- Denuncian que el Pacto de Leticia, no incluye las soluciones que aseguren la sostenibilidad de la Amazonía, uno de los principales ecosistemas del cual depende la humanidad.
- Preocupa que las medidas propuestas en el Pacto de Leticia afecten zonas social y ambiental altamente sensibles.
En 2019, los gobiernos de Perú, Colombia, Brasil, Guyana, Surinam, Ecuador, y Bolivia firmaron el Pacto de Leticia, con el objetivo de frenar la deforestación y las actividades ilegales con el soporte de recursos financieros. Sin embargo, se ha observado que su diseño, en la práctica, lo configura como una amenaza a las comunidades tradicionales, y pueblos indígenas de la región.
En ese marco, más de 70 organizaciones de sociedad civil de Latinoamérica y otras regiones se pronuncian sobre el Pacto de Leticia, con el objetivo de hacer llegar sus pedidos a los representantes de los estados y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y se reformule el pacto hacia una mirada intercultural, con enfoque de derechos humanos, con gobernanza socioambiental, y que integre la cuenca amazónica como un ecosistema que actualmente sufre una crisis sin precedentes.
Al respecto, el pacto también pone en riesgo los esfuerzos de contrarrestar la deforestación. Recordemos que en el 2020 la Amazonía perdió cerca de 2.3 millones de hectáreas de bosques en los 9 países amazónicos, una cifra más alta que en el 2019. A su vez, al dejar fuera de la creación del pacto a los pueblos indígenas, comunidades tradicionales; no se está tomando en cuenta, la situación que atraviesan los defensores y defensoras ambientales e indígenas. Actualmente se ha notado un incremento de la violencia en la cuenca amazónica; Brasil, Colombia y Perú son los países más peligrosos para las personas que defienden la naturaleza y el territorio; situación que debe ser tomada en cuenta, si se quiere promover una Amazonía segura y protegida.
Por otro lado, uno de los principales socios del pacto actualmente es el BID. A la fecha se plantea transferir a los gobiernos amazónicos la suma de 334 mills USD aproximadamente, mediante iniciativas como; el Programa Estratégico Semilla para la Amazonía el (20 mlls USD), el Fondo de Múltiples Donantes para la Bioeconomía y los Bosques de la Amazonía (35 mlls USD) y el Fondo para la Bioeconomía de la Amazonía (279 mlls USD), este último fue probado por el Fondo Verde por el Clima. Al respecto, la bioeconomía, actualmente es una corriente de inversión poco conocida, y “no está claro cuáles son las metas asumidas para contrarrestar la deforestación y restauración forestal y cómo enfrentar las actividades depredadoras y el cambio de uso del suelo en base a la bioeconomía”, señala Claudio de Oliveira del Grupo de Trabajo de Infraestructura.
En base a esta relación, el pronunciamiento se lanzó en el marco del evento organizado por OSC el día 30 de marzo, denominado “El rol del Banco Interamericano de Desarrollo en el contexto post pandemia: Desafíos y Oportunidades para una recuperación más justa y sostenible”, el cual tuvo como objetivo, presentar las observaciones de sociedad civil sobre las falencias, vacíos que tiene el BID dentro de la implementación de sus préstamos en la región; así evidenciar la falta de espacios de participación para sociedad civil en la reunión anual del banco. En este espacio, Denisse Linares, especialista del programa Amazonía de DAR (Perú), resaltó que “el Pacto de Leticia no consideró tener un diálogo intercultural con los pueblos indígenas. Tampoco aborda en su narrativa los grandes problemas de la Amazonía y las iniciativas que ya tienen los pueblos, como sus planes de vida. Por ello, indicó que el pronunciamiento que hoy publican las organizaciones de la sociedad civil hace un llamado al BID para que financie respetando los derechos humanos y ambientales.”
En ese sentido, dichas iniciativas también implican un riesgo, ya que se están aprobando con las mismas deficiencias que el pacto. Por lo que es necesario decirle al Bid que se requiere que las instituciones financieras cambien la lógica de mercado de explotar la naturaleza. Por ello, las comunidades tradicionales, afrodescendientes, y otras organizaciones de sociedad civil de América Latina exigen a los representantes de los estados cambios como:
- Proceso de diálogo multiactor de revisión del pacto y sus estrategias de implementación.
- Transparentar la planificación del pacto a nivel nacional.
- Inclusión de instrumentos, estrategias para garantizar el reconocimiento y regularización de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales.
- Inclusión de las iniciativas de los pueblos indígenas para la protección de la Amazonía.
- Protección de las defensoras y defensores ambientales e indígenas, siendo el Acuerdo de Escazú un elemento clave para el desarrollo del pacto.
- Incorporación de una visión inclusiva sobre la bioeconomía.
- Construir una estrategia clara e innovadora sobre infraestructura sostenible e inclusiva.
Finalmente, es necesario que se desarrolle el debate sobre el Pacto y las iniciativas del BID a nivel regional con los representantes de los estados, de manera que se propongan soluciones integrales y respetando los derechos de todas y todos.