Por:  Margarita Florez y Vanessa Torres_Asociación Ambiente y Sociedad

Columna publicada originalmente en Semana Sostenible 

Ante la escasa información gubernamental respecto de la obra, aparte de la “atención a la contingencia”, lo único que nos queda claro es la trágica situación actual de los pobladores ribereños que han sufrido por las fallas en la construcción del proyecto.

En 2014 se anunciaba que “La Hidroeléctrica Ituango será un sueño hecho realidad en 2018. Con la desviación del río Cauca que por años parecía indomable se marca un punto de no retorno para la construcción de la presa que producirá el 17 por ciento de la energía del país”. Hoy se ha pasado a un mutismo gubernamental que produce casi que escalofríos. Nadie de los Ministerios o agencias encargadas de este tipo de proyectos ha salido a pronunciarse de forma concreta sobre lo que ha pasado dejando a los afectados y al resto de colombianos sin tener una versión oficial.

Por eso nosotros, la ciudadanía, no los técnicos ni científicos, careciendo de suficientes conocimientos y elementos técnicos, y resintiendo la actual escasa locuacidad gubernamental respecto de la obra, aparte de la “atención a la contingencia”, lo único que nos queda claro es la trágica situación actual de los pobladores ribereños que han sufrido las fallas en la construcción de proyecto.

Lo que sí podemos es lanzar algunas preguntas sobre todo el proceso que ha tenido esta mega obra, ya que como ambientalistas hemos seguido la resistencia del Movimiento Ríos Vivos y otras ONG en sus reclamaciones ante autoridades nacionales y en instituciones financieras  por la falta de transparencia, el derecho a permanecer en el territorio, por la tala de bosque seco, por la búsqueda de víctimas de las masacres que ocurrieron en varios sitios ahora inundados y por la violencia continua,  medida por el número de activistas asesinados, que sin ir más lejos suman dos en menos de ocho días.

Pero de nada valió que se esgrimieran razones como estas para solicitar la nulidad de la licencia ambiental, ni las advertencias de los riesgos de construir sobre terrenos bastante inestables, ni denuncias sobre ausencia de participación, y de aceleramiento de la obra en los últimos días.

Adicionalmente, se recuerda que esta obra fue fuertemente criticada desde su inicio por los procesos de licitaciones y adjudicaciones. Para la etapa de construcción se conformó el consorcio CCC Ituango, uno de cuyos socios es el grupo empresarial brasilero Camargo y Correa, al cual en agosto de 2012 se le adjudicó la construcción de las obras principales del proyecto por parte de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Frente a esta licitación hubo diferentes denuncias, acciones judiciales y de tutela por parte de las otras empresas participantes en el proceso de licitación asegurando que se habían realizado maniobras para facilitar la adjudicación del contrato, que se trató de un proceso de licitación excluyente en el que se favoreció injustificadamente esa propuesta porque era la más económica, lo cual fue visto como un asunto de estrategia para presentar valores inferiores a lo que realmente iba costar la obra.

A estas denuncias y alertas se sumó la Fiscalía General de la Nación, la cual a través de la unidad de anticorrupción inició en febrero de 2017 una investigación preliminar contra las obras ejecutadas por esta empresa en el marco del escándalo de Lava Jato, corrupción que se dio a conocer el año pasado a partir del pago de sobornos y dádivas por este grupo empresarial y otras empresas Brasileras (Odebrecht) en diferentes obras de infraestructura en toda Latinoamérica.

Ahora queda por conocer, si hay alguien que nos explique, si los derrumbes se repiten, si hubo o no estudios que advirtieran, o permitieran adelantar una obra en ese tipo de suelos; si hay garantías suficientes para responder a la ciudadanía afectada: sobre las operaciones entre empresas que hacen los diseños, y luego venden su participación; si hubo modificaciones de la licencia ambiental, cuáles aspectos fueron modificados, y si el Estado puede o no hacer seguimiento de esos procesos.

Y por si fuera poco un ingeniero advierte que estos devastadores efectos podrían incrementarse si se produce una remoción de un sector conocido como el Guácimo. Entonces todavía siquiera podemos los del común estimar en que parará este desastre. Tal vez convenga adherirse al comunicado del 10 de mayo de la EPM, donde se agradece a los operarios que están en los túneles para realizar labores en la emergencia, pero además habrá que pedir que Dios y la Virgen los proteja a ellos y a los pobladores ribereños.