Piden que Colombia firme acuerdo internacional para proteger a líderes ambientales

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Fuente: El Espectador

Se trata del Acuerdo de Escazú, que podrá ser firmado por 33 países a partir de hoy, septiembre 27 de 2018. Aunque ocho países ya se comprometieron con este tratado, el gobierno colombiano no se ha pronunciado. El acuerdo busca acceso a la Información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en la región.

Desde el día de hoy, jueves 27 de septiembre de 2018, las Naciones Unidas deja abierta, oficialmente, la posibilidad para que los países firmen el Acuerdo de Escazú: el primer tratado mundial que busca dar protección obligatoria a los defensores del medio ambiente.

La posibilidad para firmar estará abierta a partir de hoy y durante los próximos 24 meses, razón por la que varias ONGs colombianas le han pedido al Gobierno de Colombia que no pierda la ventana de oportunidad para hacer parte de este tratado. De los 33 países de América Latina y el Caribe que están invitados a hacer parte del Acuerdo de Escazú, ya se han comprometido ocho: Argentina, Uruguay, Costa Rica, Chile, Perú, Panamá, Santa Lucia y Ecuador. Además, solo se necesita la firma de 11 países para ratificarlo.

Según explica la Asociación Ambiente y Sociedad, una de las ONGs que está haciendo la solicitud para que Colombia firme, el Acuerdo de Escazú tiene 25 artículos que, entre otros, le permitirían a la ciudadanía tener acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia en materia ambiental.

“Por más de 25 años de haberse adoptado la Declaración de Río los ambientalistas estamos esperando que se nos brinde el acceso oportuno a la información, y participación en políticas, proyectos y decisiones que afectan nuestro ambiente y su territorio. Por eso en la cita de este 27 de septiembre en Naciones Unidas esperamos que el Presidente Duque se sume a la mayoría de los gobiernos de América Latina, reconozca el esfuerzo realizado por la CEPAL en la negociación, y firme el Acuerdo de Escazú”, afirma Margarita Flórez, directora de la Asociación Ambiente y Sociedad.

Cabe recordar que durante los últimos tres años Colombia se ha ganado un penoso puesto manteniéndose en el “top” de los tres países más peligrosos para los líderes ambientales, según Global Witness. En el 2016, con 37 asesinatos, estuvo en segundo lugar y en el 2017, con 24 muertes, bajó al tercer lugar, entre los 22 países que analiza esta ONG inglesa.

Además, tras hacer un exhaustivo análisis con una firma de abogados colombiana sobre qué tan avanzados iban los procesos sobre estos asesinatos, Global Witness también encontró que entre 122 casos reportados desde el 2011 el índice de impunidad es del 92%.

Para Lina Muñoz Ávila, directora de la Especialización y de la Maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario, “los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales han sido reconocidos por la Organización de Naciones Unidas y por la comunidad internacional como un instrumento fundamental para la implementación de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Acuerdo de Escazú es un medio para que países como Colombia, puedan demostrar de forma simultánea mayores y mejores avances en el cumplimiento de otros compromisos y agendas internacionales, como las obligaciones en temas de cambio climático, de otros acuerdos multilaterales ambientales y de la OCDE”.

Aunque Colombia tiene una agenda interna vigente para cumplir con lo prometido en el Acuerdo de París y fui pionero en establecer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, integrados en su Plan Nacional de Desarrollo, Erika Buitrago, docente e investigadora de la universidad de Medellín, cree que firmar este tratado daría una mejor base para proteger a quienes defienden y periguen estos objetivos.

“Entre los principios proclamados en las declaraciones y acuerdos multilaterales ambientales, el de participación es un principio angular que se erige como base fundamental para alcanzar los objetivos de protección de nuestra Constitución Política”. Este principio, asegura Buitrago, “permanece siempre vigente y se fortalece a medida que se desarrolla el derecho internacional e interno, para reafirmar que la realización eficaz de la protección del ambiente se alcanza a través de las decisiones y las acciones consideradas legítimas en tanto involucran a todas y todos los actores interesados”, explica en un comunicado enviado por Ambiente y Sociedad.

A nivel regional, ya son más de 200 Organizaciones de la Sociedad Civil las que han pedido a los  Estados de América Latina y el Caribe que firmen y ratifiquen rápidamente el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en la región.