Por: Natalia Gómez Peña

Asociación Ambiente y Sociedad

Columna publicada originalmente en Semana Sostenible 

La inequidad en el derecho a la tierra es una problemática mundial que afecta las posibilidades de las mujeres para acceder a recursos económicos y asegurar el sustento para ellas y sus familias.

Miles de mujeres en Colombia han sido víctimas del conflicto armado. Mujeres víctimas de la violencia sexual, madres que han perdido a sus hijos y a sus esposos, mujeres desplazadas por la violencia que han tenido que abandonar sus casas para huir de la violencia, entre muchas otras historias hacen parte del compendio de vulneraciones a los derechos de las mujeres en el país. (Vea también: Insurgentas, las mujeres en el conflicto armado)

El pasado 24 de julio fue presentado oficialmente en la Habana el trabajo realizado por la subcomisión técnica  de género cuyo mandato era revisar los acuerdos alcanzados por las partes en negociación e incluir en ellos una perspectiva de género. Dentro de los ocho ejes temáticos que estableció la subcomisión se encuentra el acceso a la tierra como un tema prioritario, con disposiciones para que las mujeres rurales superen los obstáculos que tienen para acceder a la propiedad de tierras incluyendo medidas afirmativas para que las mujeres accedan al fondo de tierras,  y a los subsidios y créditos para la compra de terrenos. Además, se propone un acceso prioritario para las mujeres a los proyectos de economía solidaria y una perspectiva de género en el plan de economía campesina. Todos estos son temas fundamentales para lograr la implementación de los acuerdos y la construcción de una paz sostenible y equitativa.

La inequidad en el derecho a la tierra es una problemática mundial que afecta directamente las posibilidades de las mujeres para acceder a recursos económicos y procurarse un sustento para ellas y sus familias. De acuerdo con cifras del Banco Mundial [1] de 173 países estudiados por esta institución el 90% todavía tiene alguna ley discriminatoria que impide a las mujeres acceder a oportunidades económicas en condiciones de igualdad. (Vea también: Debajo de la tierra: mujeres y restitución)

Las barreras que existen para las mujeres sobre el uso y control de la tierra impactan directamente no solo las posibilidades de garantizar sus necesidades básicas sino que implican también afectaciones a sus derechos a la salud, la vivienda e incluso a un medioambiente sano. Contextos de conflicto armado, como el que vivimos en Colombia, plantean desafíos mucho más grandes para las mujeres y la garantía de sus derechos, pues los desplazamientos y la falta de reconocimiento a los títulos de las mujeres complica aún más los procesos de posconflicto.

El acceso de las mujeres a la tierra es un factor fundamental a la hora de prevenir la violencia de género y empoderar a las mujeres[2], pues si las mujeres pueden tener títulos sobre la tierra por ellas mismas y sin necesidad de depender de un esposo o compañero tienen más posibilidades de no tolerar la violencia de sus parejas y asegurarse cierta seguridad económica que les permita desarrollar sus planes de vida y asegurar un futuro para sus hijos. Las múltiples vulneraciones a sus derechos que han sufrido las mujeres en Colombia y la situación de inequidad que todavía vivimos hacen necesario que la perspectiva de género sea un eje permanente en la implementación de los acuerdos de la Habana. Los acuerdos presentados en la Habana con respecto a los puntos sobre el derecho a la tierra abren un campo de esperanza para la promoción de políticas públicas que contribuyan a la superación de las barreras que todavía existen para las mujeres en nuestro país. (Vea también: La mujer y la verdadera familia colombiana)

Como mujer y como colombiana aplaudo que la subcomisión técnica haya desarrollado este trabajo sobre todos los puntos de la agenda de negociaciones para incluir disposiciones que promuevan la perspectiva de género y reconozcan las graves vulneraciones a los derechos de las mujeres víctimas del conflicto, sin embargo se debe reconocer que los acuerdos de la Habana son el primer paso para la terminación del conflicto armado en Colombia, pero que la construcción de la paz y la garantía de nuestros derechos como mujeres será un compromiso mucho más largo.

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[1] Reporte Women, Bussiness and the Law 2016. Banco Mundial.

[2] Reporte Shelter 2016. Ending Gender Inequality in Land Rights. Habitat for Humanity