Un acuerdo de paz no asegura que en un país en donde existe un modelo extractivista se logre una mayor tranquilidad para las poblaciones de campesinos e indígenas.
Así lo afirmó Julio Fierro Morales, profesor de la Facultad de Ingeniería y del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia (IDEA) en su presentación, durante la Cátedra Manuel Ancízar de la U.N., que en esta ocasión tuvo como temática el conflicto armado y el medioambiente.
Este modelo, según el académico, trasciende fronteras de izquierda y derecha que siguen desplazando poblaciones para beneficiar empresas transnacionales.
Durante la cátedra, el conferencista mostró desde su perspectiva de geólogo los impactos ambientales y sociales de la minería y del modelo extractivista en Colombia, que establece relaciones entre empresas y gobiernos en las que se dan asimetrías en contra de los intereses de las comunidades, particularmente campesinos e indígenas.
“El ejército tendrá que continuar enfocado en el cuidado de las empresas transnacionales que operan en Colombia”, aseguró el profesor, quien agregó que desde el 2011 el Ministerio de Defensa expresó que el 30 % del esfuerzo militar estará destinado a la protección de la estructura petrolera y minera.
Asimismo afirmó que las normas sobre políticas de restitución de tierras no son claras. Caso contrario se da en el sector minero, en el que existen una serie de normas enfocadas al cuidado de estas empresas.
Tal situación repercutirá en una mayor intranquilidad de las personas y un mayor desplazamiento, pero esta vez forzado por una violencia indirecta ejercida por las empresas.
“Actualmente son decenas de miles los desplazados de regiones del Cesar y la Guajira, especialmente en este último departamento, en donde miles de personas han salido de sus territorios afectados por la contaminación”, aseguró el conferencista, quien también advirtió que la afirmación de que este sector es el que va a financiar el posconflicto, no parece ser cierto.
Los que menos pagan
Lo anterior se fundamenta en datos tributarios de la compañía Drummond, una de las empresas más grandes de extracción de carbón del país, la cual pagó 0 pesos de impuestos de renta en 2014, por el proyecto de La Loma en el Cesar, y solo 34 millones de pesos de renta, en el mismo año, por el proyecto El Descanso. “Con estas cifras se cae el argumento que se tiene, de seguir destrozando el territorio y desplazando a las autoridades para financiar un supuesto posconflicto”, resaltó el profesor Fierro.
Además de estas circunstancias, lo que se ve en el país es una escalada de represión hacia las comunidades que pretenden defender sus territorios, señaló.
Para el académico esto implica dos reflexiones en términos de ciudadanía: una tiene que ver con los patrones de consumo y la otra con qué modelos y qué gobernantes se están eligiendo.
Por último resaltó que es muy importante que desde la academia se generen datos para un conocimiento que lleve a soportar la toma de decisiones políticas que no vengan desde los intereses empresariales.
