Desde la primera jornada de trabajo con las comunidades afrocolombianas en Buenaventura, la Asociación Ambiente y Sociedad ha venido coordinando esfuerzos para que sus quejas sean escuchadas. El proyecto Oleoducto al Pacífico, que pretende construir una red de tuberías para petróleo y diluyentes entre San Martín, Meta, y el puerto vallecaucano, ha reconocido solo un porcentaje de los grupos humanos que se verán afectados por la obra.
En un reciente taller, el biólogo Hernando Ovalle y la abogada Milena Bernal, investigadores de Ambiente y Sociedad, explicaron a distintos líderes comunitarios en qué etapa se encuentra el proyecto. Además, expusieron cuál es el marco jurídico por el que se rige, qué aspectos ambientales se deberían poner en consideración y cuál es la posibilidad de ejercer presión para exigir una consulta previa para todos los residentes de la zona de impacto.
Como parte de su taller, Ovalle pidió a los asistentes que, en sus propios términos y a partir de su propia experiencia, contarán cómo el proyecto podría afectar la fauna y flora de la región. Luego llevó el ejercicio más allá cuando les preguntó a estas personas cómo se relacionaban con esas especies afectadas, es decir, cómo el Oleoducto al Pacífico, al final, los perjudicaría a ellos.
El resto del trabajo, aunque parcialmente pedagógico, depende de la organización. Para pedir una consulta previa estos grupos deben estar familiarizados con el Plan de Manejo Ambiental y la Estrategia de Impacto Ambiental, documentos claves que explican cómo el Proyecto está interpretando su intervención en el ecosistema, pero los retos para estas comunidades van más allá de los aspectos técnicos.
Antes de que el Oleoducto al Pacífico realice la consulta previa es necesario que el Ministerio del Interior certifique a algunos consejos comunitarios que, según la planeación del proyecto y el mismo Ministerio, no se encuentran en el área de influencia directa, pero que están reclamando que sí se verán afectados.
En una de las cartillas: Oportunidades de consulta previa aplicables al caso del Oleoducto al Pacífico , que se entregaron durante la más reciente jornada de orientación se explica este punto:
En el caso de Buenaventura y sus alrededores, se estima que de las 34 comunidades afectadas, solo 24 están siendo reconocidas como consejos comunitarios a los cuales consultar y/o compensar por el impacto del proyecto. La razón está en el criterio geográfico del que se habla arriba. La empresa determina el Área de Influencia a partir de las regiones por las cuales pasará el oleoducto. Pero lo que no se está teniendo en cuenta es que, una vez que la tubería pase por el manglar o llegue a mar adentro, puede afectar el lecho marino y alterar toda la dinámica ecosistémica de la zona costera. De esta manera, todas las comunidades de la región, que en su gran mayoría dependen de la pesca para su sustento diario, se verán afectadas, independientemente de que vivan cerca o no al oleoducto.
Bernal cuenta que muchos líderes comunitarios admiten que no tienen tiempo o recursos para desplazarse a las reuniones que serían necesarias para diseñar una estrategia. Pero todos son conscientes de que es necesario coordinar un plan de trabajo que les permita organizarse frente al Ministerio del Interior, primero, y frente a la empresa Oleoducto al Pacífico, después. La jurisprudencia está a favor de las comunidades, pero antes hay que hacer posible el trabajo conjunto que los oriente hacia la defensa de sus derechos.
Materiales Taller:
Oportunidades de consulta previa aplicables al caso del Oleoducto al Pacífico
Estado Jurídico del proyecto Oleoducto al Pacífico
Estado Ambiental del proyecto Oleoducto al Pacífico
