A. Latina y el Caribe firman tratado que protege a líderes ambientales

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Por primera vez, 25 países de esta región aprueban un acuerdo vinculante para los Estados.

En San José (Costa Rica), 25 países de América Latina y el Caribe –incluyendo a Colombia– firmaron un acuerdo regional que reconoce que el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales son derechos fundamentales para garantizar un medioambiente sano y que los Estados deben garantizar su cumplimiento.

Natalia Gómez, investigadora de la Asociación Ambiente y Sociedad y representante de la sociedad civil en el proceso, dijo a EL TIEMPO que la importancia del tratado no solo está en el reconocimiento de derechos, sino también en que es “el primero en el mundo en el que se hace una mención específica a la labor de los defensores ambientales. Con este acuerdo, los países se comprometen a darles garantías para ejercer su labor”.

El acuerdo también reconoce la obligación de los estados para garantizar esos derechos y promover una democracia ambiental.

Esto es importante para la región, teniendo en cuenta que es una de las más biodiversas del mundo, pero al mismo tiempo, con una de las mayores tasas de conflictos ambientales y de amenazas y ataques contra los defensores ambientales. Solo en Colombia, por ejemplo, fueron asesinados 197 defensores del ambiente y el territorio durante el 2017.

El acuerdo entrará en vigor luego de que 11 países que lo firmen y ratifiquen. Podrán proceder con el tratado desde el 27 de septiembre, fecha en la que empezará la asamblea general de las naciones unidas en Nueva York.

“Ahora el trabajo será en cada país para que cada gobierno firme el tratado”, explicó Gómez.

El periodo establecido para que todos los países firmen el tratado es de dos años. “Este tiempo se abre el próximo septiembre y va hasta septiembre del 2020. Después de la firma, los países tienen que ratificarlo. Este es un proceso que se dará en cada país y que luego tiene que enviarse a Naciones Unidas”, dijo Gómez.

Aunque no hay un tiempo fijo estimado para que el acuerdo entre en vigencia, se proyecta que será dentro de un plazo de 2 a 4 años.

 

Sobre la negociación del tratado

La delegación de Colombia en el proceso de negociación estuvo representada por el Ministerio de Ambiente y la Cancillería. El país entró en el proceso de negociación en el 2013.

Esta negociación después de Río+20 (conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible). Entonces, 10 países de América Latina y el Caribe suscribieron una declaración en la que mostraban intención de implementar el Principio 10 de la declaración de Río.

Este habla, justamente, del acceso a la información, a la participación y la justicia ambiental. Para garantizar el cumplimiento de los derechos y lograr que se reconozcan como tales, los países se comprometieron a encontrar un instrumento jurídico internacional mediante el que pudieran hacer efectivo este reconocimiento. 
Después de la declaración, Colombia se suscribe y se unió al proceso de negociación en el año 2013.

“Algo único en esta negociación es que se acordó que los ciudadanos tuvieran una participación directa. Eso hizo que en la mesa existiera un puesto para el público”, explicó Natalia Gómez, quien estuvo sentada en la negociación desde el año 2014.