El abandono que ha tenido el Gobierno con las ciénagas del país ha sido demostrado con los más de 17 kilómetros de la Ciénaga Grande transformados para el ganado. Ahora, Cartagena le pide al Gobierno que ayude a salvar su Ciénaga de la Virgen.
Desde hace algunos años, la segunda ciénaga más grande del Caribe colombiano está siendo depredada por los escombros que dejan las constructoras y el aumento de la elevación de la cota para cambiar el uso del suelo y poder negociarlo. A lo que se suma una ocupación de la zona costera, que además de destruir la zona reservada, pone en riesgo a más de 551 viviendas.
Ante esto, el ambientalista y abogado cartagenero Rafael Vergara había presentado una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Bolívar desde el año 2011, donde pedía al Gobierno proteger la Ciénaga de la Virgen. Y aunque el Tribunal obligó al alcalde a presentar un plan de reubicación de la población amenazada, no involucró al Gobierno Nacional como responsable de la desprotección de esta zona. Ahora el abogado presenta una apelación ante el Consejo de Estado.
Según Vergara, la acción popular pedía a la justicia que se obligará al presidente a cumplir con el deber que tienen las Fuerzas Armadas de proteger el patrimonio ecológico de la Nación y por esto se solicitaba la creación de una unidad especializada permanente que elaborara estrategias integradas y restableciera la ley. Con esto se buscaba evitar la destrucción del manglar, dejar de entorpecer el intercambio mareal y proteger a la población que ocupa la zona ante un incremento en el nivel del mar.
Por esto, entre las exigencias que se presentaron estaba la reubicación de las poblaciones en riesgo bajo condiciones dignas. Ante lo que el fallo impugnado respondió dándole un tiempo al alcalde para presentar un plan viable. No obstante, la mayor queja del abogado es que no puede aceptar un fallo donde no se asuma la responsabilidad del Estado Central ante este problema, y solo se deje la responsabilidad en manos del alcalde.
“No podemos aceptar pasivamente que en el fallo del Tribunal se ignore la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación. El fiscal debe ser quien conmine a sus funcionarios para que, de oficio, el CTI investigue y desarticule conciertos para delinquir que se configuran talando mangle e invadiendo, cambiando el uso del suelo y negociando con el delito consentido”, afirma Vergara.
Su propuesta es, entonces, definir un plan de acción que tenga impacto a nivel nacional en la represión de acción delictiva y protección efectiva de la integridad del territorio y los recursos que lo configuran.
“Que en todo el territorio el alcalde del Distrito active la policía ambiental y lidere un ecobloque para coordinar las acciones de control y prevención de los distintos entes con competencias y obligaciones ambientales”, explica Vergara.
