Marco Social y Ambiental: La nueva política de derechos humanos del Banco Mundial

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Autora: Laura Montaño – Investigadora Asociación Ambiente y Sociedad.

La banca multilateral, por intermedio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial (BM), ha desempeñado un papel muy importante en las políticas de los países en desarrollo y menos desarrollados al preparar estrategias, proyectos y asistencias, al determinar líneas sobre las cuales acuerda los tipos de proyectos que financia, así como al clasificar países y regiones según sus matrices financieras.

El Banco Mundial tiene una gran presencia financiera en América Latina y, por tanto, su influencia en los proyectos y megaproyectos en el ámbito regional es igual de alta. De acuerdo con su último informe anual (2019), la inversión total que hizo el Banco fue de 62.300 millones de dólares en préstamos, donaciones, participaciones en capital accionario y garantías para países asociados y empresas privadas. En América Latina y el Caribe1, el total de la inversión del 2019 fue de 10.700 millones de dólares2. En Colombia, a 2019, los compromisos por ejercicio con el BM eran de 565 millones de dólares3. Actualmente, la deuda completa de Colombia con el Banco Mundial es de 27 billones de dólares, con un total de 232 proyectos.

A lo largo de su historia, el Banco Mundial ha recibido fuertes críticas y ha reconocido el impacto negativo directo que han tenido aquellos proyectos que financia en materia de derechos humanos, llegando incluso a retirar su inversión. Particularmente, en agosto de 2016, el BM se retiró de dos megaproyectos muy notorios en la República Democrática del Congo (RDC) y en Uganda, llamados Inga 3 (RDC) y Bujagali (Uganda)5. Estos proyectos han recibido críticas de larga data por parte de la sociedad civil, ambas enfocadas en el incumplimiento de los fines acordados con los gobiernos de los proyectos. Por ejemplo, en el caso de Inga 3, la comunidad denunció que solo un quinto de la energía producida por Inga 3 sería para la empresa de servicios públicos nacional, mientras el resto se exportaría a Sudáfrica o iría a las empresas mineras de la RDC6. En el caso de Bujagali, además de que se presentaron siete quejas ante el mecanismo de rendición de cuentas del Banco Mundial, se incumplieron varias compensaciones pactadas. Por esos motivos, el Banco anunció que detenía los préstamos destinados a ambos proyectos.

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