Una ola de “criminalización” sin precedentes está inundando a todo el mundo para silenciar a los pueblos indígenas

680

Un nuevo informe de la ONU destaca el drástico aumento de la violencia y del acoso legal impulsado por la rápida ampliación de los proyectos de desarrollo en tierras indígenas.

Fuente: they should have known better

GINEBRA (27 de agosto de 2018) — Según un nuevo informe que la Sra. Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, presentó el día de hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha surgido una pronunciada tendencia de abusos en una gran cantidad de países, en los que tanto la violencia física como los enjuiciamientos se utilizan en contra de los pueblos indígenas que están defendiendo sus derechos y sus tierras.​

El informe describe la forma en que los intereses del sector privado se confabulan con los gobiernos para codiciar las tierras de los pueblos indígenas, a fin de implementar proyectos de desarrollo económico. La “criminalización”—el proceso de hacer ver como criminales a aquellos que defienden sus tierras— ha pasado a ser una herramienta cada vez más común, la cual contribuye a que con frecuencia estas disputas se transformen en conflictos abiertos. Si bien la mayoría de las personas indígenas que enfrentan delitos penales son hombres, las mujeres cargan con el peso de su ausencia, ya que deben asumir sin ninguna ayuda todas las responsabilidades relacionadas con sus familias y sus comunidades.​

La Sra. Tauli-Corpuz señaló lo siguiente: “Me han alertado acerca de la existencia de cientos de casos de criminalización en casi todos los rincones del mundo”. La funcionaria añadió que “la rápida expansión de los proyectos de desarrollo en tierras indígenas, sin su consentimiento, está originando una crisis global. Estos ataques —ya sean físicos o jurídicos— son un intento por silenciar a los pueblos indígenas que expresan su oposición a proyectos que amenazan sus medios de vida y sus culturas”.​

Desde junio de 2014, cuando dio inicio su titularidad como Relatora Especial, la Sra. Tauli-Corpuz ha presenciado un repunte considerable de casos de criminalización y violencia en Filipinas, al igual que en Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, India, Kenia, México y Perú.​

Muchas de las peores violaciones surgen a raíz de la creciente militarización, diversas leyes sobre seguridad nacional y legislación antiterrorista. Todo esto puede poner a los pueblos indígenas en la mira —literalmente— del ejército y de las fuerzas policiales. Tanto durante como poco tiempo después de la reciente visita oficial de esta funcionaria de la ONU a Guatemala en mayo de 2018, siete líderes indígenas fueron asesinados y hace apenas dos semanas, otro activista también resultó muerto.​

Lolita Chavez Ixcaquic, del Consejo de Pueblos K’iche por la Defensa de la Vida, la Madre Naturaleza, la Tierra y el Territorio, expresó que “los y las líderes indígenas que alzan sus voces en Guatemala enfrentan detenciones arbitrarias, torturas y acoso sexual por parte de la policía, y hasta pierden la vida. El sistema de justicia no solo no aborda nuestras preocupaciones, sino que también es una herramienta para que el Estado y los intereses privados ataquen la autoridad y a los líderes de nuestras comunidades”.

La propia Relatora Especial fue una de las 600 personas a las que se consideró como terroristas bajo un recurso legal impuesto por el gobierno del mandatario Rodrigo Duterte en su país natal, Filipinas. Si bien se eliminó el nombre de la funcionaria y los de otras tres personas —una semana antes de la publicación prevista del informe— la gran mayoría de personas incluidas en esta petición permanecieron en la lista negra.​

La Sra. Tauli-Corpuz destacó el hecho de que los cargos se presentaron como represalia por sus actividades de defensa a favor de los pueblos indígenas desplazados en la región de Mindanao en Filipinas, los cuales han enfrentado un proceso de criminalización y medidas militares por resistirse a la realización de actividades en las minas de carbón y en otros proyectos de desarrollo que buscan implementarse en sus tierras.​

Al respecto, Anne-Sophie Gindroz, facilitadora de RRI para el sudeste asiático, explicó que “existe una impunidad generalizada para aquellos que cometen actos de violencia hacia los pueblos indígenas. Al mismo tiempo, se pueden utilizar los sistemas de justicia contra los defensores de los derechos humanos de estos pueblos. Por ejemplo, en Indonesia, se ha arrestado a una cantidad de personas por permanecer en sus tierras después de que el gobierno se las concediera a empresas productoras de aceite de palma”.​

El informe asevera que la violencia y la criminalización también pueden afectar hasta a los abogados y defensores de la sociedad civil que trabajan con los pueblos indígenas. La propia Sra. Gindroz, quien desde hace mucho tiempo ha sido activista a favor de estos pueblos, fue expulsada de la República Democrática Popular Lao.​

Por su parte, Alfred Brownell, fundador de Green Advocates, una organización de abogados, encargados de movilizaciones comunitarias y mujeres que promueven los derechos de las comunidades rurales a la tierra y el medio ambiente en Liberia, señaló lo siguiente: “En 2016, tuve que huir de mi país y toda mi organización debió funcionar de forma clandestina. Estas comunidades no se oponen al desarrollo, pero desean expresar su opinión sobre lo que sucede en las tierras a las que han llamado su hogar por generaciones. Unos tres millones de liberianos dependen de los territorios consuetudinarios, pero sus derechos seguirán en el limbo hasta que aprobemos una legislación de vital importancia que se ha venido debatiendo desde hace cuatro años”.​

En todo el mundo, hay una serie de leyes que ponen a los pueblos indígenas en una situación de desventaja. Un nuevo informe del Instituto de Recursos Mundiales reveló que el proceso para formalizar los derechos de estos pueblos y de las comunidades a las tierras es extremadamente costoso y complejo, y algunas veces demora hasta 30 años, mientras que, por lo general, las empresas pueden obtener derechos a largo plazo en esas tierras en un período de hasta solo 30 días.​

Si bien la mayoría de los casos registrados guarda relación con su oposición a intereses empresariales, en otros casos, en nombre de la conservación, se considera que la forma de vida de los pueblos indígenas es ilegal, lo cual da origen a arrestos, desalojos forzados y otras violaciones a los derechos humanos.​

Yator Kiptum, Coordinador Ejecutivo del Programa de Pueblos Indígenas Sengwer, afirmó que “se ha tomado la conservación como una excusa para aumentar la violencia contra estos pueblos, los cuales viven en sus tierras ancestrales. Hasta se ha asesinado a algunos de ellos. En repetidas ocasiones, el Servicio Forestal de Kenia ha desalojado y quemado los hogares de los Sengwer, y también ha arrestado a miembros de la comunidad, a pesar de que un tribunal emitió una orden para evitar estos desalojos. Los Sengwer desean vivir, regir, gestionar y poseer sus tierras ancestrales, y trabajar mano a mano con el gobierno y otros actores. Esta es la única manera de velar por la conservación sostenible de los bosques. Los desalojos solo darán origen a más destrucción”.​

Desde la difamación hasta la detención indefinida y otras cosas peores, pese a los tratados de la ONU

Por lo general, la criminalización ocurre como parte del rechazo del gobierno cuando los pueblos indígenas se oponen a la implementación de proyectos a gran escala. Estas acusaciones se dirigen sobre todo a los líderes, como una estrategia para reprimir y silenciar a comunidades enteras. Si bien los procesos pueden variar, por lo general muestran un patrón similar:​

Campañas de difamación: Impulsadas por la incitación al odio y con base en el racismo y la discriminación, las tácticas de desprestigio y las campañas de difamación en las redes sociales describen a las personas indígenas como miembros de bandas delictivas, guerrillas, grupos terroristas y una amenaza para la seguridad nacional.

Cargos criminales: Con frecuencia, se acusa a los líderes y sus comunidades de cometer delitos imprecisos, tales como “perturbación del orden público”, “usurpación”, “ingreso ilegal a propiedades”, “conspiración”, “coerción” e “incitación a cometer delitos”. Se utilizan los “estados de emergencia” para suspender las garantías judiciales y evitar que se realicen manifestaciones pacíficas.

Órdenes de detención: Se emiten órdenes de detención con bastante frecuencia, a pesar de contar con evidencia escasa o deficiente y con testimonios que aún no se han corroborado. En ciertas ocasiones, las acusaciones no nombran a las personas, por lo que se acusa a toda una comunidad de cometer actos delictivos. Muchas veces, las órdenes de detención quedan pendientes y no se ejecutan, por lo que las personas indígenas afectadas quedan bajo la amenaza permanente de ser arrestadas.

Métodos abreviados ilegales: Por lo general, el enjuiciamiento de personas indígenas incluye su detención antes del juicio, lo que puede durar hasta varios años, y con frecuencia se desacatan las garantías procesales. En muy pocos casos, las personas indígenas cuentan con los medios necesarios para buscar asesoría jurídica y hasta para contratar los servicios de un intérprete. Si se les absuelve, en muy pocas ocasiones se les repara el daño causado.

Criminalización masiva: Las organizaciones indígenas han sido objeto de confiscaciones y actividades de vigilancia ilegales, mientras que las leyes que imponen requisitos de inscripción y medidas de control del financiamiento obtenido debilitan su movilización y restringen el apoyo que reciben. Diversos miembros de organizaciones de la sociedad civil y abogados que prestan asistencia a las comunidades indígenas han sido víctimas de agresiones físicas y hasta han perdido la vida.​

El informe menciona una serie de tratados y convenciones internacionales que ofrecen protección a los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Entre estos documentos se pueden mencionar los siguientes:

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. (DNUDPI).

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La Declaración Universal de Derechos Humanos.

El Convenio N.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Para elaborar el informe, la Relatora Especial se basó en fuentes tanto primarias como secundarias, información de primera mano que se obtuvo durante la realización de visitas a diversos países, una convocatoria pública para el envío de documentos y una consulta de expertos de dos días de duración, celebrada en Ginebra en marzo de 2018. Además, se llevó a cabo una reunión de consulta con representantes indígenas en el marco del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en abril de 2018.


Continúa aumentando la violencia

La organización Front Line Defenders documentó un total de 312 asesinatos de defensores de derechos humanos en 2017. El 67 por ciento perdió la vida por defender sus tierras, el medio ambiente o los derechos indígenas, casi siempre en el contexto de proyectos del sector privado. Aproximadamente el 80 por ciento de los asesinatos se perpetró en cuatro países: Brasil, Colombia, Filipinas y México.​

Por su parte, la organización Global Witness documentó 207 asesinatos de defensores del medio ambiente y tierras en 2017 —el peor año registrado al respecto — y tanto la agroindustria como el sector industrial tuvieron alguna relación con la mayoría de estos asesinatos. De todos los que perdieron la vida, el 25 por ciento eran personas indígenas.​

El hecho de que los Estados no reconozcan los derechos de los pueblos indígenas a la tierra da origen a esta violencia, y puede permitir que se les considere como intrusos en sus propias tierras y que se les expulse de estas, las cuales representan la base sus medios de vida, su cohesión social y sus tradiciones espirituales. Los pueblos indígenas y las comunidades locales reclaman de forma consuetudinaria más del 50 por ciento de las tierras del mundo, pero solo tienen derechos reconocidos legalmente en el 10 por ciento de estas.​

Andrew Anderson, Director Ejecutivo de Front Line Defenders, expresó lo siguiente: “Lo que está sucediendo ahora en todo el mundo no es nada menos que un ataque sistemático a las comunidades campesinas y a los pueblos indígenas. En su insaciable codicia por obtener madera, petróleo y oro, las élites corruptas, que no tienen más ambición que su propio enriquecimiento, amenazan no solo con destruir la vida y la cultura de los pueblos indígenas, sino también el medio ambiente del cual depende nuestra sobrevivencia colectiva en el futuro”.​

Sra. Victoria Tauli Corpuz, La Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, es una líder indígena Kankana-ey, pueblo Igorot de la región Cordillera en Filipinas. Ha trabajado durante más de tres décadas en la construcción de movimientos entre los pueblos indígenas y como defensora de los derechos de las mujeres. La Sra. Tauli-Corpuz es la antigua Presidenta del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (2005-2010). Participó activamente en la redacción y adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007.