El imperativo de las instituciones financieras internacionales (IFI) se resume en que la inversión en infraestructura es vital para el crecimiento económico y la superación de la pobreza. En las sociedades modernas, la producción y la prestación de servicios básicos no serían posibles sin vías, o sin abastecimiento de agua, saneamiento y electricidad. Las IFI han realizado estudios para demostrar la correlación entre la inversión en infraestructura y el crecimiento económico (Serebrisky, Suárez-Alemán, Margot y Ramírez, 2015), concluyendo que los bajos niveles de inversión en América Latina y el Caribe (ALC) han creado una considerable brecha de infraestructura; por tanto, es necesario inyectar cantidades considerables de capital en los sectores estratégicos de la región.
Estos estudios señalan la importancia de la inversión en infraestructura del sector privado en la región, aunque aclaran que la inversión pública en este tema ha sido mayor, pero no suficiente. Ante la emergencia de invertir y desarrollar infraestructura, el desafío para la banca multilateral es estimular la inversión privada mediante acciones como: 1) el fortalecimiento de la capacidad regulatoria e institucional para elaborar una cartera de proyectos bien formulados, y 2) potenciar la infraestructura como una clase de activo para canalizar los ahorros privados hacia este sector (Serebrisky et al., 2015).
El objetivo del presente artículo es analizar, de modo crítico, el papel de las IFI como promotoras del modelo APP, principalmente en América Latina y el Caribe. En primer lugar, se mencionan las acciones de las IFI para promover las APP; y en segunda medida se realizan comentarios a las herramientas que han promovido las IFI para evaluar los entornos APP. Dichas herramientas han posicionado a Chile, México, Brasil, Colombia y Perú como los países con los mejores entornos para llevar a cabo proyectos APP. Mencionaremos casos de proyectos en dichos países, que reflejan las grandes problemáticas de estos proyectos: sobrecostos, corrupción, falta de transparencia o consulta e impactos socioambientales.
El papel de las IFI ha sido fundamental para implementar alianzas público-privadas en América Latina y el Caribe y para acelerar cambios normativos e institucionales que permitan a los países de la región generar entornos favorables para las APP. Ante las problemáticas identificadas en los diferentes casos ¿cuáles son las respuestas dadas por las IFI? ¿Qué tienen que decir al respecto como instituciones promotoras del modelo? ¿Este puede ser un motivo para que se genere un cambio en el discurso de las IFI? ¿Cuál es la responsabilidad de estas instituciones en los casos de corrupción, por la promoción y colaboración técnica prestada a los países tanto en la normatividad como en los proyectos?
