Primera publicación: Blogs El Espectador
La Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) y la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública (MASP) de la Universidad de los Andes realizaron el conversatorio “Ley de Páramos: dilemas, avances y posibilidades”. En el espacio se hizo un balance de la norma y se contemplaron los retos para lograr implementarla.
Los páramos son uno de los ecosistemas más icónicos de Colombia. Han ganado esta figura no solo por lo que representa en temas de biodiversidad, sino porque en estos espacios se han dado muchos de los grandes debates sobre la conservación, la paz y los derechos humanos. Los conflictos socio ambientales que se han desatado en estos territorios también han llevado a la búsqueda de nuevas normas y leyes que los protejan. Y aunque algunos planes nacionales de desarrollo se han pronunciado sobre lo que se puede o no realizar dentro de los páramos, la regla vigente y más completa sobre el tema es la Ley 1930 de 2018, también conocida como Ley de Páramos.
Son varios los aspectos que trata la ley. Sin embargo, hay dos características que se suelen destacar: que propone un nuevo paradigma de conservación donde las comunidades no son excluidas y que abre la posibilidad para que los campesinos que los habitan se les puedan titular sus tierras.
Con ocasión de los tres años desde que se expidió la ley, que se cumplieron el 27 de julio, la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) y la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública (MASP) de la Universidad de los Andes realizaron el conversatorio “Ley de Páramos: dilemas, avances y posibilidades”, en el que se discutió qué tan avanzada está su implementación y si es posible llevar la ley a la práctica.
Durante el evento Mario Betancourt, delegado de la Coordinadora Cruz Verde Sumapaz y líder campesino, empezó haciendo un breve balance de lo que ha sucedido con la ley en estos tres años. Lo bueno, señaló, es que la norma no es extensa, deja claro que hacer minería no es una opción dentro de los páramos y es clara en que toda normatividad debe ser concertada con los paramunos. Lo difícil, sin embargo, es que aún no se ha reglamentado qué otras actividades, como el tipo de agricultura, son permitidas o no dentro de este territorio, y que no se ha dado un proceso de pedagogía con las personas. “Ha faltado un acercamiento y socialización con las comunidades, al calor de un tinto, un chocolate o un almuerzo, para que los campesinos la conozcan”, comentó.
Una idea que fue respaldada por Paula Ungar, investigadora de conflictos ambientales del Instituto Humboldt. La experta agregó que “uno de los desafíos de la ley es la reglamentación, que está incipiente”. Sin embargo, destacó que hay varios ejercicios de gobernanza, como los que se están realizando en Los Nevados, Las Hermosas y Rabanal, que ya se están adelantando proyectos incluso cuando no se ha dado por terminada la reglamentación de la ley.
Un punto importante que no ha dejado que la ley despegue en la práctica, es que no se ha avanzado en el proceso de titulación de tierras. El artículo 8 obliga a hacer un saneamiento predial que contemple el avalúo de los servicios ecosistémicos y priorizar donde es más urgente titular tierras. El problema, según comentó Edwin Novoa, investigador de AAS, es que ni la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ni el Ministerio de Ambiente han empezado el proceso para elaborar un plan para la formalización de tierras como lo ordena la Ley. En parte, también agrega, porque hay una demanda en la Corte constitucional pendiente pararesolver el tema del rol de la población campesina en páramos.
Como lo resumió Mauricio Madrigal, director de MASP y moderador del conversatorio, la ley es positiva y celebrada, pero quedan vacíos sobre el alcance que tendrá en temas de agricultura, qué rol jugará la delimitación de páramos y cómo lograr el saneamiento predial.
En cuanto a la pregunta de si, bajo ese escenario, será posible que la ley pase del papel a la acción, los invitados dieron opiniones divididas. Betancourt se lanzó a decir que no, pues aún hay mucha desarticulación entre instituciones, a los campesinos les queda difícil comprometerse mientras no haya una titulación efectiva y cuando no hay apoyos financieros. “Si se lograra dar el paso de un fondo de pensiones para el campesinado, por ejemplo, sería distinto. Si una persona tiene ese acceso, esa garantía, pasa de tener 30 vacas a dos o tres, y ayudaría a proteger los páramos”. Pero, por ahora, dice, la incertidumbre parece ser la norma.
Ungar, del Humboldt, tuvo una posición más optimista. ¿Por qué? La experta dio como ejemplo la Zona de Reserva Campesina de Sumapaz, en donde de las 23 mil hectáreas que quieren acobijar bajo esta figura, el 80% está en páramo y solo un tercio es pastos o cultivos. “Es prueba de que la gestión comunitaria y en armonía con los páramos se logra, con o sin ley”, comentó. Esto, claro, implica varios desafíos a nivel pedagógico, no solo de la comunidad, sino de las instituciones. “La ciencia sola no nos va a decir qué hacer, se necesitan también los conocimientos ancestrales”.
Finalmente, para Novoa el gran reto que existe para que la ley logre ser una realidad, es que la gente vuelva a confiar en la institución. “Los campesinos han visto llegar a los gobiernos con helicópteros, aviones y bombardeos”, explicó. “Y esta ley cambia ese paradigma. Así que parte del proceso para que la gente vuelva a confiar es que se prioricen las áreas estratégicas ambientales y se titulen”. También señaló, “es importante que sea la gente la que proponga y no todo sea impuesto desde el Estado”.
Las preguntas y respuestas que trae la ley
A modo de conclusión Margarita Florez, directora de AAS, dijo que se trataba de una ley bien hecha y celebrada, que, sin embargo, tiene el desafío de cómo reglamentarla para poder ser implementada cabalmente. Algunas de las preguntas que la AAS se ha realizado durante su investigación es cómo solucionar los otros problemas subyacentes que se desatan con la ley, cuál es el papel de las instituciones y cómo lograr un dialogo con múltiples actores que sea deseable y que dé soluciones.
Lo bueno es que ya hay algunas pistas de cómo ir resolviendo estas dudas: que existan mandatos y roles claros con fechas de tiempo límite; lograr mecanismos de rendición de cuentas; la necesidad de que la institucionalidad divida sus competencias y tener claro qué recursos hay y cuánto se ha invertido. “Los actores campesinos se establecieron hace mucho tiempo en los páramos y esta es la oportunidad de saldar deudas históricas”, concluyó.
Vea acá el conversatorio.
