Margarita Florez, Directora de la Asociación Ambiente y Sociedad
Los colombianos no podemos permitir que día a día se nos notifique “a cuenta gotas” actos administrativos que están determinando el ordenamiento territorial a través de licencias o títulos para hacer obras, exploraciones, explotaciones o cualquier otro tipo de proyectos “supuestamente” indispensable para el desarrollo del país. No podemos permitir que vengan con el cuento de que la licencia no tocará las reservas, y que pasaría por el “ladito”… queremos y exigimos que si nos cuenten el impacto ambiental acumulado de muchas intervenciones en un territorio.
Las noticias que afectan nuestro territorio aumentan día a día, hace pocas semanas nos enteramos de la construcción de una carretera que afectaría a la Ciénaga Grande, ya de por sí en estado crítico según dicen científicos, y no ambientalistas radicales. En el plano distrital se dice que más de 25 artículos científicos, y una declaratoria de reserva forestal no constituyen un obstáculo para la urbanización.
Ahora, ya se conoció la resolución que concede licencia para explorar y después explotar más de 150 sitios para pozos petroleros nada menos que en el área donde nacen ríos como el Guayabero, Duda, Lozada es decir en La Macarena. ¿Nos podrían indicar alguna autoridad si hay una ubicación exacta de las áreas donde operarán los taladros? ¿Qué pasa con las aguas subterráneas en una zona donde nacen los ríos citados arriba? ¿Cuál es la información geológica de la que se dispone? ¿Alguna zona hace parte de los que se conoce como Escudo Guyanés? ¿Nos pueden decir si ese petróleo va a ser conducido a través el poliducto del Pacifico, otra megaobra en ciernes? ¿A cómo se venderá ese petróleo, serán más bajos que los precios de ahora?
Esta clase de actividades productivas merecen un debate nacional no a posteriori sino anterior a la toma de decisiones. Es necesario que la academia se pronuncie sobre la calidad de los datos de los estudios de impacto ambiental. Es necesario que haya un debate con las comunidades, es necesario que se adopten evaluaciones ambientales estratégicas porque la cantidad de proyectos en casi todo el país es apabullante, y no se puede ir proyecto pro proyecto.
Acá no podemos seguir expidiendo licencias, títulos sin pensar en las consecuencias jurídicas que tiene los actos administrativos en un marco de Tratados de Libre Comercio que privilegian los derechos del inversionista y que son la base de las reclamaciones que están haciendo mineras por la declaratoria del Parque Nacional Natural Yaigojé-Apaporis. El estado es el demandado, y los colombianos de las presentes y futuras generaciones quienes tengan que cancelar las indemnizaciones después de que salgamos condenados.
Mientras en La Habana se habla de paz creemos que estos hechos no favorecen para nada la prédica oficial, y más bien son semillas que desencadenan reacciones en la población.
