21 Países de América Latina y el Caribe (ALC) se reunieron en Montevideo, Uruguay del 5 al 8 de abril para la 3ª Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre Acceso a la información, la participación y la justicia en materias ambientales, con el objetivo de establecer estándares más altos en la región en materia de gobernanza ambiental y contribuir a la resolución de los conflictos socio ambientales. Asociación Ambiente y Sociedad participó de esta negociación internacional por medio de Natalia Gómez Peña, representante electa del público dentro del proceso regional.
Durante la reunión los Estados aprobaron las nuevas modalidades para la participación del público y avanzaron en la revisión de las definiciones, los principios y las obligaciones generales contempladas en el documento preliminar del acuerdo. Lamentablemente, con la aprobación de las nuevas modalidades de participación, la representación del público sufrió un retroceso pues los 21 países firmantes estuvieron de acuerdo en el párrafo 5 del documento en el que se establece que los países signatarios pueden oponerse a la participación del público de otras regiones. Teniendo en cuenta que este Acuerdo busca promover la participación ciudadana como uno de los derechos de acceso, es preocupante que ahora se establezca esta restricción hacia el público de otras regiones, el cual debería contar con la competencia para hacer aportes al proceso y contribuir a la construcción de capacidades, que es una de las bases fundamentales de este proceso.
La delegación colombiana en la negociación, contó con la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio de la coordinación de asuntos sociales, y el Ministerio de Medio Ambiente, por medio de la oficina de asuntos internacionales. Durante el primer día de la negociación Colombia presentó la idea de la estrategia conjunta de Implementación Nacional del Principio 10, la cual está a cargo de la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y que buscará conformar un comité tripartito con participación del gobierno, la sociedad civil y el sector privado para avanzar en la implementación de los derechos contenidos en el Principio 10 de la Declaración de Rio de 1992.
A pesar de este gran anuncio, durante la negociación Colombia se mostró en desacuerdo con varios de los puntos contenidos en el documento preliminar del acuerdo. Esperamos que con el avance de las negociaciones y la implementación de la estrategia nacional propuesta, nuestro país pueda asumir un mayor rol de liderazgo en el fortalecimiento de la democracia ambiental en América latina, contribuyendo a la construcción de este convenio regional y expresando finalmente su apoyo a la naturaleza vinculante del Acuerdo durante el próximo comité de negociación que se llevara a cabo en Agosto en Santo Domingo, República Dominicana.
El público latinoamericano presente en el proceso trabajó de manera conjunta para impulsar propuestas, entre ellas modificaciones al texto sobre la protección de los defensores ambientales, varias de las cuales fueron recogidas por los países y ahora hacen parte del documento en negociación. Próximamente la sociedad civil publicará su informe de la reunión.
Las personas interesadas en recibir más información sobre el proceso pueden unirse al Mecanismo Público Regional en http://www.cepal.org/es/registro-Principio10
