Las Contribuciones Previstas y Nacionalmente Determinadas (Intended Nationally Determined Contributions) son el conjunto de acciones que se espera que tomará el país para cumplir con los objetivos planteados en la COP21 de París en 2015. El gobierno nacional firmó una serie de compromisos a partir de las conclusiones que recogió luego de un largo proceso de consulta e investigación. Documentos como el Conpes 37000, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático o la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, entre otros, contribuyeron a consolidar las INDC para Colombia.
Pero, como bien apunta Roberto Gómez, subdirector de desarrollo local e institucional de la Fundación Natura, “este tipo de acuerdos son compromisos que firma el gobierno pero necesitan del apoyo de todos los sectores de la sociedad”. La afirmación de Gómez se dio en el marco de una reunión organizada por la Asociación Ambiente y Sociedad, el Klimaforum Latinoamérika Network – KLN, la Red + Vos, el Fondo Patrimonio Natural, el Movimiento Climático de Jóvenes Colombianos – MCJC y el Fondo Acción.
Algunas de estas entidades participarán en el Seminario Regional sobre Cambio Climático para Organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina que se realizará el 13 y 14 de septiembre en Panamá. Allí se presentarán propuestas para involucrar a distintos sectores de la sociedad alrededor de las INDC y por eso las organizaciones que convocaron a esta reunión consideraron oportuno citar a otros representantes de entes civiles y gubernamentales para reunir su experiencia sobre este tema.
El encuentro sirvió para identificar el papel de la sociedad civil en la implementación de las INDC, empezar a esbozar propuestas concretas y proponer una ruta para llevar estas iniciativas a las entidades a nivel estatal que toman decisiones sobre la reducción de emisiones, la adaptación y los medios de implementación necesarios . Pero también fue una forma de encontrar los obstáculos a la hora de entender las INDC y llevarlas al terreno.
Para María del Rosario Hidalgo, directora del grupo consultor Geografía Urbana, todavía “hace falta seguir bajando el discurso para que llegue al nivel micro de la sociedad”. En otras palabras, en agremiaciones como Camacol o la Andi ya están hablando de INDC pero hasta que sus agremiados más pequeños no se empiecen a familiarizar con ese discurso es difícil que los esfuerzos por reducir las emisiones sean efectivos.
La otra pregunta que se plantearon los asistentes es sobre quién recae la presión de reducir las emisiones: corresponde a las grandes empresas o es un asunto de los pequeños productores. Según Óscar Rodríguez, director de proyectos de Econometría Consultores, muchas de las grandes empresas ya han actualizado sus equipos y procesos para reducir la producción de gases de efecto invernadero, de modo que si se pidiera que todas las empresas deben reducir en un 20% su impacto, sería más difícil para las que ya han hecho un avance en esta materia que para las que no han empezado siquiera a medir sus emisiones. Por eso Rodríguez hace un llamado para que la sociedad civil, los entes gubernamentales y los grandes productores se pregunten a qué se refieren cuando se llama a la equidad.
Otras organizaciones consideran que en sectores como la agricultura es difícil llegar a las pequeñas comunidades con propuestas de reducción de impacto cuando se sabe que los latifundios son más contaminantes. Desde ahí plantea otra mirada para entender la equidad.
El diseño de estrategias nacionales o regionales depende de este tipo de preguntas. Pero muchos actores coinciden en que el acceso a la información también es un obstáculo para establecer prioridades, diseñar estrategias o asignar recursos. En los municipios más pequeños del país no están familiarizados con las INDC y muchos productores no saben cómo medir sus emisiones. En este punto el sector financiero juega un papel protagónico porque desde allí vendrán los recursos para apoyar los proyectos enfocados en la recuperación o el bajo impacto.
En el Ministerio de Ambiente están tratando de descentralizar sus esfuerzos con mecanismos como la Estrategia de regionalización y adaptación, con la que buscan llegar a más sectores de la sociedad, pero son conscientes de que la información no llega a todos los interesados. De ahí que Andrés Urrego, miembro de MCJC, proponga la necesidad de que los proyectos se planteen de abajo hacia arriba. Otros proponen un esfuerzo de doble vía, en el que las políticas gubernamentales empaten con los esfuerzos comunitarios para reducir las emisiones y ser más eficientes.
En la Fundación Natura, por ejemplo, exponen el Mercado Voluntario de Carbono como un punto de encuentro de distintos tipos de esfuerzos. Allí coinciden las organizaciones que quieren empezar a medir sus emisiones, las comunidades que están construyendo proyectos de mitigación o adaptación, las entidades que certifican este tipo de proyectos y la posibilidad de que los que contaminan apoyen a los que compensan su impacto en el medio ambiente.
Este encuentro fue un primer paso para construir una red de trabajo conjunto. La idea es que entre estas organizaciones se pueda compartir la información para que no se dupliquen esfuerzos y se puedan elaborar propuestas concretas. De esta manera se pretende extender la responsabilidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a más sectores de la sociedad y construir proyectos efectivos para lograr esta meta.
