Democracia ambiental: principios para la defensa del ambiente como derecho de todos

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El Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario es una clínica jurídica creada con dos propósitos centrales: de un lado, incorporar la educación legal clínica a la enseñanza del derecho y de otro lado, propiciar espacios para la defensa de los derechos humanos de comunidades vulnerables y el interés público, desde el litigio estratégico, como medio para lograr un verdadero acceso a la justicia. Uno de los aspectos más relevantes es el empoderamiento jurídico con acciones de pedagogía, en las que se explican a las comunidades sus derechos y el alcance de las acciones judiciales y administrativas disponibles; procurando que las comunidades o grupos afectados actúen por sí mismas, bajo la asesoría y acompañamiento de miembros de la clínica.

Como parte de la labor pedagógica, el GAP ha diseñado esta colección titulada “Derechos para todos”, cuyo objetivo es brindar herramientas a los ciudadanos de a pie para contribuir a la defensa del interés público y los derechos humanos. En esta oportunidad en el marco del proyecto Raíces, Red de Jóvenes por la Democracia Ambiental en las regiones de Colombia, con el apoyo de la Asociación Ambiente y Sociedad se presentan los tres primeros fascículos, que desarrollan las temáticas de democracia ambiental, litigio estratégico y mecanismos de participación en asuntos ambientales.

La democracia ha sido entendida como el sistema de gobierno “de la mayoría”,
es decir, en el cual se busca que participen la totalidad o un amplio número de personas para la toma de decisiones. Y por otro, el ambiente que no solamente se limita al concepto de “naturaleza”, sino que también analiza la distribución adecuada y equitativa de los recursos.

La unión de los anteriores conceptos se formalizó con el Principio 10 de la Declaración de
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 que parte de la base de que la mejor
manera de abordar las cuestiones ambientales es con la participación de las personas, de
manera informada y con mecanismos de justicia preventiva o restaurativa en los niveles
locales, regionales, nacionales e internacionales.

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