Foto: Gran Tierra Energy / derrame

Investigación realizada por: Karla Díaz

Segundo informe

El 21 de junio de 2020 ocurrió un derrame de petróleo en la línea de conducción subfluvial que lleva crudo desde el campo Moquetá 1- Costoyaco 7, en la Inspección de Puerto Limón, municipio de Mocoa (departamento de Putumayo), operado por la empresa Gran Tierra Energy (GTE) Colombia. Un segundo derrame se produjo el 17 de julio sobre el mismo punto, a causa del mal sellamiento de la tubería.

Consulte aquí el primer informe : Derrame de crudo en los ríos Mocoa y Caquetá 

Este informe analiza las respuestas de la empresa frente a la segunda orden del Auto 06186 del 1 de julio del 2020 de la ANLA con ocasión del primer derrame, así como las razones de la ANLA que dieron lugar al segundo Auto 8136 del 25 de agosto de 2020[1]. Luego, se presentan algunas consideraciones sobre la ocurrencia de un segundo derrame el 17 de julio en el mismo punto en la inspección de Puerto Limón.

Entre los hallazgos de este informe se encuentra que:

  1. A la fecha no se conoce la causa y el impacto real del primer derrame, ni las implicaciones del segundo.
  2. Se desconocen los impactos sobre el departamento del Cauca y Caquetá.
  3. La empresa no presenta informes sobre medidas de monitoreo de la línea de flujo, pese a que este es compromiso adquirido en el marco del permiso de ocupación de cauce otorgado por CORPOAMAZONIA, por medio de la Res. 006 del 24 de enero del 2011.
  4. Se desconocen los impactos socioeconómicos y no se realiza evaluación exhaustiva de impactos sobre los medios abiótico y biótico.
  5. Se desconocen las afectaciones colectivas a comunidades étnicas
  6. La empresa realiza actividades de direccionamiento del río Mocoa sin presentar justificación técnica y medidas de manejo y compensación.
  7. Existe una gran incertidumbre sobre la idoneidad en la toma de muestras de agua, pues las primeras fueron tomadas sin criterios físico químicos y sin claridad sobre los procedimientos. A esto se suma la ausencia de resultados y la falta de claridad sobre la obligación de continuar con el monitoreo.
  8. Las comunidades afectadas denuncian amenazas e intimidaciones.

A esto se suma la ocurrencia de un segundo derrame por fallas operacionales.

Esta situación pone de presente la negligencia de la empresa GTE para responder a las órdenes de la Autoridad Ambiental y la falta de rigor de la ANLA para ejercer la competencia de sanción que permita la no repetición de los daños. Una situación que plantea un escenario de conflictividad en donde los líderes ambientales alertan riesgos contra su vida.

[1] Este Auto impone nuevos requerimientos a partir del análisis de la respuesta a la segunda orden del Auto 0681.

Lea el segundo Informe de seguimiento a las fugas de crudo en la línea Moquetá–Costoyaco adjudicadas a la empresa Gran Tierra Energy

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