Declaración Política III Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras de Páramos: Territorios y Soberanía

    a-Contenido informativo propioDeclaración Política III Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras de Páramos: Territorios y Soberanía

    Agosto 13, 14 y 15 de 2016

    Tasco – Boyacá

    Comunidades, procesos, colectivos, organizaciones y comunidad universitaria por el cuidado y defensa de la alta montaña, nos dimos cita los días 13 al 15 de agosto del 2016, en la vereda San Isidro del municipio de Tasco – Boyacá, para reflexionar y discutir sobre propuestas para la permanencia digna en los territorios y alternativas al modelo económico que impone políticas para la ampliación de la frontera extractiva y la mercantilización de la naturaleza. Durante estos días nos encontramos defensores y defensoras de páramos de los departamentos del Tolima, Santander, Boyacá, Meta, Cundinamarca y Bogotá, con una participación masiva de jóvenes y personas de mayor experiencia que a través de un diálogo intergeneracional construimos rutas de trabajo para la defensa de la montaña andina.

    Nuestro encuentro se llevó a cabo en el importante municipio de Tasco – Boyacá, donde encontramos un proceso campesino paradigmático en el escenario nacional que lleva varios años enfrentando un modelo extractivo que amenaza sus formas de vida en el territorio. Desde hace décadas esta región enfrenta la extracción de hierro y carbón, pero a través de la denuncia y movilización de las comunidades se han defendido unas formas de producción sustentables y una cultura propia. En esta región paramuna, con la experiencia y los aprendizajes de esta larga defensa del agua y la cultura campesina, reflexionamos acerca de las nefastas políticas de extracción y conservación que profundizan los conflictos en las altas montañas -como política minero-energética y delimitación-, las estrategias de movilización socio-jurídicas que las comunidades pueden utilizar como herramientas en la protección de la montaña andina y, las alternativas para una permanencia digna en los territorios.

    En un primer momento, reconocemos un nuevo escenario político en relación con la protección de los páramos y altas montañas en el país. En particular, celebramos las diversas sentencias emitidas por las Altas Cortes que obligan al Gobierno Nacional a cumplir sus deberes constitucionales de impedir cualquier actividad extractiva en los territorios esenciales para el ciclo hídrico, como los páramos. También reconocemos los nuevos retos que significan para las organizaciones y procesos comunitarios las ordenes emitidas por la Corte Constitucional al Gobierno sobre el deber de concertar y respetar las decisiones de las autoridades territoriales y poblaciones sobre cualquier proyecto extractivo en los territorios. En este nuevo contexto, consideramos necesario el fortalecimiento de las organizaciones en las regiones para exigir una participación autónoma, informada y libre de cualquier coacción por los intereses empresariales, y una permanente atención por el respeto de estos derechos.

    De esta manera, en este nuevo contexto, denunciamos:

    1. La delimitación de páramos ha sido impuesta de forma unilateral sobre las comunidades, y significa la salida de las y los campesinos de sus territorios. Por esta razón, consideramos el proceso de la delimitación actual como ilegítimo, sustentado en la lógica de la cerca, margen o frontera que fragmenta la montaña andina para los intereses corporativos de empresas extractivas, y fomenta la mercantilización de la naturaleza. La delimitación no contempla la participación comunitaria y no tiene en cuenta los saberes de los pobladores de las regiones para reconocer sus formas de vida, además de sus propuestas sustentables y comunitarias.
    2. La delimitación de páramos representa la implementación de megaproyectos minero-energéticos, ya que en los territorios que se encuentran por fuera de la línea de delimitación se puede implementar cualquier actividad extractiva sin respetar zonas de amortiguación y ecosistemas como el bosque de niebla de igual importancia para la vida del agua. En el caso de Santurbán, se recortó el área del páramo para permitir la actividad extractiva de empresas transnacionales.
    3. La militarización de los territorios de Alta montaña, paralelos a procesos de delimitación, como incoherente en un escenario de proceso de negociación y construcción de paz en los territorios.
    4. La implementación de un modelo de economía verde en las altas montañas mediante mecanismos como el Pago por Servicios ambientales –PSA- y la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques –REDD+-, como mecanismos de mercantilización de la naturaleza que pone un valor monetario a sus dinámicas ecológicas, inmersas en lógicas del mercado, aumentado el estado de vulnerabilidad de ecosistemas estratégicos y de la soberanía de los pueblos.
    5. La privatización de las aguas, principalmente de los acueductos comunitarios que impone un modelo de despojo en donde las corporaciones realizan una gestión desde una perspectiva empresarial, y con el objetivo de la rentabilidad, violando el derecho fundamental al agua.
    6. La Ley ZIDRES como una estrategia de acaparamiento de tierras y despojo de los pueblos, que se encuentra en contravía en la construcción de paz desde los territorios.
    7. La creciente criminalización de los y las defensores de la naturaleza que busca detener el derecho legítimo de la protesta de los pueblos frente a actividades que atentan contra sus formas de vida digna.
    8. La inasistencia del Ministerio de Minas y Energía, de Ambiente, de Desarrollo Sostenible, de Agricultura, la Agencia Nacional Minera, la Defensoría del Pueblo, Procuraduría Regional de Boyacá invitadas a este encuentro, y su constante dilación a un diálogo abierto, honesto y responsable sobre los procesos de protección y defensa de los páramos y su negligencia en el cumplimiento cabal de sus obligaciones constitucionales.

    Por lo anterior, proponemos:

    • El reconocimiento de la integridad de la montaña, en donde se tengan en cuenta las relaciones existentes entre los diferentes biomas en los territorios de alta montaña como nevados, páramos, subpáramo, bosques de niebla y humedales.
    • Que seamos nosotros, los seres humanos, quienes nos organicemos en los territorios, pues las altas montañas ya tienen un ordenamiento ecológico y ecosistémico propio.
    • El ordenamiento territorial debe ser definido con las comunidades y basado en las cuencas hidrográficas, de la mano con la elaboración de planes de vida comunitarios y participativos; que a su vez genere acuerdos campesinos de cuidado y protección de los territorios esenciales para el ciclo hidrológico y la recuperación del bosque andino.
    • Fomentar figuras de ordenamiento territorial desde las comunidades como: Zonas de Reserva de la Sociedad Civil, Zonas de Reserva Campesina, Territorios Agroalimentarios, entre otros, en el reconocimiento político y cultural del campesino como sujeto de derechos y no como trabajador rural.
    • Fomentar acuerdos de protección entre lo rural y lo urbano que reconozca las deudas de la ciudad con los territorios rurales y territorios esenciales para el ciclo hídrico, y que construyan una política pública de inversión social en educación, salud y agua en las poblaciones de la alta montaña.
    • Un modelo agrícola que valore, contemple y vincule la importancia de la agricultura familiar, reconociendo que es ésta la que posibilita la soberanía alimentaria. De esta manera, se busca eliminar intermediarios y fortalecer la economía local recuperando las prácticas como la minga y la mano prestada.
    • Que el turismo comunitario sea propuesto e implementado por las poblaciones propias de los territorios como una garantía de permanencia digna en ellos, aunado a una educación popular ambiental que construya conocimientos en la protección y defensa de la montaña andina.
    • La gestión comunitaria del agua como un bien común y patrimonio de los pueblos, realizado principalmente por acueductos comunitarios en zonas rurales y urbanas, y que estas prácticas comunales históricas sean reconocidas constitucionalmente.
    • La promoción y fortalecimiento de escuelas territoriales de las comunidades habitantes de altas montañas, que permitan construir conocimientos desde los saberes locales e históricos, y promueva una protección de la vida y de las prácticas socio-culturales en la alta montaña.
    • La creación del comité regional provisional para formar la Mesa de Interlocución con las instituciones que permita dialogar y generar acuerdos en relación con las políticas que modifiquen el ordenamiento territorial en la alta montaña.
    • Por último, expresamos nuestra solidaridad con todos los procesos de lucha y resistencia contra el modelo de privatización de las empresas públicas y comunitarias, y contra el acaparamiento y despojo que profundiza la desigualdad socio-económica en el país.

    Por eso confirmamos nuestro compromiso con la construcción de una paz desde los territorios con justicia social y ambiental.

    ¡Ninguna Decisión Sobre Nosotros Sin Nosotros!

    Suscriben:

    Asociación de acueductos comunitarios de Tasco.

    Colectivo de Jóvenes por Tasco.

    Colectivo Ambiental de Arbelález.

    Campesinos sin Tierra.

    Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán.

    Colectivo Soberanía y Naturaleza.

    COSPAC.

    Red Tejiendo Páramos.

    Asociación Fortaleza de la Montaña.

    Esporandina

    Trochando Sin Fronteras.

    Comité Permanente por los Derechos Humanos, Boyacá –CPDH-

    Red de Acueductos Comunitarios –RETACO-

    Los Pencos

    Ecofondos

    Penca de Sabila

    Comité ambiental Socotá

    Acueducto Pedregal

    Acueducto San Isidro

    Fundación Pax Aitab

    Fundación Tierra Firme.

    Asociación Huerto Alto Andino.

    CorpoTerra.

    Agroparques los Soches.

    Encomiter.

    Colectivo Sugamuxi.

    Comité Nal de Agricultura Familiar.

    GTB Rabanal.

    Corporación Humadea.

    Sinantrainal.

    Fintec.

    Analtraseg.

    Censat Agua Viva, Amigos de la Tierra Internacional.

    Instituto Latinoamericanos para una Sociedad y un Derecho Alternativo –ILSA-

    Corporación Compromiso.

    Greenpeace.

    Corporación Podion.

    Corporación por el Desarrollo de la Provincia de Vélez.

    Veeduría Choachí (Páramo Cruz Verde)