Publicado en: El Espectador

Por medio de este acuerdo, se realizará un convenio regional sobre asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Es el primero que incluye la protección de los defensores ambientales como un imperativo y busca promover el acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental.

En octubre de este año, la Cancillería informó que Colombia no se había suscrito por no considerarlo necesario ante la existencia de otras normas. Cristian Garavito – El Espectador

El presidente Iván Duque, luego de diez días de paro, decidió reunirse con los diferentes sectores que han presentado un pliego de peticiones. Por eso, anunció la creación de la Gran Conversación Nacional, un espacio en el que, según él, se hará frente a las inconformidades sociales. Una de esas inconformidades está en el ámbito ambiental, por lo que jueves 28 de noviembre se sentaron en la mesa biólogos, ecólogos y organizaciones ambientalistas.

Uno de esos temas es el Acuerdo de Escazú, un convenio regional sobre asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Es el primero que incluye la protección de los defensores ambientales como un imperativo y busca promover el acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental.

Sin embargo, en la discusión no se logró llegar a un acuerdo sobre este aspecto, por lo que la Asociación Ambiente y Sociedad, una organización no gubernamental constituida en 2012, decidió enviarle una carta a Duque.

“En el marco de la Conversación Nacional por el medio ambiente nos permitimos hacerle llegar esta carta poniendo de presente los motivos por los que apoyamos y solicitamos la firma y posterior ratificación del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo para el Acceso a la Información, Participación y Justicia en Asuntos Ambientales para América Latina y el Caribe fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú (Costa Rica) como resultado de cuatro años de arduas negociaciones. Su objetivo principal es fortalecer los derechos ambientales y la materialización de la democracia ambiental en la región”, expresaron los académicos en el documento.

(Puede leer: ¿Qué es el acuerdo de Escazú y por qué varias organizaciones exigen que Colombia haga parte?)

Añadieron que en este acuerdo Colombia participó activamente y su adhesión representa un compromiso con la agenda climática, pese a que en octubre de este año la Cancillería informara que el país no se había suscrito por no considerarlo necesario ante la existencia de otras normas. “Fue una decisión que aleja a Colombia de un proceso regional histórico para la mejora de la gobernanza ambiental”, comentaron.

En el documento, los miembros de la organización resaltan algunos de los avances más significativos del acuerdo:

–   El llamado a la protección de defensores de derechos humanos y ambientales en América Latina.

–  La incorporación de un enfoque para favorecer los derechos de acceso a los grupos más vulnerables.

–   Mejora los estándares de Acceso a la Información relacionada a impactos ambientales.

–   Promueve la consolidación de la justicia ambiental especializada.

–  Fortalece la participación ambiental desde las etapas iniciales del proceso, y o de los mecanismos de participación ciudadana existentes en Colombia.

–   Busca garantizar canales de participación efectiva por parte de la sociedad civil en los procesos decisorios.

“Como organización consideramos que por medio de la firma del Acuerdo de Escazú el Gobierno Nacional no solo estaría demostrando voluntad política frente a las amenazas que padecen los defensores sociales y ambientales en el país, sino también el respaldo directo a los procesos de diálogo que se llevan a cabo en la Mesa Ambiental”, concluyeron los académicos.

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