Contribuciones del Público para el Índice Temático del Plan de Acción sobre personas defensoras ambientales del Acuerdo de Escazú

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    El Plan de Acción sobre personas defensoras debe ser construido a partir del desarrollo del marco de democracia ambiental del Acuerdo de Escazú que propone una interconexión de los tres derechos de acceso, y el reconocimiento y la protección de las personas defensoras ambientales como un cuarto pilar.

    El Plan de acción debe proponer lineamientos claros que permitan a las Partes avanzar con su obligación de reconocimiento y protección establecida en el artículo 9, y que además respondan a las necesidades reales de las personas defensoras, incluyendo a los líderes indígenas y las comunidades locales en sus territorios. La práctica en nuestra región nos muestra que muchas veces los sistemas de protección fracasan porque desde su diseño no hay una participación y diálogo activo con quienes serán los posibles destinatarios.

    Las personas defensoras resultan un actor central en el marco de la construcción del Plan, por lo tanto su participación debe ser garantizada en todos los escenarios y fases de construcción garantizando un enfoque multicultural que aterrice las necesidades de pueblos étnicos y comunidades locales. La construcción del Plan debe contemplar un escenario de alerta efectiva en el cual se busque proteger a personas defensoras a nivel regional en situación de emergencia y riesgo.

    Hay que trabajar en la prevención, sobre la base de la interoperabilidad, para saber dónde intervenir y cómo hacerlo. 1 En cuanto a las autoridades estatales durante la construcción del Plan se debe promover que se articule con actores de todos los poderes de los estados Parte y sobre todo de las entidades que tienen a su cargo la protección de personas defensoras para garantizar que las medidas que se propongan tengan mayor efectividad y legitimidad.

    A continuación presentamos las contribuciones para el índice temático del Plan de Acción sobre personas defensoras ambientales del Acuerdo de Escazú, las cuales serán un punto de partida en el escenario de monitoreo y veeduría ciudadana que ejerceremos como público en el marco de implementación del Acuerdo.

    1. Contexto de las defensoras y defensores ambientales en América Latina

    La sociedad civil ha identificado tendencias comunes relacionadas con el contexto de represión y violencia al que se enfrentan las personas defensoras en América Latina. En primer lugar, se identifica que son comunes las vulneraciones al derecho al acceso a la información pública, la participación en la toma de decisiones ambientales, el acceso a la justicia ambiental y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos étnicos . Esto permite que las decisiones se continúen tomando a puerta cerrada o que los procesos decisorios no garanticen una participación efectiva como lo establece el Acuerdo de Escazú, y se desconozca el rol y la voz de las defensoras y defensores.

    Luego, cuando las comunidades se organizan para proteger sus territorios y recursos de actividades dañinas son objeto de amenazas y ataques violentos, muchas veces por parte de empresas que actúan en coordinación con las fuerzas de seguridad pública. América Latina presenta las cifras más altas en asesinatos a defensoras y defensores ambientales. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha identificado durante los años 2015 – 2019 que en promedio 4 personas defensoras indígenas han sido asesinadas cada mes en América Latina. La urgencia de la situación la reitera el último informe de Global Witness cuando señala que: “200 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas en 2021 […] Más de tres cuartas partes de los ataques registrados ocurrieron en América Latina. En Brasil, Perú y Venezuela, el 78 % de los ataques se produjeron en la Amazonía.

    En casos donde no se usa la violencia física, tanto los Estados cómo las empresas despliegan tácticas más sutiles para silenciar a las comunidades. Esto incluye legislaciones que criminalizan la protesta pacífica; el uso de acciones judiciales y otras formas de acoso judicial; las campañas de desinformación, infiltración de comunidades y movimientos sociales, vigilancia ilegal y campañas de desprestigio. También otras personas cercanas a las y los defensores como sus seres queridos, comunidades, y personas que las representan legalmente suelen ser objeto de represalias, por lo que es fundamental tomarlas en cuenta a la hora de protegerlas. Asimismo, existen ataques diferenciados hacia las mujeres, las personas LGBTIQ+, las niñeces y juventudes, las personas racializadas, entre otras.

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