Foto: Video Coordosac
Primera publicación: La Silla Vacía
Por: Karla Díaz Parra
La tierra, la paz y las garantías para participar en la construcción de modelos de protección de la Amazonía son las exigencias de los más de 3 mil campesinos e indígenas que hoy se suman al Paro Nacional en el Caquetá.
Más de 3 mil campesinos e indígenas se encuentran sobre las vías que comunican el departamento del Caquetá con el Huila, luego de estar concentrados por diez días en la ciudad de Florencia. El Paro que inició el 28 de abril se ha convertido en una ola incontenible, el descontento popular ya no enarbola una sola bandera, sino las deudas históricas que el movimiento social reclama desde hace décadas. En el departamento del Caquetá, la tierra, las garantías para la participación política y la defensa de la Amazonía se convierten en puntos centrales de discusión.
El 6 de mayo llegó a Florencia una delegación de 500 campesinos e indígenas desde San Vicente del Caguán. El recibimiento de las autoridades locales fue caluroso y oportunista, la foto salió a todo color. En los días siguientes se fueron sumando delegaciones del municipio de la Montañita, Cartagena del Chairá, la zona del Yarí, Belén de los Andaquíes, San José del Fragua, Puerto Rico, Albania, Solano y hasta de La Macarena en Meta. La situación pasó del abrazo a una tensa calma por cuenta del movimiento de tropas en la ciudad de Florencia y una campaña de miedo y estigmatización hacia el movimiento campesino e indígena.
En medio de la zozobra, las manifestaciones, la estufa, las carpas y los piques de futbol se fueron construyendo los puntos del pliego del comité departamental del Paro. En el punto 2 del pliego, las comunidades exigen el cumplimiento integral y efectivo del Acuerdo de Paz, especialmente el punto sobre Reforma Rural Integral y Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
Particularmente, se menciona la necesidad de avanzar en la formalización y ampliación de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) que han sido deliberadamente bloqueadas por la institucionalidad, la revisión del estado de la figura de Zona de Reserva Forestal de Ley segunda de 1959, con el fin de adelantar procesos de sustracción para la formalización y titulación, así como para la ampliación y saneamiento de territorios colectivos. Pues mientras históricamente se ha negado a los campesinos habitar áreas de protección ambiental, rápidamente son sustraídas para conceder licencias al sector extractivo.
En el punto 3 se exige el reconocimiento de las agendas ambientales de las comunidades como espacios de interlocución para la solución dialogada de los conflictos socioambientales. Se menciona específicamente la Agenda Ambiental, Campesina, Étnica y Popular y la Mesa de Concertación Campesina Agroambiental por el Derecho a la Tierra de Cartagena del Chairá, espacios creados luego de la militarización de la estrategia de control a la deforestación que ha terminado en el desplazamiento, captura y judicialización de líderes campesinos e indígenas de la región.
El afán de presentar resultados de control a la deforestación —como sucediera con mostrar bajas en el conflicto que terminaron con 6.402 asesinatos de civiles— ha terminado en implementar solo uno de los componentes: el militar, que desconoce las raíces de la deforestación en la Amazonía y ha hecho recaer su peso sobre los más vulnerables. En las zonas en las que se despliegan operativos militares se desconoce la temporalidad de la ocupación de áreas protegidas, el tipo de actividad productiva predio a predio, el grado de la concentración de la propiedad y qué personas son sujetos de reforma agraria o podrían ser beneficiarios del fondo de tierras. En definitiva, se desconoce quién vive en el territorio, hace cuánto y en qué condiciones.
Uno de los principales motores de deforestación en la región es el acaparamiento de tierras. Sin embargo, a la fecha no existe información sobre este fenómeno por la ausencia de una política rural que reconozca los predios improductivos y ponga freno a la especulación. Ante esta ausencia, lo único que ha avanzado son las acciones militares demostrativas como la Operación Artemisa, que han terminado en la judicialización de personas que luego fueron dejadas en libertad, con un costo de 7.200 millones de pesos, según la Fundación Ideas para la Paz.
Según cifras del Ministerio de Defensa se han recuperado nominalmente 123.400 hectáreas, sin embargo —de acuerdo con la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible— el país no ha recuperado ninguna hectárea, pues no se han realizado actividades de recuperación y restauración en la zona.
Ante esta arremetida militar en los territorios, las comunidades campesinas e indígenas movilizadas reclaman ser partícipes en la toma de decisiones sobre las políticas ambientales de control a la deforestación y señalan algo obvio, pero que ha parecido no serlo para el Gobierno Nacional: la relación entre la política ambiental y la reforma rural.
Finalmente, la protección del territorio amazónico está incluida en el punto 10, donde se señala la inconsistencia entre el modelo extractivo y el discurso de protección de la Amazonía. Hoy en el territorio se han adjudicado 51 contratos petroleros y se han otorgado más de 188 títulos mineros.
Los impactos ambientales han sido gravísmos, ejemplo de ello fue el derrame de crudo sobre el río Mocoa, la contaminación del agua en el corredor Puerto Vega-Teteyé, los desastres ambientales del bloque Ombú, el desconocimiento de los derechos de los territorios indígenas en el bloque Nogal y PUT-12, entre muchos otros daños ambientales y sociales. En resumen, existe un amplio historial que demuestra el desastre ambiental que ha significado el extractivismo en la Amazonía. Sin embargo, el gobierno insiste en profundizar el modelo.
Las organizaciones en paro reclaman un modelo de desarrollo que proteja la naturaleza, reconozca la riqueza cultural y brinde garantías de vida digna para la población, entre ellas, garantías para la permanencia en el territorio.
Así pues, la tierra, la paz y las garantías para participar en la construcción de modelos de protección territorial son las exigencias de los sectores campesinos e indígenas que hoy se suman al Paro Nacional en el Caquetá.
