Fuente: Foro social Panamazónico
Los días 19 y 20 de noviembre se desarrolla en la ciudad de Florencia el Primer Foro Regional por los derechos de la Amazonía denominado “Nuestra Casa Común”, organizado por Corpoamazonía y financiado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH, junto con la FUPAD. Las organizaciones sociales colombianas que hacemos parte del Foro Social Pan Amazónico (FOSPA) vemos este encuentro con gran recelo por las siguientes razones:
- No se ha realizado una discusión amplia de la Sentencia 4360 del 2018 sobre la Amazonía como sujeto de derechos con las comunidades locales. En este escenario, la inmersión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional Minera en el cumplimiento de la sentencia es impertinente, particularmente cuando las comunidades han sido enfáticas en la necesidad de poner en marcha una moratoria minero-energética para la protección de la Amazonía, como garantía de vida de los pueblos indígenas y campesinos, así como la preservación de la naturaleza y nuestras culturas.
- La Amazonía presenta históricos problemas de seguridad jurídica en torno a la tenencia de la tierra, cuestiones que no se pueden discutir en el marco de un Foro con el principal actor que compite con la formalización y acceso a tierras, como es la adjudicación petrolera. Durante el periodo 2004 – 2014 se formalizaron solamente 194.521 hectáreas, mientras se adjudicaron en este mismo periodo a empresas petroleras 2.297.886 hectáreas. La deuda histórica y el derecho de los habitantes locales está siendo violentado por intereses extractivos.
- Con datos del SINCHI, las organizaciones sociales del Caquetá hemos solicitado también al Ministerio de Ambiente que la actividad petrolera sea incluida como motor de deforestación y por tanto, sea una actividad prohibida mientras se da cumplimiento a lo dispuesto por la sentencia 4360 del 2018 sobre la Amazonía como sujeto de derechos. En este sentido, rechazamos la intervención de la delegada Adriana Díaz Arteaga del Ministerio de Ambiente quien insta a dejar de lado las discusiones sobre las contradicciones del modelo de desarrollo imperante para la Amazonía (extractivo) y el cumplimiento a la sentencia de la Amazonía como sujeto de derechos.
- Frente a la afirmación de Mario Barón, director territorial de Corpoamazonía, sobre la inexistencia de antecedentes negativos de la actividad extractiva, aclaramos que sí se conocen devastadores antecedentes con la industria petrolera en el municipio de San Vicente del Caguán. La empresa Emerald Energy ha sido sancionada dos veces (Res. 0723 del 2014 y auto 03202 del 2018) por su proyecto E&P en el bloque Ombu por: construir dos locaciones adicionales a las permitidas en la licencia, realizar quemas a cielo abierto, instalar dos motobombas en la quebrada la Gudalosa sin especificaciones técnicas en el Plan de Manejo Ambiental y utilizar agua no tratada para el desarrollo de nuevos proyectos extractivos. Similares casos pueden señalarse en Putumayo con Empresas como el Consorcio Vetra y Gran Tierra Energy.
- Rechazamos la falacia de crecimiento económico del modelo extractivo, pues como lo demostró el estudio realizado por la ONG Justicia Tributaria “¿Y si se eliminan los beneficios al sector extractivo?” la tributación efectiva del sector extractivo en promedio es del 4.5%, mientras la clase trabajadora del país tributa con una tasa de 30%. Más de 500 incentivos tributarios fueron descubiertos para el sector extractivo, muchos de ellos sin justificación económica.
- Las comunidades y la naturaleza hemos sido víctimas del conflicto armado, por ello, son necesarias unas medidas de reparación integral y garantizar la permanencia de los pueblos en los territorios, como parte de los planes de protección de los derechos de la Amazonía. Los pueblos indígenas y comunidades no indígenas nos hemos configurado en procesos sociales de defensa de los territorios y, por ello, exigimos que las políticas de protección de la Amazonía en el marco del cumplimiento de la Sentencia 4360 sean construidas desde una real participación comunitaria. Se requieren en consecuencia de espacios autónomos de diálogo entre los actores realmente claves en el territorio: campesinos, indígenas, afrodescendientes, sectores urbanos, reinsertados, víctimas, organizaciones ambientalistas, entre otros.
La política minero-energética es incompatible con la protección de la Amazonía, razón por la cual no deben promoverse espacios que pretenden legitimar un modelo económico ampliamente rechazado por las comunidades locales, tal como fue manifestado en el anterior foro sobre la Amazonía y el Plan Nacional de Desarrollo, realizado en Florencia en días pasados. Se exigió, por el contrario, el reconocimiento a los procesos comunitarios de sobrevivencia y convivencia que los pueblos de la Amazonía construimos desde hace tiempo en los diferentes territorios, rurales y urbanos.
Entonces, el cuidado de nuestra casa común sólo puede ser posible: primero, si hay por lo menos una moratoria minero-energética, que quiere decir que se detenga la expansión de los proyectos petroleros y mineros; segundo, si se resuelven los problemas rurales presentes en el Caquetá y Putumayo, en particular lo relacionado con la restitución de tierras a las víctimas; tercero, si se reconocen los territorios ancestrales de los pueblos indígenas; y cuarto, si hay garantías integrales para los liderazgos sociales de las diversas formas organizativas de las comunidades amazónicas, con escenarios de participación decisoria sobre los asuntos de la región.
FORO SOCIAL PANAMAZÓNICO COLOMBIA
Florencia, 20 de noviembre del 2018
