El Movimiento Ríos Vivos Antioquia -MRVA-, el Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ -CAJAR- entre otras organizaciones y cientos de firmas de personas, solicitamos con el lleno de los requisitos exigidos por la ley 99 de 1993 y del decreto 330 de 2007, la realización de una audiencia pública ambiental de seguimiento a la licencia ambiental del megaproyecto energético ‘Hidroituango’ (LAM2233), en vista de que se sustenta en -al menos ocho (8)- procesos sancionatorios en curso que dan cuenta de los incumplimientos de la licencia, se entiende que están dadas todas las condiciones procedimentales, jurídicas y administrativas ambientales para que esta audiencia proceda, máxime cuando para este tipo de megaproyectos se requieren espacios que garanticen la participación efectiva de las comunidades afectadas.

Mediante este espacio la ciudadania en general y las comunidades afectadas en particular ejercen su derecho a la participación, información y justicia ambiental en vista de las múltiples vulneraciones de derechos que este megaproeyecto ha acarreado. Se podrían conocer ampliamente el proceso de licenciamiento ambiental, situación que no se dio antes de la aprobación de la licencia ambiental, ni en su curso. También se podría tener un
conocimiento del resultado de las distintas denuncias que se han venido realizando sobre las irregularidades y daños presentados a todas las formas de vida, durante los ya nueve (9) años que lleva ‘Hidroituango’ de construcción y ejecución.

El espacio debería permitir que existieran suficientes fundamentos y sustentos claros y transparentes sobre las decisiones trascendentales para la vida comunitaria en relación con cada una de las modificaciones que ha tenido esta licencia, teniendo en cuenta en ese ejercicio, el comportamiento y acciones de estgimatización que han venido realizando los accionistas y las Empresas Públicas de Medellin -EPM-.

Se requiere la verdad de parte de las autoridades ambientales en su labor de control y seguimiento y de parte de la empresa en relación con la ejecución de las distintas obras, se requiere información detallada que soporte las modificaciones aprobadas por la ANLA, sobre las medidas de seguimiento, suspensión de obras, las aperturas de procesos sancionatorios, los incumplimientos de la licencia ambiental, entre otros temas. Se exige transparencia en esta labor y prioridad con las comunidades afectadas antes que con la empresa, toda vez que se ha evidenciado de parte de la ANLA en sus comportamientos un sesgo a favor de la empresa y de los promotores de la megaobra.

Pedimos a la sociedad civil en general, a los organismos internacionales de derechos humanos y de derechos ambientales, a los entes de control y al Movimiento Social y Ambiental colombiano que le exijamos a la ANLA informe la fecha de esta audiencia pública ambiental de seguimiento y que se realice antes del llenado del embalse.

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