El inicio de esta negociación es una buena noticia para la región ya que significa que en el mediano plazo los países de América Latina y el Caribe (ALC) contarán con un instrumento para garantizar un ejercicio efectivo de los derechos de acceso y  para una mejor canalización y resolución de los crecientes conflictos socio-ambientales, con el consiguiente mejoramiento de la gobernabilidad democrática.

Con el compromiso asumido el pasado 6  de noviembre en Santiago de Chile por parte de los Gobiernos de Latinoamérica y el Caribe, y que da vida a un comité de negociación de un instrumento jurídico internacional, la ciudadanía de la región está cada vez más cerca de contar con una herramienta de carácter internacional que garantice la aplicación efectiva de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales. Los llamados derechos de acceso, esenciales para la protección de nuestros recursos naturales, la garantía de los derechos de las comunidades y el desarrollo sostenible de nuestros países.

Representantes de 19 países de América Latina y el Caribe firmantes de la Declaración del Principio 10 -que promueve los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales-, junto con representantes de los países observadores y actores de la sociedad civil, se congregaron en la Cuarta Reunión de los Puntos Focales designados por los gobiernos de los países signatarios de la Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe realizada del 4 al 6 de noviembre en la sede de la CEPAL en Santiago, Chile.

Como resultado de esta reunión se aprobó la Decisión de Santiago, en la cual se incluyeron puntos fundamentales para la continuación de la negociación regional, entre ellos la adopción de los contenidos de San José (provenientes de la anterior reunión de grupos de Trabajo en Costa Rica), como índice de temas para la negociación del instrumento, la creación de un comité de negociación en el que se reafirma la importancia de la participación del público, y la inclusión de nuevos países en la Mesa Directiva encargada de dirigir el proceso.

Desde su inicio en el 2012, este proceso ha alcanzado grandes avances e importantes logros en materia de participación ciudadana, y de creación y fortalecimiento de capacidades. Esto se evidenció en la reunión de Santiago, donde se contó con la participación de múltiples actores de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, pertenecientes a veinticuatro  organizaciones, dieciocho de las cuales forman parte de la Iniciativa de Acceso (TAI). Esta variedad de organizaciones, que representan la diversidad de realidades y perspectivas que existen alrededor de los derechos de acceso en el continente, han logrado consolidar un espacio de incidencia directa, y construir un dialogo profundo y constructivo con los Gobiernos.

Quizás una de las conquistas más importantes logradas por la sociedad civil en la Decisión de Santiago fue el nombramiento de dos representantes del público para sostener un diálogo directo con la mesa directiva. Este hecho no solo reafirma el papel principal de la ciudadanía en la negociación, sino que supone la creación de un canal de comunicación expedito que facilite la participación ciudadana. Además, en la reunión de Santiago más países manifestaron su voluntad de suscribir un convenio vinculante, lo que refleja un mayor nivel de compromiso e impulsa a las organizaciones de la sociedad civil a redoblar sus esfuerzos y continuar el trabajo en cada uno de sus países.

La decisión de Santiago también encomendó a  CEPAL, como Secretaria técnica, la elaboración de un borrador del instrumento regional donde se integren los avances alcanzados hasta el momento con las necesidades y desafíos futuros para la región. Este documento, cuya fecha de entrega está prevista para el 31 de marzo de 2015, incluirá los aportes enviados por los gobiernos de países signatarios y no signatarios de la Declaración, y del público interesado, por lo que invitamos a toda la sociedad civil a consultar la decisión de Santiago y enviar sus aportes al proceso.

El 2015 será un año decisivo en materia de derechos de acceso para Latinoamérica y el Caribe, donde la sociedad civil asumirá retos esenciales en la consolidación del proceso de negociación, y seguirá trabajando con el objetivo de que la región cuente finalmente con un instrumento regional vinculante que contribuya a la cabal implementación del principio 10 en nuestro continente.