Existen barreras para hacer veeduría a la implementación de obras PDET

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La falta de transparencia en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial que se implementan en el piedemonte amazónico restringe la participación ciudadana

Por Karla Díaz

Hacer seguimiento y veeduría a la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) no es tarea fácil. Si bien la participación en los PDET fue concebida por el Acuerdo de Paz como una participación activa en todo el ciclo del mecanismo (formulación, ejecución, seguimiento y control), existen importantes barreras para el involucramiento ciudadano en su desarrollo. Las principales razones son la dispersión de las fuentes de información, la falta de transparencia en la información disponible y la dificultad para acceder a cierta documentación, como la de las obras por impuestos.

De manera que el desconocimiento de las comunidades sobre la financiación, los contratos, montos y obligaciones de las obras a implementar como los PDET, debido a la falta de acceso a la información, impide apreciar su real ejecución y elimina la posibilidad de hacer efectiva su participación en el control y veeduría a este mecanismo.

El Plan Marco de Implementación (PMI), en el Documento CONPES 3932, establece las siguientes fuentes de financiación de los PDET: recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación (PGN), Cooperación Internacional, recursos del Sistema General de Regalías (SGR), recursos propios de entidades territoriales y recursos del Sistema General de Participaciones (SGP). Pero, ¿cómo se transfieren estos recursos a la implementación de los PDET?, a través de las siguientes categorías:

Obras PDET

Si bien, la ART cuenta con una plataforma virtual que menciona el número total de obras, la inversión, las familias beneficiadas, el nombre del proyecto y el implementador, esta plataforma no permite hacer un monitoreo y una veeduría, pues no brinda información sobre los costos de la obra, los detalles del proceso de contratación, el estado de avance y la categoría específica de financiación.

Dentro de esta clasificación hacen parte el Plan 50/51 de mejoramiento de vías terciarias, Pequeña Infraestructura Comunitaria (PIC), las Obras Pdet fase I, II y III, Obras PDET Cooperación. Adicionalmente, la ART implementa la iniciativa de proyectos productivos ART, de la que hacen parte proyectos de intervención territorial – DEAP, proyectos FAO, proyectos MADR y proyectos UNODC.

La información de estos proyectos se encuentra dispersa y gran parte de ella no es pública. La Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) hizo la tarea de elevar derechos de petición para obtener información sobre los proyectos, a lo que la ART dio respuestas parciales y, en algunos casos, no respondió. A esto se suma que la información disponible en la página de la ART no es útil para hacer un control social y fiscal, porque solo se enuncian las obras implementadas a modo de publicidad: tipo de obra e inversión.

Obras implementadas mediante el Sistema General de Participaciones

Para los casos del Caquetá y el municipio de Algeciras, Huila, los costos estimados para la implementación del Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) se encuentran en 6.024.717 millones de pesos, de los cuales se espera que el SGP financie el 55,5%. En el caso del PDET Putumayo, los costos ascienden a 4.444.481 millones de pesos, de los cuales se espera que el SGP financie el 57,9%.

Ahora, ¿cómo hacer seguimiento a los recursos del SGP?, la trazabilidad de los recursos del Sistema es muy limitada, pues depende de que los entes territoriales asuman las iniciativas de los PDET en los planes de desarrollo e implementen proyectos con este enfoque.

En este momento, no existe una plataforma o mecanismo de verificación que permita hacer seguimiento a las apropiaciones anuales de las entidades territoriales, validar que efectivamente lo que se afirma se invierte en iniciativas de los PDET, y se hagan con el enfoque que define el Acuerdo de Paz, los PATR y las comunidades. Lo mismo sucede en el caso de la financiación de iniciativas de los PDET con recursos propios de las entidades territoriales.

Sistema General de Regalías – OCAD-PAZ

El Sistema General de Regalías está compuesto por recursos derivados de la explotación de recursos naturales no renovables. Para el bienio 2021-2022 se estiman unos ingresos del Sistema de 5.4 billones de pesos. La distribución de los recursos se divide en los recursos de inversión, ahorro y administración. Entre los de inversión se encuentra el rubro de “asignación para la paz” que, de acuerdo el Acto Legislativo 05/2019 y Ley 2056/2020, corresponde el 7% de la distribución total.

En un caso analizado en Puerto Guzmán, se encontró una obra de interconexión con sistemas de paneles solares por un valor de $49.483.580.913 que, según el Plan de Acción para la Transformación Municipal (PATM), correspondería a la iniciativa 1186571179674. Sobre esta obra, las comunidades tenían muchas incertidumbres, pues hasta que se realizó la indagación con la Asociación Ambiente y Sociedad, no conocían el monto del proyecto, el contratista implementador, las obligaciones del contratista, ni demás términos de la contratación. Adicionalmente, el proyecto se presentaba a la comunidad como un logro político de unos sectores y no como parte de la implementación de los PDET. Esto generó desconfianza entre las comunidades y el implementador.

Obras por impuestos

Finalmente, el mecanismo de obras por impuestos fue creado por la Ley 1819 de 2016 como una modalidad de pago de hasta el 50% de impuesto de renta, por medio de obras públicas, y puede ser implementado por empresas con ingresos superiores a 33.610 unidades de valor tributario, es decir, alrededor de 1.220 millones de pesos en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC), entre las que se encuentran los territorios PDET.

Inicialmente, las empresas petroleras y mineras fueron excluidas del mecanismo; sin embargo, mediante el Decreto 883 del 2017 se incluye este sector entre las empresas que pueden acceder al mecanismo. Las empresas interesadas en financiar obras, pueden seleccionar un proyecto presentado por alguna entidad territorial, que se encuentra en el banco de proyectos de la ART, o presentar una propuesta de inversión, en el marco de alguna iniciativa de los PDET.

Con respecto a la información en detalle de cada proceso, la ART aduce que no cuenta con información a nivel de proyecto, en la medida en que “el contribuyente asume la realización de la obra en forma directa, por lo cual la referida disposición legal prevé que los contribuyentes podrán celebrar con terceros los contratos necesarios para la preparación, planeación y ejecución del proyecto y la construcción de la obra, de acuerdo con la legislación privada, en consecuencia, y en la medida en que la ejecución de estos proyectos no se lleva a cabo siguiendo las reglas del Estatuto de Contratación Estatal, por lo mismo, no existe información relacionada con los registros en SECOP”.

En definitiva, a partir de una mirada a las diferentes fuentes de financiación es posible afirmar que no existen garantías para la vigilancia y veeduría sobre los recursos PDET, lo que puede derivar en casos de corrupción como los ya expuestos por otras investigaciones. La opacidad en la información y las barreras para el acceso a la información plantean la necesidad de un cambio en la metodología de implementación de estos planes pues, si bien tienen un fin legítimo, no alcanzarán los objetivos deseados de quienes han sufrido la guerra de forma más directa.

En artículos previos se muestra cómo la metodología de la Hoja de Ruta Única (HDRU) desconoce la visión de desarrollo construida por las comunidades en la fase de formulación y desarticula la implementación de los demás componentes de la Reforma Rural (vea el primer artículo aquí). Y se demuestra que el diseño metodológico, construido por la Agencia de Renovación del Territorio (ART) para la implementación de los PDET, como un simulacro de participación, ya que busca que las comunidades no tengan una participación decisiva en el proceso de ejecución.

Este es el último artículo de una serie que presenta argumentos sobre la tergiversación que han sufrido los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en su proceso de desarrollo, cuyo análisis completo se encuentra en el documento “Que pasó con los PDET: Balance de su implementación en el Caquetá y Putumayo”.