Por la Protección Internacional de los Ecosistemas
En el planeta se intensifica la disputa global por los Bienes Naturales entre dos proyectos: uno que resiste por la autoafirmación de la soberanía, la autonomía y el poder territorial para el Buen Vivir donde se armonicen la equidad social y la justicia ambiental y, otro, por el control corporativo de nuestros territorios sustentado en el modelo extractivista, financiarista, la implacable competencia, las exigencias de rentabilidad, la carrera hacia la ganancia rápida, que destruye los equilibrios naturales, la seguridad alimentaria, despoja a las comunidades, menoscaba la soberanía, afecta las cuencas hídricas, deteriora los suelos fértiles y depreda la biodiversidad a manos de empresas transnacionales y multinacionales que exportan sus ganancias e incrementan el consumismo afectando la sustentabilidad de la vida en la tierra con el aumento de la temperatura planetaria (18°C) y, en consecuencia, en el cambio climático, sin importar la destrucción de nuestros ecosistemas. Ha sido este modelo extractivista, el que ha perpetuado la opresión y el despojo con complicidad de los gobiernos, que expiden leyes para garantizar a las empresas el marco legal requerido para la extracción intensiva de nuestros bienes naturales y la explotación de la fuerza de trabajo.
Esa disputa global en Colombia se expresa, de una parte, en la imposición de la política minero energéticas y los agronegocios, los Planes de Desarrollo y de Privatización del río Magdalena, los Proyectos de Interés Estratégico Nacional –PINES- a través de una legislación para el despojo de facto y la represión y judicialización de las protestas sociales ante los múltiples conflicto s económicos, socioambientales y culturales generados por los megaproyectos. Y, de otra, las resistencias sociales de las “víctimas del desarrollo” contra la imposición del modelo neoliberal extractivista y por la Defensa del Territorio y la Vida, donde surgen alternativas como referentes de identidad individual/colectiva, de oposición radical a la explotación, exclusión, discriminación, despojo, desplazamiento y, al mismo tiempo, construcción de poder y autogobierno de los sectores subalternos, su arraigo en el territorio y el derecho a construir sus proyectos de vida.
La Resistencia Civil organizada por la Defensa de nuestros territorios, el río Magdalena, la biodiversidad natural y genética, hace parte de las luchas de las comunidades que se oponen a las represas del Quimbo, Pescadero Ituango, Hidrosogamoso, Complejo Hidroeléctrico del Oriente de Caldas Río Guarinó, Rio Manzo y La Miel I, las exigencias de Asprocig de mitigación de impactos generados por Urra I; las organizaciones sociales y cívicas contra la explotación minera a cielo abierto en “La Colosa”, Cajamarca, Tolima y en los páramos de Santurbán, Santander y Guerrero en Cundinamarca, la asociación campesina de Inzá Cauca en el Macizo Colombiano que enfrenta el poder de los terratenientes y las concesiones mineras; las comunidades afro-descendientes que en el Pacífico exigen sus territorios ancestrales; las comunidades indígenas de la Guajira que se oponen a la desviación del río Rancherías, las acciones por la defensa de los ríos, páramos, humedales y por la justicia ambiental y, a nivel internacional, contra la represa de Zapotillo en México, Palo Viejo en Guatemala, por Patagonia sin represas en Chile, el fortalecimiento del Movimiento de Afectados por Represas, -MAB- en Brazil, el Movimiento Stop Enel, en Italia, las experiencias internacionales de protección de ecosistemas en Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, entre otros.
En Colombia la resistencia avanza por la defensa de “El Río de la Vida”, el río Magdalena concesionado por el presidente Santos a la empresa Estatal Hydrochina bajo la modalidad de planificación territorial y ambiental sometida a parámetros decididos por compañías y con fondos extranjeros para megaproyectos de generación de energía y transporte de carga como “uno de los pilares estratégicos para la competitividad de la Nación, debido a los bajos costos y el desarrollo de infraestructura para el estímulo a la inversión privada”.
La Revista Portafolio informó que el Plan de Aprovechamiento del río Magdalena se propone navegación, generación de energía, y protección ambiental de la cuenca que deberá estar listo en el 2030 y a corto plazo en el 2020. Es un plan de extracción y explotación de recursos de todo tipo de la cuenca del Magdalena y todos sus afluentes que proyecta consolidar y mejorar las vías terrestres y fluviales convirtiendo al río Magdalena en una gran hidrovía para la movilización de petróleo, carbón, contenedores, cereales (maíz, trigo y soya). Incluye, además, la construcción entre 13 y 17 hidroeléctricas de diferente capacidad, a lo largo del río, desde el Macizo Colombiano hasta el Municipio de la Honda.
El Plan Maestro es un atentado contra la soberanía nacional y el Derecho de las comunidades a decidir sus Planes de Vida. Se trata de la privatización del río Magdalena en el marco de los Tratados de Libre Comercio donde lo fundamental es la navegabilidad para el saqueo de nuestros Bienes como el Carbón, Petróleo, etc, y la importación de mercancías; la generación de energía para exportación y el uso de las represas para contener la sedimentación y garantizar la navegabilidad, con inversión privada suministrada por el sistema financiero para la acumulación de capital por parte de las corporaciones transnacionales. No se trata de proteger el ecosistema como Bien Público sino su explotación atentando contra el consumo de agua potable de varios municipios, la seguridad alimentaria y los proyectos de vida de las comunidades.
El Encuentro como espacio de reflexión sobre lo que ocurre en nuestros territorios, las formas de resistencia y la defensa de la justicia ambiental debe avanzar hacia la construcción de un Movimiento por la Defensa de los Territorios y la Vida y de una Ecosociedad Humana como respuesta a la crisis civilizatoria y expresión política en oposición radical a toda forma de capitalismo verde, incluyendo las fórmulas del desarrollo sostenible neoliberal fomentadas por la Unión Europea, el Banco Mundial y el Sistema de Naciones Unidas.
OBJETIVO GENERAL
Reflexionar sobre las implicaciones del extractivismo en nuestros territorios, los conflictos
socioambientales y la necesidad de la articulación de movimientos a nivel internacional para construir una alternativa de poder territorial soberano y autónomo con justicia ambiental para el Buen Vivir de nuestras comunidades.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
– Compartir experiencias nacionales e internacionales sobre sistemas de protección de la biodiversidad natural y de propuestas que armonicen la equidad social con la justicia ambiental para el Buen Vivir.
– Debatir los fundamentos para una propuesta de protección internacional de nuestros ecosistemas que incluya áreas, cordilleras, macizos, ríos y sus cuencas, páramos, ciénagas, humedales, entre otros.
– Estimular la articulación de los movimientos sociales, ONG, Académicos de Colombia contra el extractivismo, la política minero Energética, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Maestro de Privatización del Río Magdalena y los Proyectos de Interés Estratégico Nacional -PINES-.