la protección del ambiente. “Hay que fortalecer las capacidades de las mujeres, de las autoridades locales y nacionales, del sector privado y de la sociedad civil para entender cuáles son las características de este enfoque antes de aplicarlo. Esto significa hacer talleres, encuentros, cursos de formación y de empoderamiento de las mujeres. De nada sirve tener leyes y políticas que buscan implementar el enfoque de género si nadie entiende lo que este significa en la defensa ambiental”, explicó.

    De acuerdo con Natalia Daza Niño, este enfoque no es uno solo sino que debe estar sectorizado según el escenario en el que se deba implementar, como por ejemplo salud o gestión de riesgos, por mencionar algunos casos.

    En materia ambiental, hay cuatro aspectos que se deben tener en cuenta, según la investigadora:

    1. Hay impactos diferenciados en materia climática y ambiental para las mujeres;
    2. Las mujeres hacen aportes particulares en estas discusiones por su relación con el ambiente y el territorio;
    3. Hay que avanzar en igualdad de género y en asuntos ambientales de manera simultánea, pues no se trata de darse cuenta de que hay mujeres en estos escenarios, sino hacer algo para garantizar sus derechos.
    4. Se deben minimizar los daños que puedan ocurrirles a ellas respondiendo a sus contextos, lo que incluye “garantizar cambios estructurales que les permitan una vida libre de violencias”.

    Por ahora “no hay datos suficientes en Colombia sobre los impactos diferenciados en cuestiones ambientales y tampoco hay información sobre qué es aquello que hace diferente el acceso a participación de las mujeres en proyectos extractivos”, planteó Natalia Daza Niño. Agregó que realmente hay pocas políticas ambientales en el país que contemplen un enfoque de género, y aún menos en las que hay aspectos relacionados con acceso a la información y participación.

    En esto coincide Maria Alejandra Aguilar, pues para ella “cada país (que implemente el Acuerdo) deberá hacer un esfuerzo por identificar cuáles son esas barreras que impiden materializar la equidad de género y que las mujeres puedan hacer un goce efectivo de sus derechos de acceso (a información, participación y justicia en temas ambientales)”.

    De acuerdo con las dos investigadoras, para implementar el Acuerdo de Escazú con un enfoque de género, una vez sea ratificado, hay que generar este tipo de información.

    Otro reto en materia de justicia, sostuvo Aguilar, puede ser que los jueces deban tener una formación con enfoque de género para eliminar conductas discriminatorias al momento de tomar decisiones.

    4. En un país en el que los asesinatos a defensores y defensoras van en aumento, este tratado es una necesidad

    El Acuerdo de Escazú plantea tres puntos sobre defensoras y defensores ambientales: pide a los Estados garantizar un entorno seguro en el que puedan ejercer su liderazgo, sin amenazas y restricciones. También, exige tomar medidas para reconocer y proteger sus derechos a la vida, integridad, libertad de expresión, reunión y asociación pacífica. Y por último, requiere medidas de prevención, investigación y sanción de todos los ataques que reciban estas personas.

    “Las agresiones a lideresas no operan por fuera de la lógica patriarcal. No resulta extraño que las agresiones a defensoras contemplen violencia sexual o un seguimiento y un acoso sobre su intimidad, cosa que no pasa con los hombres”, dijo Natalia Daza Niño.

    Por eso, en su opinión, es importante que las medidas que el Acuerdo de Escazú adopta frente a defensoras y defensores, respondan a las particularidades de los riesgos que día a día corren las lideresas ambientales en razón de su género.

    Lina Muñoz Ávila explicó que, según ha dialogado con defensoras, las medidas de protección que el Estado contempla en estas situaciones no solo no incorpora a las mujeres sino que no responden a sus necesidades y realidades, que suelen ser distintas a las de los hombres.

    “Escazú abre una oportunidad para revisar este enfoque diferencial y de género a la hora de proteger sus derechos como defensoras”, manifestó sobre este punto.

    Por ahora, la realidad en Colombia es que a los líderes y lideresas ambientales las están asesinando y no se han tomado medidas suficientes para responder a esta crisis.

    “Si hay un país que necesita a Escazú, yo creo que es Colombia”, es una de las conclusiones de Natalia Daza Niño. Se trata de un territorio con asesinatos desbordados a líderes y lideresas, sin acceso a justicia. Sin mecanismos de participación que cumplan su propósito y con escasa información ambiental. En este escenario, para ella es decepcionante que no se haya ratificado el Acuerdo.

    Maria Alejandra Aguilar recordó que este no es solo un tratado ambiental, sino también de derechos humanos. Por eso, y para garantizar un medioambiente sano, es necesario que haya democracia ambiental, cuyos pilares son los derechos de acceso a información, participación y justicia en estos asuntos.

    Colombia debe ser coherente, pues por una parte vemos que hay voluntad política por parte del Gobierno que dice que apoya el Acuerdo de Escazú. Pero por otro lado, el partido del Gobierno, que es el Centro Democrático, ha entorpecido que se lleven a cabo los debates para la aprobación del proyecto de ley que busca ratificarlo, argumentó.

    Este proyecto fue radicado en julio del año pasado ante el Congreso de la República, pero varios sectores han manifestado su desacuerdo. Por ejemplo, congresistas del Centro Democrático y voceros de Fedegan y la Federación Nacional de Avicultores consideran que el Acuerdo está en contravía del desarrollo económico y viola la soberanía del país.

    Lina Muñoz Ávila es más optimista frente a la ratificación, pues se trata de un proceso que toma tiempo. Eventualmente, afirmó, es probable que Colombia lo ratifique. En cualquier caso, “todos los tratados internacionales se vuelven un criterio de interpretación para las obligaciones que Colombia ya tiene frente a derechos humanos”, explicó. Por esta razón, pese a que las disposiciones contenidas en él aún no son vinculantes, sí son una herramienta para el país de cara a ciertos escenarios.

    Por ahora queda esperar. Mientras el Acuerdo de Escazú será implementado en 12 países de la región, el resto deberá seguir exigiendo su ratificación. Las mujeres, las más afectadas y en condiciones adversas en materia ambiental, también lo seguirán haciendo. Porque si algo está claro a medida que avanza el tiempo, es que ya no hay asunto que escape del tan necesario y urgente enfoque de género.