El Grupo del Banco Mundial (GBM) ha ayudado a crear un entorno propicio mediante el asesoramiento y la financiación de las APP durante muchos años, la Sociedad Civil reclama transparencia en la implementación de esta figura
El pasado 14 de abril, En el marco del Foro de la Sociedad Civil de las reuniones de primavera del Banco Mundial y del FMI, Ambiente y Sociedad junto con otras organizaciones de la Sociedad Civil, académicos y líderes se dieron cita en Washington para debatir el papel del Banco Mundial en el establecimiento de normas para las Asociaciones Público-Privadas (APP), las cuales cada vez se promueven como una forma de financiar proyectos de desarrollo.
El encuentro contó con la presencia de Laurence Carter en representación del Banco Mundial quien explicó la filosofía del GBM a las APP, afirmando que el Banco no promueve directamente la figura para ser implementada en los países e incluida en los ordenamientos jurídicos, realmente están fomentando procesos con base en buenas decisiones , involucrando a todas las partes afectadas, buscando el acceso a los servicios de infraestructura social, siendo las APP la opción política para su implementación; para esto el Banco ha desarrollado diferentes herramientas como el informe con enfoque de género de las APP, las directrices de divulgación de las APP, entre otros.
Por su parte, Ambiente y Sociedad como organización de la Sociedad Civil presentó el caso colombiano, siendo uno de los países tomados como ejemplo dentro del documento de divulgación de información en materia de APP del Banco Mundial, y que además según cifras de Infrascopio, pertenece al grupo de países después de Chile, Perú, Brasil y México en tener mayor capacidad de implementación de APPs, razón por la cual Ambiente y Sociedad participa activamente en el proceso de consulta.
Durante la intervención, Ambiente y Sociedad dijo que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han fomentado la implementación de la figura de APP en Colombia. Advirtió que en el caso del Banco Mundial ha sido a través del PPIAF (Public-private infraestructura advisory facility) pues desde el año 2000 el Banco ha desarrollado un programa de asistencia en el territorio, invirtiendo alrededor de 13 millones de dólares para la asesoría en proyectos desarrollados por medio de APPs como es el caso de la Ruta del Sol o el Metro de Bogotá.
Finalmente, los asistentes recalcaron la necesidad de establecer una política sólida en materia de regulación de las APP, más aun teniendo en cuenta las recientes decisiones de política del G-20 que busca una “transformación” frente al fortalecimiento de la implementación y ejecución de megaproyectos, razón por la cual debe existir un control más específico y estricto frente a la divulgación total de los contratos y de los informes de seguimiento a los proyectos, garantizando una implementación transparente e incluyente que permita un seguimiento no solo por parte de la sociedad civil, sino también una presión directa y necesaria por parte de los funcionarios de los gobiernos frente al sector privado encargados de ejecutar los contratos, evitando cualquier tipo de corrupción.