¿Termina la impunidad de las multinacionales?

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Por: Elena Rusca

Hacia un tratado Vinculante en las Naciones Unidas (Ginebra, Suiza) que reglamente las operaciones de las transnacionales y ponga termino de sus violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

Entre el 15 y el 19 de octubre sesionó en la sede europea de la ONU en Ginebra (Palais des Nations, 1211 Genève), la 4ª sesión des grupo de trabajo intergubernamental sobre las corporaciones transnacionales y otras empresas y el respeto a los derechos humanos – Open-ended intergovernmental working group on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights.

El grupo de trabajo entra en una nueva etapa porque por primera vez se presentó un proyecto de tratado en la mesa de negociaciones, un borrador llamado zero draft (16.7.2018).

La campaña Stop Corporate Impunity – Campaña Global para reivindicar la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder de las transnacionales y poner fin a la impunidad – dentro de la cual están comprometidos 200 movimientos sociales, redes y organizaciones activos en diferentes sectores, países y regiones (todas las organizaciones en https://www.stopcorporateimpunity.org/llamado-a-la-accion-internacional/?lang=es) participan en este grupo de trabajo desde su inicio y el año pasado presentaron su propia propuesta que surge de las bases (las comunidades, sindicados, organizaciones de las mujeres).

Aquí en el Palacio de la ONU, es el CETIM (Centro Europa – Tercer Mundo) el encargado de coordinar las actividades. El objetivo : establecer un Tratado Vinculante en las Naciones Unidas que reglamente las operaciones de las transnacionales y ponga termino de sus violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

Un tratado de este tipo sería un paso fundamental para las víctimas de las explotaciones y los abusos de las multinacionales. Así se permitiría iniciar juicios colectivos, asistencias jurídicas (para lograr dar seguimiento a casos que, en su gran mayoría, no logran ser efectuados por falta de recursos para las victimas), como lo afirma Jan Fermon, de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, ONG que participa en la campaña.

Varias son las denuncias de casos concretos realizadas durante la semana, gran parte en América Latina.

Entre tantas, el caso Chevron (antes Texaco), en Ecuador, multinacional que, recordamos, tiene vínculos directo con el actual gobierno de Ecuador, pues el abogado de Chevron es Francisco Roldan, tío de Juan Sebastian Roldan, quien es secretario particular del presidente de la República, Lenin Moreno.  “Buscamos el bienestar mundial – no solamente sancionar a los que nos han hecho mal”, son las palabras de Justino Piaguague, de la Union de afectados por Chevron – Texaco en Ecuador. Un litigio que empezó el 3 de noviembre de 1993, cuando 30 mil afectados de la Amazonia ecuatoriana denunciaron ante la Corte de los Estados Unidos  los serios impactos de salud (130% de muertos de cáncer más frecuente que en otra zona de Ecuador). Sin embargo, el 14 de febrero de 2011 Chevron fue sentenciada a pagar 9.500 millones de dólares destinados a ser usados para reparar los daños ambientales, culturales y sociales causados en la Amazonia ecuatoriana entre 1964 y 1992. Este año, el 30 de agosto 2018, un panel de arbitraje Internacional Privado, anuló la sentencia que condenaba Chevron a pagar los 9.500 millones de dólares).

No tan distinta fue la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo, el 18 de diciembre de 2014, cuando el European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) presentó, a favor de la viuda del Señor Luciano Romero, una demanda contra la Confederación Suiza ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo. Fue con el objeto de determinar si la justicia helvética investigó suficientemente la responsabilidad que le cabe a Nestlé en el asesinato de Luciano Romero. Desafortunadamente la justicia no reconoció el derecho de la víctima y desestimó el caso. El Señor Romero había recibido amenazas de muerte después de haber sido falsamente acusado por la dirección local de “Nestlé” de pertenecer a la guerrilla. Según el testimonio del ex comandante paramilitar colombiano Salvatore Mancuso, la Empresa CICOLAC, subsidiaria de la multinacional “Nestlé”, habría efectuado pagos a su unidad”.

En Chile, no hay que olvidar el caso de Macarena Valdés, activista ambiental, quien fue encontrada sin vida el 22 de agosto del 2016. Macarena Valdes había recibido amenazas en el contexto del conflicto entre las comunidades Mapuche y la empresa multinacional hidroeléctrica austriaca RP Global.

“Los pueblos no son vulnerables : se colocan en situaciones vulnerables cuando las denuncias no tienen respuesta”, así se pronuncia Claudia Sala de Pinho, de la CNPCT Brazil, también participante de la campaña.

¿Hasta cuándo la corrupción de los países seguirá matando a sus propios pueblos para favorecer los interés de grandes empresas indiferentes al país que explotan?

Esperamos la 5ª sesión del grupo de trabajo para seguir perfeccionando los puntos del borrador cero, y lograr una reglamentación mundial de un manejo económico global que está destruyendo tanto los pueblos, como los territorios, a todo los niveles:  social, económico, político y cultural.

Ginebra, el 19.10.2018