En este escenario convocado por la Cepal, se construirá un plan de acción para proteger a las personas que defienden sus territorios en América Latina y el Caribe. Las defensoras hacen un llamado a que se ratifique el Acuerdo de Escazú en Colombia.
Este 27 y 28 de septiembre se está realizando el segundo Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe en la ciudad de Panamá. Siete mujeres defensoras del ambiente en Colombia, ganadoras de la beca personas defensoras de la Asociación Ambiente y Sociedad, están participando en este escenario convocado por la Cepal, y en la construcción del Plan de Acción, un instrumento del Acuerdo de Escazú que busca que cada estado parte garantice un entorno seguro a las personas que defienden los derechos en asuntos ambientales.
Este instrumento que será aprobado en la COP del Acuerdo de Escazú en 2024, es clave para enfrentar la difícil situación de quienes son la primera línea en la defensa de la tierra, pues Colombia ocupa el primer lugar como país más peligroso para las y los líderes ambientales. De acuerdo con el último informe de Global Witness del año 2000, publicado recientemente evidenciando la situación de las personas defensoras en el año 2022, fueron asesinadas en Colombia 60 personas por la defensa del ambiente, duplicando la cifra del año 2021.
En este espacio, las siete defensoras de San Andrés, Antioquia, Córdoba, Chocó, Putumayo, Santander y Valle del Cauca están participando en conferencias sobre buenas prácticas en prevención y protección en América Latina y el Caribe. Además, estarán trabajando para que el Plan de Acción contenga las siguientes recomendaciones que fueron construidas a partir de sus experiencias como defensoras en Colombia:
- Es necesario utilizar herramientas comunicativas para generar un mayor conocimiento, sensibilización y difusión sobre la situación, los derechos y las responsabilidades de los Estados en este ámbito. Además, se destaca la importancia de la coordinación interinstitucional eficiente para la prevención y protección de las defensoras y defensores.
- Identificamos una oportunidad dentro del marco del Plan de Acción para reconocer la labor de las personas defensoras. No obstante, es importante señalar que en ciertos casos este reconocimiento individual puede aumentar el riesgo de la persona. Por este motivo, se sugiere que el reconocimiento sea colectivo y se ponga énfasis en el proceso organizativo, el cual debe implicar un apoyo técnico y económico con el fin de asegurar la continuidad del proceso.
- Es necesario fortalecer el reconocimiento de las personas defensoras en asuntos ambientales y considerar sus riesgos, estableciendo una hoja de ruta a nivel nacional que responda a sus particularidades.
- Cuando las personas defensoras enfrentan amenazas o ataques, tienen que acudir ante un sistema que, en ocasiones, revictimiza especialmente a las mujeres. Por tanto, es primordial priorizar la atención a mujeres por parte de mujeres, especialmente en casos de violencias basadas en género. Además, es esencial establecer rutas que contemplen distintas medidas adoptadas con enfoques de género, entendido como una protección a mujeres y a la comunidad LGTBIQ+, étnicos, campesinos y comunitarios.
- Una vez que las personas cuentan con medidas de protección, es fundamental brindar un acompañamiento efectivo, considerando el desplazamiento como última opción, para evitar el desarraigo y fractura en los procesos organizativos de las personas y grupos defensores.
- Es necesario implementar medidas de protección amplias, coherentes, oportunas, inmediatas, adecuadas al contexto y a la diversidad de labores y territorios de los defensores y defensoras. Se debe reconocer los espacios colectivos y las formas propias o ancestrales de sanación como mecanismos de autoprotección.
- Es vital consolidar un plan de acción de género que contemple todos los ejes de trabajo y sus mecanismos de implementación a nivel local, regional y nacional.
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Las siete defensoras también hicieron un llamado a la ratificación del Acuerdo de Escazú en Colombia, pues si bien este tratado internacional fue aprobado en el Congreso y sancionado por el presidente Gustavo Petro, actualmente está siendo evaluado por la Corte Constitucional para validar su constitucionalidad.
“Hoy tenemos la oportunidad de participar en el segundo Foro Anual sobre personas defensoras, representado nuestros territorios y trayendo como bandera que los líderes queremos que Colombia próximamente esté en los estados parte del Acuerdo de Escazú, con la participación de todas las personas que defendemos el ambiente en Colombia: mujeres, comunidad LGBTQI+, indígenas, campesinos y afrodescendientes para incidir de manera representativa en el plan de acción del acuerdo de Escazú”, señaló Marlyn Rivero, defensora ambiental de Antioquia y ganadora de la beca personas defensoras de Ambiente y Sociedad.
“Desde Ambiente y Sociedad consideramos fundamental el desarrollo del Segundo Foro de personas defensoras del ambiente en el marco de la implementación del Acuerdo de Escazú, porque es un espacio que permite tejer a partir de las experiencias de las personas que están en primera línea de defensa y de peligro frente a ataques, amenazas y asesinatos por parte de actores legales e ilegales. Ante este escenario crítico, el Acuerdo de Escazú no solamente integra la obligación del Estado de proteger a las personas defensoras, también fortalece los derechos de acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental derechos, los cuales no tienen una implementación efectiva, lo cual se convierte en la principal causa de de conflictos socioambientales”, concluyó Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad.
