El desarrollo de infraestructura de transporte en Colombia ha requerido la movilización de grandes recursos de financiación para los proyectos, particularmente para el programa de vías de cuarta generación (4G). Las 4G son el programa nacional de concesiones más ambicioso del Estado colombiano de los últimos años, que busca construir cerca de 8000 kilómetros en carreteras, con una inversión cercana a los 50 billones de pesos. Una particularidad del programa, es que todos los proyectos viales están estructurados bajo la figura de asociaciones público-privadas (APP). Sin embargo, al tiempo que crecen los megaproyectos de infraestructura en el país, aumentan los desastres ambientales. En los últimos años se han presentado casos como el derrame del pozo Lizama-158, la caída del puente de Chirajara, y la falla en la construcción de la hidroeléctrica Hidroituango.
El contrato de APP es un contrato en el cual se cede toda la gestión a un privado desde la etapa pre-contractual, siendo de iniciativa pública y no privada, y en el cual, si bien una entidad estatal tiene control y agencia sobre los resultados del proyecto, no está en cabeza de ésta su estructuración y delimitación. En estas modalidades se están cediendo etapas que por su naturaleza deberían ir bajo la responsabilidad principal de la entidad estatal.
En materia ambiental, los estudios de impacto ambiental (EIA) están en cabeza del privado y se ratifican a través de la expedición de la licencia ambiental sin que la autoridad competente haya efectuado por su parte un estudio propio que le permita establecer unos parámetros mínimos de calidad. Si bien existe una confianza institucional en la capacidad del Ministerio de Medio Ambiente y en consecuencia en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), no se puede dejar de preguntar acerca de la manera cómo se están tomando las decisiones sobre los riesgos ambientales en los megaproyectos del modelo actual.
El marco normativo vigente, de acuerdo con los lineamientos internacionales, cumple con los parámetros necesarios para la protección ambiental y, sin embargo, continúan las malas prácticas ambientales que llevan a las consecuencias y daños existentes hoy en Colombia. Siempre es una propuesta hacer más rígida la normativa ambiental para exigir de manera más puntual el cumplimiento de distintas obligaciones. No obstante, frente a contratos cuya duración es de aproximadamente 30 años, es necesaria la flexibilidad que exige el paso del tiempo para la adecuada ejecución del proyecto. En esta medida entran los principios de la contratación estatal y el derecho ambiental, pero si estos no están siendo exigidos a los contratistas por parte de las autoridades ambientales, entonces el estándar de calidad y diligencia con el que se mide la ejecución contractual en los megaproyectos de infraestructura en Colombia no resulta ser claro.
Son dos las más importantes premisas que justifican el uso del esquema de asociaciones público-privadas para el desarrollo de infraestructura: 1) Las necesidades en infraestructura son tan evidentes que es necesario inyectar grandes montos de inversión en este sector que aporten al crecimiento económico del país y contribuyan con la reducción de la pobreza; y 2) Los recursos públicos no son suficientes, por tanto, es necesario involucrar activamente al sector privado en el financiamiento y la provisión de infraestructura, y generar condiciones “atractivas” para que las empresas e inversionistas participen. En ese sentido, se dice que las APP son el mecanismo ideal para apalancar al sector privado y una
forma ideal de financiar proyectos de desarrollo.
Por lo tanto, es importante profundizar en cómo se están financiando los principales proyectos de infraestructura y entender el rol de la Financiera de Desarrollo Nacional
(FDN) en este financiamiento, así como preguntarse qué está sucediendo en la planeación de estos megaproyectos y qué medidas de contingencia se están tomando en materia ambiental en la estructuración contractual de los mismos.
Desde la expedición del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, la expedición de la Ley de asociaciones público-privadas, número 1508 de 2012 y a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Gobierno impulsó la estructuración de la cuarta generación de concesiones de proyectos viales del país, la cual contó con la participación de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial para la planificación de su marco de financiación.
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