Los retos socioambientales y las posibles soluciones en un contexto alarmante para el próximo Gobierno

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  • La ONG Ambiente y Sociedad señala varias de las problemáticas socioambientales del país, y brinda sus recomendaciones y posibles soluciones para Colombia.

Por Karen Pinto Garzón

La historia del país está a punto de cambiar para siempre. La elección del futuro presidente está a la vuelta de la esquina y el próximo Gobierno deberá enfrentar retos sociales, económicos, políticos y ambientales sin precedentes, agudizados por una pandemia que no termina de esfumarse. En concreto, los desafíos socioambientales dibujan un panorama alarmante en un contexto en el que Colombia, según numerosos expertos y organizaciones, sufre una pérdida estrepitosa de su biodiversidad y se configura como el país más peligroso del mundo para los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. 

En lo que va de este mes ya han sido asesinados los líderes indígenas José Ernesto Cuetia Yajue y Jesús Antonio Montano Tumiña, y sus nombres parecen desaparecer cuando se convierten en dos más de los 611 defensores ambientales asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz, como indica INDEPAZ. Pero todos, sin pedirlo e injustamente, dejaron atrás sus propias historias, a sus familias, y a una nación que ahora más que nunca necesita de gente como ellos. 

Colombia, entonces, desobedece las reglas internacionales en materia de derechos humanos y las reiteradas advertencias de la ONU sobre el recrudecimiento de la violencia en las diferentes regiones. De hecho, en febrero de 2022 la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un informe en el que se documentan homicidios y ataques a defensores en 28 de los 32 departamentos del país y se resalta el incremento de la violencia principalmente en zonas rurales, afectando “severamente los liderazgos y la vida comunitaria indígena, campesina y afrodescendiente, y a las mujeres en zonas rurales”.

Una de las dinámicas que explica las crecientes agresiones, amenazas y el desplazamiento de las comunidades en la Amazonía, es el aumento de proyectos extractivos en esa región. Según la ONG Ambiente y Sociedad, actualmente se están implementando “52 contratos o bloques de hidrocarburos en la Amazonía, que son operados por 10 empresas, en su mayoría, reconocidas como sociedades extranjeras, es decir que son constituidas conforme a las leyes de otros países y tienen su residencia principal en el exterior”, y casi todos se concentran en el piedemonte amazónico, conformado por los departamentos de Putumayo, donde hay 38 bloques, y Caquetá, con 14.

El gran problema es que estos proyectos son generadores de conflictos y, en consecuencia, la mayoría de las comunidades están en contra de su implementación por las múltiples afectaciones socioambientales que conllevan. Lamentablemente, 30 de los bloques petroleros se traslapan, o se cruzan, con 56 resguardos indígenas en el Putumayo y Caquetá. Debido a esta ‘invasión’ hacia los territorios indígenas, surgen dinámicas disruptivas como el incumplimiento de la consulta previa por parte de esas entidades y, por lo tanto, diferentes problemáticas sociales y organizativas para las comunidades, que colisionan con la presencia de grupos armados ilegales.

Para evitar el incumplimiento de dichas empresas, Laura Montaño, investigadora de Ambiente y Sociedad, recomienda una “participación activa de las entidades de control en los procesos entre grandes empresas extractivas y comunidades locales impactadas por megaproyectos, para garantizar una mayor paridad entre actores, teniendo en cuenta que -por capacidades económicas, de información y tamaño- las empresas siempre se encuentran en una situación privilegiada”. Además de la actualización del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos para los próximos dos años, considerando “los impactos ya identificados por parte de sociedad civil, con metas, indicadores y acciones concretas en plazos determinados”.

Y para ir más allá del imprescindible control a las empresas extractivas, hay que asegurar una adecuada veeduría para las comunidades, porque, precisamente, otro de los graves inconvenientes que abarcan los megaproyectos es el escaso acceso a una información completa y transparente de todas sus implicaciones y afectaciones a corto, mediano y largo plazo. En ese sentido, el próximo Gobierno debe garantizar una “política de unificación y acceso a la información ambiental en el marco de grandes industrias, como la petrolera, que permita un adecuado seguimiento al cumplimiento de obligaciones por parte de las grandes empresas en el territorio amazónico”.

Colombia tiene a la mano un instrumento que permitiría contener gran parte de las afectaciones sociales mencionadas, ocasionadas por proyectos y megaproyectos, y la violencia sistemática que sufren las comunidades: el Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental y regional que incluye un enfoque de derechos humanos, contemplando el cuidado de los defensores del ambiente como una prioridad para América Latina y el Caribe. Aunque su implementación garantizaría el fortalecimiento de la democracia ambiental, el país sigue sin ratificarlo. “Nuestro llamado es al Congreso de la República para que priorice en su agenda legislativa el Acuerdo de Escazú. Y, no sólo eso, sino que instamos al próximo Gobierno a su efectiva implementación”, dice Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad. 

Eso implicaría, además, como afirma Torres, la necesaria revisión de “los marcos normativos nacionales de acceso a la información y derecho a la participación que permita integrar los estándares establecidos por el Acuerdo de Escazú, de tal manera que fortalezcan los estándares nacionales. Y el reconocimiento del rol de los defensores/as ambientales, trazando un ruta del reconocimiento de estos actores para definir las medidas diferenciadas que se deben tomar frente a estos sujetos de derecho”.

Tareas pendientes

Pero las tareas nacionales en materia ambiental son numerosas. Y no solamente se concentran en una región. Las cifras sobre el incremento de la deforestación son desalentadoras: anualmente en el país se talan 170.000 hectáreas de bosque y al día 500, según los últimos datos proporcionados por la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente. La razones superficiales son varias, entre ellas están la ganadería extensiva -que se presenta como el principal motivo-, la tala comercial o, incluso, el incremento de los proyectos petroleros. Pero hay razones de fondo mucho más complejas, y tienen que ver con la vulneración de los derechos de los habitantes de las regiones afectadas y el abuso del poder de diversos actores. 

Edwin Novoa, investigador de Ambiente y Sociedad, explica esta problemática: “Colombia aún tiene un modelo premoderno de uso de la tierra donde prevalece el latifundio, ubicándose en los primeros lugares a nivel mundial en materia de desigualdad y concentración de tierras. Esto ha hecho que no haya tierras disponibles en zonas productivas y por ende una constante presión para colonizar nuevas tierras en áreas boscosas, como en la Amazonía, y de ahí uno de los orígenes de la deforestación”. Adicionalmente, la ausencia de una reforma agraria efectiva, que dote de tierras a los campesinos, y el desplazamiento forzado por el conflicto armado, han generado una inseguridad jurídica sobre la tierra que obstaculiza las actividades de conservación ambiental.

La raíz del asunto mencionado es que existe una “alta tasa de informalidad en la tenencia de la tierra”, por lo que las y los campesinos no tienen los títulos de sus fincas, indica Karla Díaz, también investigadora de Ambiente y Sociedad: “Lo que supone un gran motor de deforestación, pues afianza una cultura de la apropiación de la tierra por usufructo y no por la adquisición de derechos legales. Para resolver este problema, el Gobierno Nacional debe emprender una gran apuesta de formalización de la propiedad rural”.

En ese sentido, desde Ambiente y Sociedad urgimos al próximo Gobierno a implementar una efectiva seguridad jurídica para las comunidades rurales, que permita ejercer acciones de conservación y determinar de forma autónoma el ordenamiento y la gestión territorial, lo que, a su vez, detendría el engrosamiento de la frontera agrícola. Según Novoa, para lograr esto “se requiere un desescalamiento del conflicto armado, una transición pacífica y concertada de un modelo latifundista hacia un modelo de desarrollo comunitario, tomando en cuenta las Zonas de Reserva Campesina, la implementación de planes de tierras. Asimismo debe considerarse el aumento del presupuesto de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), y la instauración de la jurisdicción agraria que permita cerrar los casos con necesidades judiciales”.

También es muy importante crear una estrategia contra el acaparamiento de tierras en las zonas deforestadas, porque este fenómeno se produce en varias regiones del país, básicamente a través de la apropiación abusiva de terrenos, por ejemplo, esparciendo numerosas cabezas de ganado. Esto, sin embargo, podría evitarse creando el ‘Registro de tierras deforestadas’, y priorizando las zonas que atraviesan presiones ambientales, como la deforestación, en las políticas agrarias y fortaleciendo las variables ambientales del catastro multipropósito.

Otros impactos

Las problemáticas socioambientales no terminan ahí. Gracias a las comunidades que los ocupan, en términos generales, los páramos se encuentran bien conservados, pero estos ecosistemas enfrentan una serie de presiones e intereses que hacen urgente la aplicación de la política de páramos (Ley 1930/18), de forma coordinada con las comunidades, potenciando sus esquemas tradicionales de gestión sostenible y transformando las acciones que generan deterioro de los ecosistemas. 

Algo que ha complejizado la protección de los páramos es que fueron declarados de utilidad pública, es decir que las autoridades ambientales pueden comprar los predios, y esto ha obligado el desplazamiento de las comunidades, ya que la informalidad en la tenencia de tierras en esas zonas es alta. Lo cual ha generado, además, una desconfianza hacia el Gobierno por parte de los habitantes.

Lo cierto es que hay temas fundamentales de la política de páramos que aún deben concertarse y reglamentarse activamente con las comunidades, así como en los diferentes procesos de gestión de los páramos: delimitación, planes de manejo, sustitución y reconversión de actividades. Para lograr esta enorme labor es necesario crear vínculos de confianza entre entidades y comunidades, generando las condiciones para que puedan crear propuestas de gestión de los páramos; de modo que los planes resultantes sean legítimos y observados por las comunidades. 

Crisis climática

Todas las problemáticas socioambientales mencionadas desencadenan impactos climáticos negativos: si existe un abuso de los recursos naturales y si, además, se subestiman el potencial y la enorme labor de las comunidades en el cuidado sostenible de la naturaleza, la respuesta es una sola: se prolonga y agudiza la crisis medioambiental y, por lo tanto, la climática. Hace unas semanas, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el calentamiento global podría alcanzar su peor cifra en los próximos cinco años. Un llamado de urgencia para todas las naciones, ya que existe un 50% de probabilidades de que en los próximos cincos años la temperatura mundial rebase transitoriamente los 1,5º C.

Este desfase climático implicaría el inclumplimento de lo estipulado en el Acuerdo de París, tratado del que hacen parte 192 países, entre ellos Colombia, y tiene el objetivo reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en este siglo, para limitar el aumento de la temperatura global a 2º Celsius y, en medida de lo posible, a 1,5º C, tomando en cuenta los niveles preindustriales. Esta meta todavía es posible de alcanzar, pero requiere de implicación: es necesario que todos los países desarrollen sus compromisos acordados, así como aquellos sobre sus contribuciones nacionales determinadas (NDC, sus siglas en inglés). 

No obstante, Santiago Aldana, experto del Área de Justicia Climática de Ambiente y Sociedad, menciona que “para países como Colombia, la implementación de estos compromisos toca las fibras más sensibles, como ocurre con el cambio del uso del suelo y explotación de combustibles fósiles, cuyo contexto nos ha dejado por ejemplo, más de 50 años de conflicto armado y nuestro principal aporte en emisiones de GEI en el mundo”.  

De esta forma, continúa, “el principal problema de las agendas climáticas nacionales es su falta de coherencia y articulación con agendas sociales y ambientales que garanticen que las soluciones que se propongan sean justas para las comunidades y la naturaleza. En muchos casos las causas y las soluciones se caracterizan por profundas desigualdades y violaciones a derechos humanos, en especial los derechos ambientales, como el de la participación efectiva. Así, desvincular las agendas de derechos humanos con la climática es un grave error, ya que actualmente no permite la efectiva implementación de esta última”.

Una posible solución que indica Aldana es el desarrollo de instrumentos claros, a partir de la contribución nacional determinada (NDC) y de la Ley de Acción Climática, que garanticen el reconocimiento y protección de  derechos humanos tanto en las causas como soluciones de la crisis climática, en especial en asuntos de manejo de tierras y transición energética que son los que tejen estas discusiones. 

Efecto dominó de la crisis

Es que los problemas sociales, como se ha visto a lo largo de este texto, están estrechamente vinculados con la crisis climática. Por lo que es necesaria una coherencia entre las medidas de protección del medioambiente en la agenda climática, con la protección y el ejercicio eficaz de los derechos de las comunidades. Siendo fundamental, por lo tanto, la construcción de una agenda climática con la agenda de transición energética y el Acuerdo de Paz. 

Esto será posible promoviendo un ejercicio con mayores garantías de participación de los instrumentos territoriales de ordenamiento y gestión ambiental, social y climático para vincular a las comunidades, “las principales ejecutoras del espíritu de la política climática nacional e internacional”, como explica Aldana. Lo que incluye una mayor transparencia de la política climática, la vinculación de las comunidades en creación de instrumentos como los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales y Sectoriales y garantizar el acceso a la información de los factores de riesgo y generación de emisiones en sus territorios para descentralizar la acción climática.

Finalmente, Andrea Prieto, coordinadora del Área de Justicia Climática de Ambiente y Sociedad, puntualiza que Colombia “se caracteriza por dedicar tiempo, esfuerzos y recursos a la definición de políticas públicas e instrumentos normativos para ‘avanzar’ en la agenda, pero poco invierte en planes de acción concretos para alcanzar resultados”. Por esto, “la principal tarea es revisar, implementar y hacer seguimiento a todos las herramientas existentes (PNCC, PNACC, NDC, Ley de Acción Climática, Ley de Transición energética, E2050, PIGCCS, PIGCCT, entre otras), en términos de transparencia, acceso y participación local; de financiación -que es alta en el país pero son poco transparentes sus procesos de distribución, ejecución y resultados-; de articulación con otros instrumentos de gestión territorial (POT, PDM, PGRD); y de sistemas de monitoreo, verificación y resultados”.