El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social puso a disposición de la sociedad civil una plataforma para recibir contribuciones o recomendaciones sobre transparencia y derechos humanos en los proyectos que financia. La plataforma estuvo abierta del 21 de agosto hasta el 6 de septiembre del 2018.
Se reconoce que el BNDES en los últimos años avanzó en sus políticas y prácticas de transparencia. En su trabajo de análisis y monitoreo de los impactos socioambientales de proyectos financiados por esta institución. Igualmente, se han visto mejoras en relación al acceso a la información, particularmente en relación a la publicación de datos en el Portal de la Transparencia, a la adopción de una política propia de Acceso a la Información, al cumplimiento de los plazos de la Ley de Acceso a la Información, a la disponibilidad de contratos y datos financieros, y a la facilidad de navegación del portal del banco. La colaboración con el Tribunal de Cuentas de la Unión y la nueva plataforma del banco son pasos importantes hacia una mejora de las prácticas del BNDES.
Sin embargo, las organizaciones antes mencionadas todavía identifican puntos en los que el BNDES debe avanzar en relación a la divulgación activa de informaciones sobre los impactos socioambientales de los proyectos apoyados por el banco, bien a través del financiamiento de proyectos en territorio nacional, o mediante la financiación de servicios de construcción e ingeniería en el exterior. Asimismo, existen deficiencias en la divulgación de datos completos, en tiempos adecuados, para que la sociedad civil en general y, principalmente las comunidades afectadas por los proyectos, tengan conocimiento sobre los impactos de los proyectos en relación a los derechos humanos y ambientales, y puedan participar en el proceso de toma de decisión de manera cualificada.
Se trata de un derecho garantizado por normas nacionales e internacionales: tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen el derecho a la libertad de opinión y de expresión, que incluye el derecho a investigar y recibir informaciones y opiniones, y difundirlas. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de las Naciones Unidas reconoce también el derecho de todos los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por representantes libremente elegidos.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció, en el caso Claude Reyes y otros vs. Chile, que el actuar del Estado debe regirse por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública. La Corte considera, además, que constituyen asuntos de evidente interés público el acceso a la información sobre actividades y proyectos que podrían tener algún impacto ambiental. Este Tribunal también observa que el acceso a la información es la base para el ejercicio de otros derechos, y está intrínsecamente relacionado con la participación pública, con respecto al desarrollo sostenible y a la protección ambiental. Además, en su Opinión Consultiva 23/17, la Corte determinó que las empresas deben actuar en conformidad con el respeto y la protección a los derechos humanos, así como prevenir, mitigar y responsabilizarse por las consecuencias negativas de sus actividades sobre los derechos humanos. Finalmente, el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), estableció que la obligación de proporcionar información relativa a cuestiones medioambientales no sólo corresponde a organismos públicos sino también a las empresas privadas que reciban fondos públicos o desempeñan funciones públicas, todo conforme al principio de la publicidad máxima.
En este sentido, las organizaciones recomiendan:
- La incorporación de informaciones relativas a impactos socioambientales en la nueva plataforma. Esta incorporación puede darse tanto a través de la disponibilidad de filtros (como la categoría de impacto socioambiental), como a través de la disponibilidad de documentos junto a los demás datos (por ejemplo, estudios de impacto ambiental y otras formas de evaluación, cuando sean aplicables).
- La publicación de informes socioambientales de proyectos de infraestructura y otros proyectos de alto impacto apoyados por el banco, incluso en el exterior. En 2015, la Política Socioambiental del BNDES adoptó procedimientos específicos para el Apoyo a la exportación de bienes y servicios en el ámbito del producto BNDES Exim Post-Embarque. En ese momento, el banco asumió el compromiso de divulgar el informe socioambiental de proyectos con impacto en las Categorías socioambientales A y B, incluyendo la evaluación de sus riesgos potenciales e impactos socioambientales y sus condicionantes y medidas mitigadoras. Según la PSA, también podrían divulgarse los documentos socioambientales utilizados durante el análisis y contratación. Sin embargo, el banco ha entendido que estas disposiciones se aplican sólo a nuevas contrataciones, por lo que todavía no se han aplicado. Las organizaciones recomiendan que el compromiso se aplique al stock de proyectos, especialmente a aquellos que actualmente están en fase de implementación.
- La exigencia contractual de que los prestatarios de financiación relacionados con grandes impactos socioambientales divulguen estudios de impacto y documentos relacionados.
- El establecimiento de plazos para la divulgación de informaciones socioambientales, que permitan el acceso a la información de comunidades afectadas y de la sociedad civil durante el proceso de toma de decisión. En este sentido, un análisis de las políticas de tres agencias de crédito a la exportación, tres bancos nacionales, y siete bancos multilaterales realizada por Conectas, determinó que, en general, las instituciones publican las informaciones sobre el proyecto hasta treinta días antes o después de la firma del proyecto, contratado con el tomador de préstamos (Conectas Derechos Humanos, 2018).
- Adoptar el principio general de que las informaciones relacionadas con la evaluación, aprobación y monitoreo de proyectos que puedan tener impactos socioambientales significativos serán públicas, a menos que haya motivos para hacerlas confidenciales.
- Alineación de la política de transparencia con los principios internacionales relacionados con el acceso a la información y la transparencia, incluida la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Acuerdo de Escazú, así como jurisprudencia de los órganos responsables de su aplicación e interpretación.
- Aumento de la cantidad y calidad de la información disponible en inglés y español.
- En el marco de una política de transparencia activa, de todos los documentos relevantes relacionados con los proyectos financiados dentro y fuera de Brasil, especialmente los de infraestructura, incluyendo las evaluaciones de los consultores independientes, estudios de viabilidad y perfil de los proyectos, así como otros documentos que contienen análisis de riesgo y evaluaciones de impacto socioambiental. La divulgación debe ser realizada en un momento, idioma y formato ajustados a las particularidades culturales de las comunidades locales, para que puedan presentar sus preocupaciones al Banco de manera oportuna.
- Divulgación de información sobre los aspectos socioambientales que serán monitoreados durante todo el ciclo del proyecto, su alcance, y los resultados de estos monitoreos.
Esta contribución al BNDES fue elaborada por la Coalición Regional para la Transparencia y la Participación, por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente y la Ecoa – Ecología y Acción. La Coalición está formada por Conectas Derechos Humanos (Brasil), DAR (Perú), Asociación Ambiente (Colombia) y CEDLA (Bolivia), organizaciones de la sociedad civil latinoamericana cuyos ejes de trabajo principal son la transparencia y la participación ciudadana (a nivel local y nacional), así como los diversos procesos de integración regional y organismos financieros multilaterales, en pro de la consolidación del desarrollo sostenible y de buenas prácticas de gobernanza regional.
Los aportes presentados también fueron elaborados con el apoyo de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, una organización regional que usa el derecho y la ciencia para proteger el ambiente y las comunidades afectadas por la degradación ambiental en América Latina. Además, se contó con la participación de Ecoa – Ecología y Acción, organización con sede en Brasil que promueve acciones socioambientales para la conservación del medio ambiente y sus poblaciones locales, asociando investigación científica al conocimiento tradicional para fomentar políticas públicas de desarrollo.
Los miembros de estas organizaciones estuvieron presentes en la audiencia pública del 21 de agosto de 2018, y registraron sus comentarios por medio de una contribución escrita.
Estos son algunos aportes:
