29 de marzo de 2022

Por Karen Pinto

  • Ambientalistas, indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros, campesinos, pescadores artesanales y firmantes de paz envían una contundente denuncia al BID, en el marco de su Reunión Anual 2022 que se desarrollará del 28 de marzo al 1 de abril.
  • Exigen a las instituciones financieras internacionales que transformen sus valoraciones sobre lo que es el desarrollo y las vías para lograrlo, teniendo en cuenta el enfoque territorial, étnico y de género que garantiza el goce efectivo de derechos y la protección ambiental.

 

Más de 20 organizaciones de la sociedad civil colombianas hacen un fuerte llamado de atención al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A través de una declaración, denuncian su exclusión en la Reunión Anual 2022 del BID, que se desarrollará de forma virtual del 28 de marzo al 1 de abril con sede en Washington D.C. Y exigen un cambio en el modelo de desarrollo promovido por el banco, ya que, según se menciona, ha causado la vulneración de derechos humanos y múltiples impactos ambientales y sociales negativos en diferentes territorios del país.

El BID es la principal fuente de financiamiento de América Latina y el Caribe, y en sus reuniones anuales se tratan temas relevantes sobre el desarrollo de la región. Por ello, a las organizaciones que se pronuncian les parece inaceptable que la entidad excluya del proceso de toma de decisiones a las comunidades afectadas, directa o indirectamente, por los proyectos que respalda.

Solo en Colombia, el Grupo BID aprobó un monto de más de 2.287 millones de dólares en préstamos para apoyar, de 2019 a 2022, diferentes iniciativas de transporte, energía o comercio, entre otros. Convirtiéndose en el tercer país de la región que ha recibido mayor financiamiento a lo largo de su historia. Pero también es una de las naciones con más conflictos socio ambientales del mundo, contando con al menos 163 casos, según los últimos datos del Atlas de Justicia Ambiental.

En ese sentido, las organizaciones y comunidades colombianas -Pueblos Indígenas, Pueblos Indígenas en  Aislamiento  Voluntario  y Contacto  Inicial, Afrodescendiente, Raizal y Palenquero (NARP), el sector pesquero artesanal y los firmantes de paz-, se unen para exigir al BID y a otras instituciones financiares que transformen sus valoraciones sobre lo que es el desarrollo y las vías para lograrlo, teniendo en cuenta el enfoque territorial, étnico y de género que garantiza el goce efectivo de derechos y la protección ambiental.

Exigencias

Entre las denuncias, también destaca la falta de acceso a la información sobre los proyectos, ya que sin esta las comunidades no pueden estar al tanto y actuar a tiempo. “Para nosotros es muy importante conocer previamente la implementación de las iniciativas del BID para identificar cuáles son los riesgos a los que estaremos expuestos cuando estén ejecutando ciertas iniciativas dentro de nuestros territorios. Así podríamos adelantar acciones para que se reconozcan nuestros derechos, menciona Carlos López, líder de la Asociación de Cabildos Indígenas del Municipio de Villagarzón Putumayo (ACIMVIP).

Precisamente, en el municipio de Putumayo se adelanta la construcción de la Vía San Francisco-Mocoa, financiada por el BID, que, según Elvira Josa, lideresa indígena de la Asociación de pensamientos ancestrales ‘Oh Corey’, presenta muchas dificultades porque el proceso carece de la participación efectiva de los pueblos indígenas. Tomando en cuenta que se desarrolla en un territorio ancestral, “se deberían proponer iniciativas conjuntas para no afectar la vida y los recursos naturales”.

Otro de los proyectos respaldado por el BID es la Alianza Público Privada (APP) para el río Magdalena, que busca garantizar la navegabilidad por el río a lo largo de 668 km, desde Barrancabermeja, Santander, hasta Bocas de Ceniza, Barranquilla, consolidándose como una ruta para el transporte de carga, de acuerdo con el Ministerio de Transporte. No obstante, de este proyecto se derivan diferentes afectaciones para los pueblos aledaños.

“Sabemos que la APP para el río Magdalena nos causará problemas ambientales y sociales. Para nosotros el río es un ser vivo. Perjudicarán al ecosistema, a nuestra cultura y a nuestro sustento de vida, que es la pesca artesanal”, asegura Libia Arciniegas, lideresa la Federación De Pescadores Artesanales Y Ambientalistas del departamento Del Cesar. El mayor problema, indica, es que desconocen qué se hará realmente con el proyecto, cuáles serán las consecuencias y qué pasará con ellos y sus trabajos a corto y largo plazo.

Otras problemáticas

Por su parte, Milton Caicedo, coordinador de relaciones internacionales de el Proceso de Comunidades Negras (PCN), menciona que la Terminal de contenedores de Buenaventura TcBuen S.A., que fue financiada por la Corporación Financiera Internacional, el brazo que apoya al sector privado del Banco Mundial, “ha afectado la cotidianidad  de  la  comunidad”.  “El  Estado  colombiano  otorgó  la  licencia  para  su construcción sin el debido proceso de consulta previa, omitiendo que ahí habitan víctimas del conflicto armado desde hace muchos años”.

Además, Caicedo señala que “se les prohíbe a las personas acercarse al puerto y los pescadores tienen problemas para obtener su alimentación, y empezaron a escasear distintas especies marinas”. Por esas razones han realizado varias investigaciones y audiencias, no para eliminar el proyecto, sino para que garanticen los derechos ambientales, territoriales, sociales y económicos a la comunidad del sector.

En definitiva, en esta declaración, que ya fue enviada previamente al BID, se solicita generar e implementar normas, políticas y acciones vinculantes que estén alineadas con los acuerdos internacionales de derechos humanos, y los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros, campesinos y pescadores artesanales. Así como también que se fortalezca la debida diligencia en todo el ciclo del proyecto del Banco y que se reconozca la responsabilidad frente a los daños sociales y ambientales generados por los proyectos implementados en el país.

“Consideramos que es fundamental la participación de la ciudadanía en espacios de toma de decisión. Teniendo en cuenta que el BID enmarca su objetivo institucional en alcanzar el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, es importante recordar que un desarrollo sin la participación ciudadana no puede ser sostenible, más aún cuando hay actores de la sociedad que están siendo afectados directamente por los proyectos que financia el Banco”, menciona Vanessa Torres, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad, una de las organizaciones de la sociedad civil firmante de la declaración, que ha monitoreado por más de 10 años el rol del BID en Colombia. clic aquí para leer la declaración.