Por Natural Press

 

La Corporación Autónoma Regional de los Valles de los Ríos Sinú y San Jorge, CVS, informó a través de un escueto comunicado que posterior a “hacer una revisión minuciosa al proceso de otorgamiento de licencia ambiental a la Sociedad Portuaria Graneles del Golfo S.A., con ocasión de la solicitud de revocatoria presentada por un ciudadano, se ha expedido en el día de hoy la Resolución No. 2-2246, a través de la cual se procedió a revocar la misma”.

A raíz de la presión ejercida por diferentes sectores de las comunidades y posterior a las denuncias presentadas a través de medios de comunicación sobre la inconveniencia y presunta ilegalidad de la licencia ambiental, la decisión del director de la autoridad ambiental en el departamento de Córdoba fue revocar inmediatamente la licencia que permitiría a la sociedad portuaria Graneles del Golfo impactar la zona de manglares en mejor estado de conservación en el país.

No deja de ser llamativo que sea la Corporación quien otorgó la licencia ambiental, la misma que por presiones de las comunidades y los medios, la revoque. Es reconocer su propio error, es evidenciar que la licencia fue otorgada sin los debidos y minuciosos análisis sociales, económicos y ambientales por parte de esa autoridad.

Agrega el lacónico comunicado que “la decisión se fundamenta en argumentos técnicos, jurídicos y sociales, así como en la constatación de la presencia real de comunidades etnias y afro en la zona de influencia del proyecto, a las cuales se les debió garantizar la realización de la consulta previa, como derecho fundamental”.

No deja de sorprender que la autoridad ambiental encargada de otorgar licencias a puertos con capacidad inferior al millón 480 mil toneladas, no se hubiera enterado desde antes de otorgar la licencia, de la presencia de comunidades afro e indígenas en la zona de su jurisdicción, pues ellas han pertenecido a esa tierra desde hace décadas, incluso siglos.

La revocatoria de la Licencia Ambiental para la construcción de un puerto de cargue de carbón en un área de manejo especial, como es el Distrito de Manejo Integrado de Cispatá y cuya construcción se realizaría en una 33% en área protegida, se ha considerada muy satisfactoria, pues obedece a un proceso de apropiación de los territorios por parte de las comunidades que impiden el otorgamiento de licencias ambientales que deterioran los ecosistemas favoreciendo a particulares.

Este es el programa de #NaturalRadio en el que se hizo la denuncia que dio origen a la revocatoria de la licencia ambiental para la construcción de Puerto Graneles en San Antero Córdoba.