Pavimentando la riqueza ecológica de la Sabana de Bogotá

Fuente: La Silla Vacía 

Por Andrea Prieto Geógrafa, Mag. En Estudios Socioambientales

El aumento de la demanda de suelo, agua y materiales geológicos para favorecer el proceso de urbanización de la Sabana, está afectando tanto los recursos mencionados, como otros ecosistemas asociados y las dinámicas sociales tradicionales de esta región.

Cuando se habla de la Sabana de Bogotá se piensa: si tantas personas viven, trabajan y se desplazan allí, es porque tiene los recursos (naturales, sociales, económicos, de infraestructura) suficientes para sostenerlos. Y aunque en cierta medida es verdad, la creciente presión ejercida sobre los recursos naturales, puede cambiar drásticamente esta realidad.

En la búsqueda de suelo para poder urbanizar y producir, por ejemplo, se ha llevado a cabo un proceso de deforestación histórica y actual, afectando inicialmente los ecosistemas de bosque andino bajo (vegetación de las áreas más planas), disminuyendo y desapareciendo especies vegetales como palo blanco, raque, arrayán, cerezo, aliso, espino, cucharo, llorones, cedrillo, zarzaparrilla, chuque, tuno, mano de oso, roble.

Este tipo de vegetación –y todo el sistema ecológico asociado-, ha sido reemplazado por zonas urbanas e industriales, pastizales con ganado, invernaderos de flores y algunos cultivos de hortalizas.

El bosque altoandino y los páramos, ubicados en las áreas más altas del sistema montañoso, con unas condiciones de humedad atmosféricas bastante altas y que son las zonas de nacimiento y recarga de agua de las múltiples cuencas que alimentan la Sabana, no escapan de esta presión.

A través de la tumba y quema de vegetación, se ha venido “arreglando” el espacio para la plantación de pasto para ganado lechero, el cultivo de papa y hortalizas, la explotación de canteras y la construcción de viviendas y vías. Se suma a esto la presión por la plantación e incursión de especies no nativas como pinos, eucaliptos y retamo espinoso, este último una especie invasora muy resistente que está ocasionando perturbaciones severas al desplazar especies nativas y al facilitar la expansión de incendios en las áreas donde se encuentra.

Los ecosistemas de humedales también está en proceso de desaparición, no sólo por su relleno para aumentar las tierras de pastoreo o para urbanización, sino también por procesos de sedimentación (generada por la deforestación de las cuencas) y por la colmatación orgánica (producida por el desarrollo acelerado de la vegetación acuática –eutrofización- a causa del vertimiento de aguas negras y de los excrementos vacunos que pastorean dentro o en sus orillas[i]).

Estos ecosistemas transformados, además de soportar viviendas, también se ven presionados por el desarrollo de megaproyectos de infraestructura en sus áreas propiamente dichas o sus zonas de amortiguación, señalando casos concretos como los proyectos del aeropuerto El Dorado II y algunas torres del proyecto de trasmisión de energía Nueva Esperanza sobre áreas del humedal Moyano en Madrid y Facatativa.

La presión también se da sobre otros importantes ecosistemas de la región, a pesar que muchos de ellos están salvaguardados legalmente bajo figuras de protección ambiental como Parques Nacionales Naturales (Sumapaz y Chingaza), Reservas Forestales Protectoras y Protectoras-Productoras (Bosque oriental de Bogotá, Cuenca Alta del río Bogotá, Pantano Redondo y nacimiento del río Susaguá, Pionono, Laguna del Cacique Guatavita y cuchilla de Peñas Blancas), Distritos de Manejo Integrado (Nacimiento del río Subachoque y pantano de Arce, Cerro Juaica, Juaitoque), Reservas Naturales Hídricas (Humedal de la Laguna de La Herrera) y Reservas Naturales de la Sociedad Civil (Refugio de Techotiva, San Cayetano), por nombrar algunos.

La sustracción de áreas declaradas de protección es una de las formas en que empresas y actores privados adquieren los permisos para la implementación de megaproyectos en estas áreas, como se puede evidenciar en el caso de la reserva forestal protectora – productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá: para la construcción del condominio campestre Macadamia, se sustrajeron un poco más de 13 hectáreas (ha) (Resolución 1327 de octubre de 2013); para la construcción del corredor vial Perimetral de Oriente se sustrajeron de forma definitiva más de 3 ha (Resolución 0453 de marzo de 2018); o para la implementación de proyectos transmisión de energía eléctrica (Chivor II-Norte 230 kV, Subestación Norte 230/115 kV y Subestación Norte 500 kV) se aprobó la sustracción de manera definitiva y temporal de un poco más de 7 ha (Resoluciones 0619, 0620 y 0968 de 2018).

Esta reserva pasó de 245.147 ha en 1976 a 93.728 ha en 2014, por procesos de realinderación y sustracciones aprobadas por el Ministerio de Ambiente, extensión que sigue disminuyendo con las sustracciones que, como las señaladas, se siguen autorizando. Esto lleva a preguntarse ¿hasta qué punto sirven realmente este tipo de figuras ambientales para proteger ecosistemas estratégicos? ¿Existe un límite total de hectáreas permitidas a sustraer de una reserva?

Si bien la Sabana de Bogotá fue declarada “de interés ecológico nacional” (art. 61 Ley 99/93), este reconocimiento no limita su uso a la conservación, este permite realizar acciones de manejo forestal, construcción y mantenimiento de infraestructura y actividades agropecuarias, pero dichas acciones deben propender por conservar las coberturas naturales, el paisaje agropecuario y forestal característico de la Sabana de Bogotá y el recurso hídrico superficial y subterráneo, así como establecer y mantener la conectividad de los mismos. Estas condiciones no se cumplen.

Según datos estadísticos del DANE, esta región concentra alrededor del 20% de la población del país, de la cual el 80% está asentada en espacios urbanos (sin contar Bogotá, que llevaría el dato al 96%). Esto indica un uso dominantemente urbano, el cual continúa en aumento: “[…] desde 2011 hasta 2016, según Fedelonjas Bogotá, se generaron cerca de 400 proyectos inmobiliarios en municipios como Funza, Madrid, Mosquera, Chía, Cajicá y Zipaquirá.

A esto, se suma las más recientes cifras de Camacol, las cuales arrojaron que solo en 2017 se vendieron cerca de 22.500 unidades de vivienda nueva”[ii]. Actualmente existen alrededor de 17.000 unidades disponibles.

El proceso de urbanización que se ha pensado y establecido sobre esta región es principalmente hacia afuera, es decir no compactando las ciudades sino promoviendo megaproyectos de vivienda hacia territorios rurales, generando mayor impacto y presión sobre los recursos naturales y los paisajes agropecuarios, forestales y de agua.

Pero la urbanización no solo se expande con la construcción de viviendas, también llegan nuevas empresas e industrias buscando aprovechar las vías, los servicios y la mano de obra en expansión, así como regulaciones no tan rígidas en el uso del suelo, las cuales también contribuyen con el deterioro del paisaje: destrucción de cobertura vegetal, aumento de la contaminación de agua, suelo y aire, generación de ruido, generación de residuos.

A medida que se va urbanizando más, se va incrementando el valor del suelo, sobre todo de aquellos más cercanos a la capital y que cuenten con la mejor infraestructura vial y de servicios, y –en algunos casos- paisajes agradables para el disfrute y el “confort” ambiental.

Esto, conlleva a que los espacios más asequibles en términos económicos, estén más alejados a los centros urbanos, y quienes viven en ellos (poblaciones de estratos más bajos) deban trasladarse mayores distancias para alcanzar los servicios que necesiten (trabajo, servicios, recreación).

Este proceso de aumento del valor de suelo está acompañado de dos procesos: la especulación del suelo y el volteo de tierras.

El primero hace referencia a la compra de terrenos que se cree o se sabe van a subir de precio, para venderlos más caros y obtener una ganancia rápida, y el segundo a la modificación irregular de los Planes de Ordenamiento Territorial para pasar suelos rurales a suelos urbanos.

La incorporación legítima de suelos rurales a urbano, según el PND, permite facilitar el desarrollo de proyectos de vivienda gratuita promovidos por el Ministerio de Vivienda.

Sin embargo, quienes realmente han venido aprovechando este “volteo” han sido dueños de los terrenos rurales y empresas constructoras con el apoyo de autoridades municipales y autoridades ambientales regionales.

Esto lo evidencian las múltiples investigaciones que realiza la Fiscalía por estos casos de expansión urbana inconveniente, intervención urbanística de suelos rurales y corrupción en municipios como La Calera, Chía, Soacha, Madrid, Funza, Cajicá, Mosquera, Tocancipá, Cota, Facatativá, Zipaquirá, Tabio, Tenjo y Sopó^[iii].

Las consecuencias de la intensa urbanización (según el IGAC, para el 2016 alrededor del 60% de esta zona ha reemplazado sus cultivos de papa, flores y cebolla por ladrillos, cemento o lotes de engorde para futuros proyectos urbanísticos^[iv]) y la mala gestión del suelo, se ven reflejadas en un acaparamiento de tierras, un incontrolado aumento del valor y una escasez de tierras, así como en la existencia de urbanizaciones sin servicios de agua, alcantarillado y energía, grandes trancones en lugares donde no los habían, perturbación de ecosistemas, afectación de la calidad de vida de los habitantes y una presión a nuevas áreas para que suplan los recursos que se van acabando: agua, tierra, alimentos, espacios para desechos.

Otra consecuencia que poco se menciona es el hundimiento: el secamiento de las reservas hídricas del suelo y el subsuelo; las extracciones de aguas freáticas para construcción de sótanos de edificios; el aumento de cargas sobre el suelo por el peso de las nuevas construcciones; y las variaciones en los niveles del terreno en épocas de sequía y lluvia, por efectos de contracción y expansión superficiales, están generando un hundimiento de terrenos en la Sabana, con datos en Bogotá que van desde 1 hasta 7,5 cm al año^[v]. ¿Qué pasará si se siguen desecando los terrenos y agregando más peso sobre él?

Por todo esto, la urbanización de las áreas suburbanas y rurales de la Sabana requiere la existencia e implementación de una normatividad clara y articulada, tanto con el sector ambiental para impedir que las nuevas áreas incorporadas al suelo urbano se degraden con la misma rapidez y magnitud con que lo vienen haciendo, y con el sector de servicios públicos y equipamientos para garantizar la prestación de servicios antes de dar las licencias de construcción.

Pero antes de esto, es necesario hacer estudios técnicos sobre la capacidad de carga de los territorios, respetando los límites naturales de la región y analizando las posibilidades, áreas y proporciones de crecimiento urbano. Es indispensable recordar y respetar el “interés ecológico nacional” reconocido para la región, y repensar lo ambiental como algo esencial para la vida social y económica de la Sabana, y no solamente como un elemento a diagnosticar para obtener licencias.