La Asociación Ambiente y Sociedad y la Universidad de los Andes desarrollaron con éxito su evento sobre la debida diligencia empresarial y derechos humanos

285
  • Expertos de diferentes organizaciones y universidades participaron en el encuentro Debida diligencia empresarial: retos y oportunidades para la sociedad civil que tuvo lugar en la Universidad de los Andes el jueves 16 de mayo.
  • Los ponentes hablaron sobre la vulneración de los derechos humanos por parte de las empresas, a través de proyectos y megaproyectos, hacia las comunidades en Colombia, y de las posibles soluciones.

Por Karen Pinto Garzón 

El pasado jueves 16 de mayo la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) y la Universidad de Los Andes desarrollaron con éxito el evento Debida diligencia empresarial: retos y oportunidades para la sociedad civil, de forma presencial y virtual, con el apoyo de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), Rainforest Foundation Norway y Gaia Amazonas. El objetivo del encuentro fue promover una discusión sobre las responsabilidades de las empresas en torno a los derechos humanos, en concreto sobre la debida diligencia empresarial, tomando en cuenta el actual contexto global y haciendo énfasis en el caso colombiano.

Los encargados de inaugurar el evento fueron Juan Manuel Amaya, director del Área de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes y Laura Montaño, investigadora de Empresas y Derechos Humanos de la Asociación Ambiente y Sociedad. Para dar inicio, Amaya agradeció la colaboración de las organizaciones, apuntando que espera continuar en ese camino para lograr grandes espacios y discutir temas relevantes para la sociedad civil.

Por su parte, Montaño, tras agradecer a los presentes y colaboradores, inició su discurso de bienvenida con un mensaje contundente que atrapó la atención: “Este espacio es muy importante, es necesario hablar del papel de las empresas porque la situación de derechos humanos en Colombia es alarmante, lo que está pasando a nivel territorial es preocupante”.

A lo largo del encuentro, se desarrollaron tres bloques temáticos en los que participaron diferentes expertos: Debida diligencia empresarial en la Unión Europea, Situación de derechos humanos en Colombia en relación a la actividad empresarial y Estado de regulación frente a la debida diligencia empresarial en derechos humanos. Por último, hubo un espacio de preguntas y respuestas entre los asistentes y los expositores.

Todos los expertos coincidieron en que existe una vulneración de derechos humanos por parte de las grandes empresas en Colombia, debido a varios factores. Aunque enfatizaron en que la debida diligencia empresarial es una herramienta importante y clave que hay que vigilar, insisten en que no es la única solución, tomando en cuenta todas las complejidades territoriales, culturales y de violencia que enfrenta el país. Por lo que, durante el evento, mencionaron algunas claves que son determinantes para disminuir las brechas de desigualdad entre empresas y comunidades. 

WhatsApp Image 2022 05 26 at 6.21.49 PM 1

El evento se desarrolló con el aforo lleno

El caso colombiano

Los expositores que hablaron sobre la situación de derechos humanos en Colombia frente a las empresas fueron Montaño, en representación de la Asociación Ambiente y Sociedad, Paula Villa, directora del área de tierras de la Comisión Colombiana de Juristas y Sergio Vásquez, asesor de incidencia y comunicaciones estratégicas, Fundación Gaia Amazonas.

Montaño resaltó algunos aspectos importantes para entender la situación de derechos humanos en relación con las empresas, resaltando que Colombia es el país con más defensoras y defensores ambientales asesinados, y muchos de los afectados “ejercen actividades alrededor de megaproyectos y enfrentan intereses particulares en sus territorios frente a proyectos mineros y petroleros, cuyos contextos, inmersos en el conflicto armado y grandes intereses de proyectos ejecutantes, aumentan los riesgos”. 

Según la experta, durante la pandemia, entre 2020 y 2021, se empezaron a identificar múltiples políticas que disminuyeron los estándares de derechos humanos en términos de participación, así como el desarrollo de consultas previas en formato virtual o la disminución de los tiempos de las licencias ambientales. Y apuntó que las mismas empresas son las que detienen o criminalizan la participación y los derechos de la sociedad civil, así como el de la protesta.

Por su parte, Paula Villa recalcó la gran diferencia en la formas de entender el territorio, mientras que las empresas y los actores económicos tienen una mirada “de explotación, extractivista y económica”, “las comunidades, ya sean indígenas, afrodescendientes o campesinos, tienen una visión multirelacional: económica, social y cultural”. Esta situación genera disputas, conflictos, y “una ola de violencia”, porque muchas veces los megaproyectos, mencionó, atraen situaciones de violencia y desplazamiento, por lo que son necesarios espacios como dicho evento. 

Asimismo, Sergio Vásquez, representante de Gaia Amazonas, señaló que un grave error sobre esta problemática es que “Colombia no se reconoce identitariamente como un país amazónico” pese a que casi la mitad del territorio es amazónico, señalando los impactos negativos que tienen las empresas en la Amazonía, y que se “ha derivado en una discriminación sistemática contra los pueblos indígenas” de esa región. 

Sin embargo, Vásquez también mencionó un dato muy positivo y esperanzador: se está llevando a cabo la construcción de protocolos de relación y consulta por parte de los gobiernos indígenas de Colombia, Brasil y Venezuela, que se preguntan “¿cuál es nuestro protocolo y nuestra estructura de gobierno y cómo un externo debería relacionarse con nosotros y cuáles son las instancias que tiene que surtir para relacionarse con nosotros?”. Lo que supone un instrumento muy importante porque las empresas, apuntó, alegan un desconocimiento.

Para terminar ese eje temático, Villa y Vázquez señalaron que es indispensable un “análisis y estudio de las relaciones en términos de la formalidad de la propiedad que hay en los territorios, porque si no se pasa por ahí se vulneran los derechos”, y que “si la debida diligencia no tiene en cuenta la vocación del territorio de las comunidades locales los resultados de la herramienta van a ser nulos”.

Regulación de la debida diligencia empresarial

En cuanto a la exposición sobre el la regulación de la debida diligencia empresarial en derechos humanos, participaron Daniel Marin, profesor de la Universidad Javeriana, María del Rosario Arango Zambrano, jefa de proyectos para Colombia de Forest Peoples Program y Fabian Andrés León, investigador jurídico en derecho humanos en el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH).

Partiendo del hecho de que la debida diligencia es un instrumento para limitar el poder de las empresas, “tiene que ser un procedimiento claro y comprensible y tiene que tener consecuencias y hay que legislar sobre ese tema”, afirmó Fabián Andrés León, diciendo además que “los actores económicos están bien informados”, porque saben perfectamente y conocen los territorios en los que invierten, y citó el ejemplo del conflicto armado en Colombia, un factor bien conocido a nivel internacional. 

“La clave no está solo en que exista una ley de diligencia debida, sino en la concatenación de sectores del Estado y de la sociedad civil”, enfatizó León. Y, por su parte, Arango Zambrano dijo que “la labor de la sociedad civil en el proceso de regulación es insistir en que no puede existir ningún sistema de legislación que incurra en los ya señalados errores que tienen unas consecuencias nefastas en los territorios”.

Para terminar, Juan Manuel Amaya, de la Universidad de Los Andes, dio unas palabras de cierre, mencionando que lo importante es ver las oportunidades y señalar los puntos débiles, reconociendo “que es el principio de un cambio sistémico porque la infraestructura legislativa de la debida diligencia obligatoria se va a utilizar con otros fines”, no sólo de derechos humanos, así como en la lucha contra la deforestación y el control de las emisiones de carbono. Es decir, “es una infraestructura de gobernanza que, si bien es muy incipiente, tiene un potencial muy poderoso y tenemos que estar encima de las limitaciones y del potencial”.