Por: Karen Pinto Garzón
En una coyuntura en la que se está debatiendo a nivel mundial las metas sobre el cuidado de la diversidad biológica para los próximos 10 años -a través del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), firmado por 196 países-, y se acaba de elegir un nuevo Gobierno Nacional, es fundamental tomar en cuenta lo que dicen que los expertos del área sobre la grave tendencia al deterioro de la biodiversidad en Colombia.
La realidad es que el Gobierno electo se tropieza con varios y grandes retos en materia socioambiental. Y para lograr combatirlos es necesario que los tomadores de decisiones construyan y desarrollen las soluciones a partir de la información científica -que explica los motivos, las consecuencias y las respuestas de la pérdida de la biodiversidad-, y que, además, promuevan una adecuada difusión de esos contenidos para generar un aprendizaje social en términos de conservación, que tanto el país como el mundo entero necesitan.
Así lo indica la bióloga María Elfi Chaves, quien lleva trabajando en temas de conservación por más de 35 años. Desde de 1997, la experta se ha enfocado en apoyar procesos de información y divulgación científica generada a partir de procesos de investigación y conservación: “Para lograr una adaptación al cambio climático, es esencial difundir todo el material de investigación relacionado, ya que es una de las formas de aprendizaje social que se requiere con urgencia. Y, para tomar decisiones adecuadas, hay que partir de esa información científica, basada en la experiencia, que es clave para un uso sostenible de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos”.
Entre los más recientes aportes de Chaves está el haber sido una de las editoras de la Evaluación Nacional de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, realizada por 105 expertos y publicada en 2021. Un estudio importantísimo a nivel nacional y regional ya que, además, es el primero que se realiza en toda América Latina. Aunque su elaboración es un grandioso aporte y una buena noticia, su principal conclusión no lo es: en el documento se indica que Colombia mantiene una “grave tendencia al deterioro de su biodiversidad”, y la deforestación es la principal causa relacionada a esta pérdida y a la de sus servicios ecosistémicos.
Además, la experta, que fue subdirectora del Instituto Humboldt, hizo parte de la edición del resumen para los tomadores de decisiones de ese extenso estudio, en el que se resaltan cuatro mensajes para los actores gubernamentales, ya que siempre es necesario destacar cierta información para incentivar el interés. El primer mensaje indica que “Colombia como país megadiverso, pluriétnico y multicultural ha cimentado el bienestar de su gente en la naturaleza, con un conocimiento incipiente de esta y sin la debida valoración”.
Eso quiere decir que los colombianos “seguimos dependiendo de la naturaleza como país, sin embargo la conocemos muy poquito, y definitivamente la valoramos muy poquito”, sostiene la experta, y explica que no se están “internalizando” los costos que la pérdida de la biodiversidad implica para el país, por lo que existe una baja inversión para el cuidado del medio ambiente.
Eso quiere decir que los colombianos “seguimos dependiendo de la naturaleza como país, sin embargo la conocemos muy poquito, y definitivamente la valoramos muy poquito”, sostiene la experta, y explica que no se están “internalizando” los costos que la pérdida de la biodiversidad implica para el país, por lo que existe una baja inversión para el cuidado del medio ambiente.
De hecho, la inversión estatal para el medio ambiente y conservación de biodiversidad es mínima, según la Contraloría General de la Nación, “para la anualidad 2020, los recursos públicos apropiados en el Presupuesto General de la Nación para financiar los gastos del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible continúan siendo exiguos, sólo tiene una participación del 0,24% en el total del PGN”, siendo uno de los sectores más desfavorecidos en relación a los demás sectores administrativos.
Las consecuencias negativas de esto son múltiples, y entre ellas está la económica. Según el documento de la Evaluación Nacional, de seguir a este ritmo, en 2030 Colombia podría perder alrededor de 1,5 billones de pesos del Producto Interno Bruto (PIB) y entre 1.034 y 1.670 millones en ahorros genuinos; en 2014 se contaba con 58,8 millones de hectáreas de bosque, mientras que a 2030 la cifra podría reducirse a 48,8 millones de ha.
Sin las regulaciones necesarias
Tampoco existen regulaciones y sanciones suficientes para los distintos procesos que provocan la pérdida de la biodiversidad. Porque justamente otro de los grandes problemas es que “en Colombia no es obligatorio hacer estudios de impacto ambiental para el establecimiento de cultivos agroindustriales”, a pesar de que, como indica Chaves, “los sectores productivos requieren urgentemente de dichos análisis”.
Como ejemplo clave está el de la pérdida de agua: “Uno de los servicios ecosistémicos que presta la biodiversidad es la regulación en cuanto a la cantidad y la calidad del agua. Y el agua es indispensable para todas las actividades agropecuarias, incluyendo la agroindustria”, menciona Chaves. El problema es que, por ejemplo, la palma de aceite es el cultivo agroindustrial que más agua requiere.
En pocas palabras, pese a que es una actividad con gran impacto en los ecosistemas, el cultivo de palma de aceite no está regulado en términos de impactos negativos medioambientales.
Precisamente, uno de los principales motores de mayor incidencia en la transformación de distintos ecosistemas del país es “la consolidación de enclaves productivos como el cultivo de palma de aceite”, además de “la transformación del uso del suelo por expansión de frontera agrícola y ganadera, el desarrollo petrolero en el caso de los llanos orientales, e igualmente el desarrollo de proyectos de infraestructura y la expansión urbana”, según la Evaluación Nacional de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos.
“Si no se tiene una visión integral y no se hace un análisis integral de los costos que unos productos agroindustriales, como la palma de aceite o la caña, están generando en términos de pérdida de la biodiversidad -y, por lo tanto, en términos de pérdida para la sociedad colombiana y su economía-, no vamos a llegar nunca a ninguna solución para disminuir las tendencias de degradación nacional. El inconveniente, entonces, no es una persona que corta monte para vender su pedacito de tierra”, apunta la ex-subdirectora del Instituto Humboldt.
En este nuevo escenario social y político, en el que acaba de elegirse un nuevo Gobierno, existen numerosos retos como el incremento de la deforestación, con 500 hectáreas de bosque taladas al día y, en promedio, 170.000 cada año -siendo la Amazonía la región en que se concentra casi el 65% de esta actividad-, según los últimos datos proporcionados por la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente.
Particularmente, la deforestación se presenta como la principal forma de degradación y pérdida de hábitat, amenazando la contribución de la naturaleza para la regulación climática. Y sus principales causas “son la expansión de la frontera agropecuaria, robo y especulación de tierras y cultivos ilícitos, minería ilegal, construcción de infraestructura y áreas urbanas y tala ilegal”, conforme se detalla en la Evaluación.
Por lo tanto, Chaves considera que el nuevo Gobierno debe plantear una forma de tomar decisiones que sea transformadora e integral. “Mientras no haya una voluntad política y un proceso de concertación del país a través de la generación de políticas integrales, no de tal sector u otro -que es una forma de ver la realidad muy limitada-, adecuando el marco legal en Colombia -que es más que suficiente, pero no se aplica-, o en la medida en que no haya sanciones para todos esos impactos que se están generando, o que las tasas de uso del agua sean exiguas, no vamos a lograr frenar los impactos”, explica.
Hay que entender que las políticas integrales son aquellas construidas desde la diversidad, incluyendo a todas las comunidades locales, indígenas, campesinas, mestizas, afrodescendientes, raizales y palenqueras que tienen formas de relacionamiento con la naturaleza que se basan en un amplio conocimiento de conservación.
Porque, como explica la bióloga colombiana, “existe la necesidad de reconocernos como una diversidad biocultural, y la multiplicidad de grupos comunitarios debe estar en las mesas de diálogo, incluyendo a los sectores productivos, como el de la minería, o los sistemas agropecuarios y agroindustria”. Y, por supuesto, es imperante incluir la mirada científica, que es la que ayuda a detectar los problemas y generar soluciones en un panorama preocupante y amenazador para la biodiversidad del país, su economía y todas sus formas de vida.